Venezuela en la encrucijada, o las variables de un drama en desarrollo

Detallado recuento del devenir de los resultados electorales de Venezuela desde el pasado domingo hasta hoy, en columna para CIPER del académico y Doctor en Derecho Javier Couso: «Teniendo presente este contexto, es claro que, para contar con una revisión verdaderamente imparcial de las actas y de la legalidad de la actuación del CNE en este conflicto, no existen al interior de Venezuela órganos capaces de hacerlo, ya que tanto la institucionalidad electoral como la judicial carecen de un mínimo de autonomía respecto del régimen.»

 
 
I. UNA ELECCIÓN CUESTIONADA
Esta semana, América Latina ha sido sacudida por una de las más serias crisis políticas experimentadas por la región en los últimos años, a consecuencia de la polémica elección presidencial que tuvo lugar en Venezuela, el pasado 28 de julio. Luego de que una inédita unidad opositora creara expectativas de una derrota de Nicolás Maduro, la cual daría paso a una transición desde un régimen –cada vez más autocrático— hacia una democracia genuinamente constitucional, la noche de los comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ofreció un espectáculo penoso; primero, al no comparecer ante la prensa nacional e internacional acreditada por más de seis horas desde que comenzó el recuento (ni siquiera para explicar el motivo de su retraso en entregar resultados preliminares) y, luego, al declarar ganador a Maduro con sólo el 80 % de los votos escrutados, con el argumento que la diferencia a su favor era ya «irremontable».

Pero el CNE no hizo públicas las actas en base a las cuales le otorgó un 51,2 % de los votos a Nicolás Maduro y un 44,2 % al opositor Edmundo González. Como si lo anterior no fuera suficientemente anómalo, el organismo informó sólo en ese momento que el motivo de la demora en anunciar los resultados de la elección era un supuesto atentado terrorista que habría interrumpido su sistema informático.

La combinación de las irregularidades anotadas con el hecho de que varios «exit polls» elaborados por encuestadoras independientes dieran como ganador al candidato de la oposición por un amplísimo margen (de alrededor de 30 puntos porcentuales) contribuyeron a que un número importante de gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales comenzaran a albergar serias dudas acerca de lo que había ocurrido tras bambalinas durante las horas en que el CNE y el gobierno mantuvieron un riguroso silencio, la noche de la elección. El que al día siguiente, y luego de reconocer que aún no lograba escrutar el ciento por ciento de los sufragios (producto del citado «hackeo» de su sistema), el CNE procediera a proclamar presidente electo a Maduro, aumentó las sospechas de que el régimen había perpetrado uno de los fraudes más gigantescos de que se tenga memoria en la historia reciente de la región latinoamericana.

Para concluir con este breve recuento de esta aventura político-electoral, en los días siguientes oficiales del CNE y el propio Maduro han anunciado repetidas veces que publicarán todas las actas de la votación, si bien al momento de redactarse esta columna (la mañana del viernes 02 de agosto), ello aún no había ocurrido, a pesar de la demanda generalizado de que ello se materialice, incluyendo al prestigiado Centro Carter que, luego de exigir la publicación «inmediata» de las actas, abandonó su misión de observación a la que había sido invitada por el propio CNE, para declarar al día siguiente que: «La elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática».

II. EL DEBATE JURÍDICO-ELECTORAL
Desde el punto de vista jurídico, la actuación del CNE parece haber transgredido la propia legalidad chavista. En efecto, en contra de lo que dispone el artículo 123 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales —esto es, que las autoridades electorales «procederán a proclamar a las candidatas y los candidatos que hubiesen resultado electas o electos de conformidad con el procedimiento de totalización y adjudicación»—, al día siguiente a los comicios, y aunque el CNE confesadamente había escrutado sólo el 80% de los sufragios (lo que impide concluir la fase de «totalización», que a su vez autoriza a «adjudicar» los cargos a los candidatos que prevalecieron en la elección), se procedió a proclamar a Nicolás Maduro como presidente electo.

Unos días después, y luego de reiteradas postergaciones de la publicación de las actas en base a las cuales el CNE informó los resultados parciales la noche de la elección, y después de proclamar a Maduro, éste interpuso un denominado «recurso contencioso electoral» ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, solicitándole que realice un peritaje y certifique los resultados de las elecciones. En una peculiar decisión, este órgano (equivalente a nuestra Corte Suprema de Justicia) admitió inmediatamente a tramitación el recurso, y resolvió citar a comparecer a todos los candidatos presidenciales para el viernes 2 de agosto aunque, curiosamente, no requirió la comparecencia de las autoridades del CNE ni el envío de las actas en virtud de la cuales este órgano proclamó a Maduro.

En este punto, cabe anotar que tanto el CNE como el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela carecen de la más mínima autonomía respecto del gobierno. En el caso del CNE, puesto que sus máximas autoridades (sus cinco «rectores») fueron designados por una Asamblea Legislativa controlada en un 93% por parlamentarios chavistas (ya que la oposición no presentó candidatos a la elección de la misma, alegando no existir garantías de imparcialidad de ese proceso electoral). Y, en el caso del Tribunal Supremo, luego de dos décadas en que el chavismo removió a sus jueces a destajo, producto de lo cual el «Rule of Law index», que entre otros factores mide la independencia judicial en los países, ubicó a Venezuela al final de ránking que elabora anualmente (puesto 142 del total países evaluados).

Teniendo presente este contexto, es claro que, para contar con una revisión verdaderamente imparcial de las actas y de la legalidad de la actuación del CNE en este conflicto, no existen al interior de Venezuela órganos capaces de hacerlo, ya que tanto la institucionalidad electoral como la judicial carecen de un mínimo de autonomía respecto del régimen.

III. LA REACCIÓN INTERNACIONAL
La reacción del mundo frente a la actual crisis ha sido intensa. El primer Jefe de Estado en reaccionar (en la madrugada del lunes 29 de julio) fue el Presidente Gabriel Boric, quien impuso una suerte de «piso mínimo» para los gobiernos de la región latinoamericana, al declarar que, mientras no se publiquen las actas de escrutinio de todas las mesas de votación, no se puede reconocer a Maduro como Presidente (aunque el mandatario chileno añadió un crucial segundo requisito; esto es, el que luego dichas actas sean analizadas por entes imparciales y creíbles, algo que no todos los países de la región han exigido). En una suerte de «efecto cascada», la posición de Boric fue emulada por diversos países de América y de Europa, con distintos grados de asertividad. Así, la Unión Europea, Brasil, México, Colombia, Uruguay, Argentina y otros países latinoamericanos exigieron a las autoridades electorales venezolanas que publiquen las actas (aunque con tonos más o menos imperativos en sus declaraciones).

En una actitud menos prudente, tanto los EE.UU. como Perú derechamente reconocieron a Edmundo González como Presidente. Por otra parte, en el otro extremo del arco geopolítico, China, Rusia, Cuba, Nicaragua e Irán ya han reconocido en estos días el triunfo de Maduro, felicitándolo y haciendo llamados a otros países a no interferir en los asuntos internos de Venezuela.

Finalmente, cabe mencionar que la Organización de Estados Americanos (OEA) fracasó en su intento de exigir a Venezuela que entregue la totalidad de las actas de votación de las elecciones presidenciales, aunque, luego de este percance, su Secretario General anunció que solicitará a la Corte Penal Internacional una orden de detención contra Maduro. Considerando el incondicional apoyo de China y Rusia al régimen de Maduro, no parece que la presión internacional de países americanos y europeos sea suficiente para lograr concesiones de parte del régimen, como lo sería el aceptar que observadores internacionales imparciales corroboren si las actas (para el caso de que algún día se publiquen) efectivamente corroboran el anuncio del CNE de que es Maduro quien ganó las elecciones.

IV. LA MOVILIZACIÓN DE LA OPOSICIÓN VENEZOLANA (Y EL FACTOR CORINA MACHADO)
Luego de una unidad sin precedentes en los veinticinco años desde que se instaló el régimen chavista, para esta elección la oposición a Maduro desplegó una campaña con ribetes épicos, centrada en el concepto de reunificar a las familias venezolanas, quebradas por la salida de casi ocho millones de personas a otros países [ver columna en CIPER-Opinión: “Venezuela: Desafíos de la protección internacional ante movilidad humana»]. Eso ha permitido a la oposición sacudirse parte de la identidad derechista (y, en ocasiones, ultraderechista) que la caracterizó en muchas de las contiendas electorales de la década pasada. Gracias a esto hoy la coalición opositora ha sido capaz de convocar a segmentos sociales que nunca antes estuvieron contra el chavismo, lo que le ha otorgado a la anterior una transversalidad mucho más peligrosa para el régimen. En el contexto de una campaña que suscitó la esperanza de que «esta vez sí» se derrotaría en las urnas al régimen —dando lugar a lo que los líderes la oposición insistieron sería una transición pacífica y ordenada a la democracia plena—, la percepción opositora de que el gobierno orquestó un fraude obsceno, ha dotado a la última de una épica sin precedentes.

Quien lidera esta fase poselectoral es María Corina Machado, quien ha desplegado una efectiva estrategia basada en la recolección de miles de actas electorales que, de acuerdo a su equipo, demostrarían que González derrotó a Maduro por aproximadamente el mismo amplio margen que dieron los «exit polls» publicados la noche de la elección. Exhibiendo un alto grado de determinación, especialmente en el contexto de crecientes amenazas emanadas desde las más altas esferas de gobierno en su contra, Machado ha rechazado, por ahora, las ofertas de asilo político que ha recibido, para así seguir liderando la oposición. Sin embargo, ayer jueves hizo saber que había entrado en la clandestinidad, pues temía por su vida o su libertad. Con un discurso que ha sustituido su identidad ideológica conservadora por un –mucho más convocante— rol de vocera de la democracia y la reunificación nacional, Machado ha logrado canalizar el descontento contra lo que el grueso de la ciudadanía percibe como un arbitrario desconocimiento de la voluntad popular expresada en las urnas.

V. UN GOBIERNO ARRINCONADO (PERO QUE PARECE RESISTIR)
Pasando a las fuerzas oficialistas, éstas parecen haber sido sorprendidas por el alto grado de unidad exhibido por la oposición y por la resonancia que su discurso (que apela a la reunificación familiar y nacional) parece tener en vastos segmentos de la población venezolana. Sin haber dado explicaciones satisfactorias acerca del «silencio» de esas seis críticas horas de la noche del 28 de julio (ni mayores antecedentes respecto de las características del «hackeo» que supuestamente afectó al sistema del CNE), el régimen ha endurecido su discurso —y sus actos— conforme pasan los días. Con un Presidente que aparentemente cuenta todavía con la incondicionalidad de las Fuerzas Armadas, la estrategia del régimen ha combinado represión con una apelación a una «institucionalidad» que controla por completo, pero que el gobierno insiste –con una majadería tan reiterativa como inútil— es tan autónoma como las de las democracias constitucionales más consolidadas.

Si bien el régimen ha reaccionado con una retórica especialmente virulenta ante las críticas de los países vecinos que han puesto en duda la limpieza de las elecciones, lo que eventualmente lo llevó a exigir la salida de las delegaciones diplomáticas de siete países de la región, pareciera que el decidido apoyo chino y ruso le bastara para no sentirse totalmente solo en el concierto de naciones.


VI. EL DOBLE IMPACTO DE LA CRISIS EN CHILE
Para finalizar esta —necesariamente apretada— síntesis de una crisis que combina importantes grados de incertidumbre y opacidad, con esperanza y una elevada dosis de tensión, el impacto en Chile se expresa en dos ámbitos muy diferentes. El primero, concierne a lo experimentado por la población venezolana residente en el país. En efecto, luego de ilusionarse con la noción de que el fin del chavismo parecía estar al alcance de la mano, en los días siguientes a la elección este segmento ha estado sumido en una profunda frustración ante lo que parece la reiteración de los reiterados fracasos en derrotar al régimen en los últimos quince años. Más allá de esas emociones tan fluctuantes, la decisión del gobierno venezolano de cerrar su embajada genera preocupación y angustia entre los venezolanos que viven en Chile, en cuanto es una medida que genera complicaciones cotidianas sumamente disruptivas.

El segundo impacto de la crisis venezolana en Chile es la resonancia que ella ha tenido en la política nacional. A la derecha, la temprana reacción del Presidente Boric le ha impedido atacarlo, considerando el liderazgo democrático de un mandatario de izquierda que no dudó en demandar un escrutinio transparente supervisado por entes imparciales. El problema ha estado en el extremo izquierdo de su coalición, debido al generalizado apoyo al chavismo que ha exhibido el Partido Comunista, que parece responder a viejas lealtades más que a un frío análisis de los hechos ocurridos en Venezuela [ver en CIPER-Opinión: “El chavismo-castrismo como problema”]. Lo interesante ha sido el mayoritario respaldo del Frente Amplio a la postura de Boric, que se hizo evidente con la voluntad de plantarse con energía contra la posición de sus antiguos aliados de Podemos (en España) que ha exhibido un claro apoyo a Maduro.

CONCLUSIÓN
A estas alturas, es difícil pronosticar qué ocurrirá en los —críticos— días y semanas que vienen. Si la historia reciente es un indicador fiable, Maduro debiera poder sobrevivir políticamente a esta coyuntura. El firme control que parece tener de las Fuerzas Armadas, combinado con el incondicional apoyo que le brindan China y Rusia, parecen ser suficientes para mantenerse en el poder aún en un contexto en que, al parecer, una abrumadora mayoría ha votado por terminar con el experimento de más de dos décadas del llamado «socialismo del siglo XXI»; y que, como lo anotó con agudeza un observador chileno, cada día se parece más a los «socialismos reales» del siglo XX. Este probable escenario, sin embargo, podría variar si la masiva movilización opositora persiste y la presión internacional comienza a fracturar a las Fuerzas Armadas o a segmentos del oficialismo, algo que será más plausible si el régimen persiste en ocultar las actas de los resultados de las elecciones del domingo, o si, habiéndolas publicado, evita que entes internacionales que les ofrezcan garantías a ambas partes en conflicto puedan estudiar las anteriores y establecer si, en efecto, fue Nicolás Maduro quien prevaleció en las elecciones presidenciales.