CARTAS: El desafío de barrios sostenibles

Señor director: Las «ciudades inteligentes» tienen como propósito mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Para ello, es esencial que estas alcancen mayores niveles de prosperidad, estén más avanzadas en términos de sostenibilidad y luchen por la igualdad social, incrementando el acceso a bienes comunes urbanos y bienes públicos. Las ciudades con una idea clara de lo público muestran un compromiso por una mejor calidad de vida para sus habitantes, proporcionando un espacio adecuado con calles, áreas verdes, parques, instalaciones recreativas y otros espacios comunes.

En este contexto surge el concepto de «ciudades de 15 minutos», propuesto en 2015 por el urbanista Carlos Moreno, como una medida para combatir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, su popularidad se expandió cuando el mundo enfrentó la pandemia de Covid-19. La «ciudad de 15 minutos» tiene como objetivo crear barrios autosuficientes con las funciones esenciales de vida, trabajo, comercio, atención sanitaria, educación y entretenimiento, mediante la descentralización de funciones y servicios urbanos. Es decir, un diseño a escala humana para fomentar caminar y andar en bicicleta, con educación y entretenimiento dispuesto según una lógica de descentralización de funciones y servicios urbanos.

Como país, vamos en el sentido contrario; por ejemplo, cuando los colegios cierran por algún funeral de un narcotraficante, o cuando los concejales de un municipio se oponen a la instalación de un centro de formación técnica, como es el caso de la comuna de La Pintana. O los tiempos de viaje promedio al trabajo de los vecinos de Maipú, La Pintana, San Bernardo y Puente Alto, que en promedio son más de 60 minutos en un viaje solo de ida (es decir, dos horas al día solo en traslados). Otro ejemplo es que en el centro de Santiago hay más de cien equipamientos culturales que satisfacen hasta un 74% de la población con una buena accesibilidad a la cultura, pero en las comunas de la periferia sur del Gran Santiago, a unos 18 km de la capital, pueden tener no más de cinco equipamientos culturales, los que no alcanzan a satisfacer ni a un tres por ciento de su población.

Es claro que el Estado debe invertir fuertemente en infraestructura pública, en un esfuerzo que vaya de la mano con la inversión de privados. Sin embargo, esta inversión se diluye cuando tales espacios son capturados por bandas criminales (o, en el peor de los casos, cuando estas bandas toman el rol del Estado, como sucedió con el «Barrio Pablo Escobar» en Medellín hace un par de décadas). Deemos tener proyectos con las propias comunidades para construir o reconstruir barrios equilibrados, sustentables en lo social y en lo ambiental, añorando aquellas décadas en que muchos barrios de Santiago tenían casi todos los servicios; incluso, teatros.