Venezuela: Desafíos de la protección internacional ante movilidad humana

¿Qué sucederá ahora con los movimientos de personas desde y hacia Venezuela? ¿Y qué debe hacer Chile al respecto? Columna para CIPER de dos especialistas en estudios migratorios.

Es reconocido en el campo de los estudios migratorios que la inestabilidad política y sus consecuencias en las esferas sociales y económicas son factores que pueden incidir en la variación de los flujos de personas entre países. Por eso, uno de los aspectos a considerar dentro del vivo debate que hoy motiva la situación en Venezuela es cómo la incertidumbre que provoca el cuestionamiento de los resultados electorales por parte de la comunidad internacional, la polarización política al interior del país y las situaciones de violencia interna que se pueden desarrollar en este contexto son un factor potencial de movilidad humana en el corto y mediano plazo.

Los escenarios posibles en el ámbito migratorio oscilan entre la posibilidad de emigración de determinados sectores de la población o, bien, de ralentización del proceso de retorno iniciado hace un tiempo por venezolanas y venezolanos que previamente habían decidido migrar a distintos países. En concreto, de mantenerse la inestabilidad actual, se podría estimular la salida de grupos afines a la oposición del gobierno de Maduro en dirección a países que han cuestionado los comicios actuales o, tal vez, buscando destinos a través de las redes migratorias existentes entre connacionales que se encuentran en el extranjero, aumentando así la cantidad de venezolanos en los principales países de destino de este flujo.

Asimismo, de revertirse esta situación eleccionaria, es factible que tenga un alcance similar con la salida de quienes defienden al gobierno.

Entendiendo, que las redes migratorias responden a un proceder de las personas que emigran como «sujetos activos capaces de formular estrategias de supervivencia y readaptación en contextos de cambios estructurales» [DEVOTO 1992, p. 96], estas son validadas y reconocidas como un mecanismo que favorece la movilidad de quienes se encuentran ante la disyuntiva de salir de su país [MASSEY et al. 1998].

En el contexto sudamericano, los cinco países con mayor presencia de población venezolana son Colombia (2.857.528), Perú (1.542.004), Brasil (568.058), Chile (532.715) y Ecuador (444.778) [RAV 2024]; y todos ellos probablemente continuarían con la recepción de flujos migratorios en caso de intensificarse la movilidad de personas, pese a las restricciones de visado e ingreso. Estas últimas no han sido estrategias adecuadas para contener la migración, pues no responden a las necesidades y características de este proceso, el cual se ha configurado para muchos, como un desplazamiento de carácter forzado [GANDINI et al. 2019]. 

Es necesario tener en consideración que los gobiernos de la región deben estar preparados para recibir a esta población, dado que el reconocimiento de un gobierno como autoritario, debe ir acompañado del derecho al asilo y la protección internacional para quienes consideran que está en peligro su vida. Es una realidad que se encuentra muy distante en Chile, donde, durante 2023, de 3.626 solicitudes de refugio solo fueron reconocidas 201 [SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES 2024]. 

Por otra parte, el cierre de los servicios consulares junto a las misiones diplomáticas de Venezuela en países como Chile, Argentina, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Perú y Uruguay terminan afectando a los connacionales que se encuentran en situación migratoria, principalmente en países como Perú y Chile, que precisan de las actividades administrativas de los consulados para la gestión de documentos. Sin lugar a duda, el mantenimiento de la diplomacia es esencial para los derechos de quienes se encuentran en situación migratoria. Gestión de pasaportes, y otros documentos de viaje, prestar ayuda y asistencia, velar por los menores, encargarse de procesos administrativos relativos a la defunción de un nacional o bien el nombramiento de un tutor para menores o incapacitados que han quedado solos frente al fallecimiento de sus padres o familiares son labores consagradas en la Convención de Viena desde 1963 (art. 5 y 37). 

Asimismo, es fundamental la permanencia consular para gestionar procesos de retorno; aunque, de seguro, quienes expresaron su intención de regresar a Venezuela con el triunfo de la oposición se mantendrán expectantes durante un tiempo, esperando que la situación política se estabilice o bien se modifique. Más allá de los resultados y desenlace de este complejo proceso, estos antecedentes permiten plantear la necesidad de reconfigurar como país las acciones para abordar el desplazamiento venezolano y los alcances humanos de la desestabilización política de los países de la región.