¿Qué dice la estadística y la experiencia comparada sobre el vínculo entre alzas en delitos violentos y llegada de nuevos inmigrantes al país? La siguiente columna para CIPER toma distancia del debate generalizado, y atribuye la crisis de seguridad en Chile a una serie de falencias que no pasa, según el autor, por la llegada de extranjeros.
La justificada conmoción general que han provocado numerosos hechos violentos en las últimas semanas en el país, no solo nos recuerda la urgencia de la creciente y sostenida problemática de inseguridad que se viene arrastrando hace algunos años, sino que también reaviva el discurso de distintos sectores políticos que apuntan como una de las causas del fenómeno a las oleadas migratorias hacia Chile. Incluso —y en un hecho sin precedente en la historia reciente democrática del país—, se escucha a integrantes de poderes del Estado fomentar un discurso de «xenofobia institucional», al proponer, por ejemplo, la limitación del derecho humano de la inmigración (art. 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948). Un proyecto de ley recién presentado sugiere suspender ingresos temporales por seis meses, y condicionar permisos de ingreso a contratos de trabajos, visados estudiantiles y permanencia definitiva para ciudadanos de 13 países (entre ellos, obviamente Venezuela, que cuenta con la comunidad actual más importante de extranjeros residentes en Chile); incluso condicionando la extensión de la vigencia de estas medidas a una reducción de delitos cometidos por inmigrantes de las naciones indicadas. Se observa, además, que con cada vez más frecuencia las autoridades del Ministerio del Interior recalcan en sus declaraciones públicas la nacionalidad de los involucrados en delitos. Todo esto no hace más que fomentar un discurso oficial que vincula estrechamente crimen organizado y migración. Se trata de un tema que ha ocupado previamente a la literatura académica. Por ejemplo, Juliet Stumpf (2006) ha acuñado el término crimmigration, bajo el cual se orienta la creación y aplicación de normas jurídicas que refuerzan la deportación de personas que cometen delitos en países en los que no son originarios, como asimismo la puesta en marcha de políticas que vinculan el control de fronteras con el sistema penal. Es algo que a todas luces pareciera ser el espíritu de los poderes del Estado en muchos países del mundo.
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Pese al diagnóstico generalizado, los datos impiden confirmar una relación estrecha entre el alza de la criminalidad y el gran aumento de la inmigración hacia Chile. No puede negarse que la presencia de integrantes del llamado “Tren de Aragua” ha impactado principalmente el nivel de violencia de los delitos —algunos de ellos ajenos a la historia delictual chilena, como es el caso de la extorsión—, pero, según datos del Ministerio Público, a marzo del 2023 un 9,2% de los formalizados en el país por todo tipo de delitos eran extranjeros, cifra que es proporcional a las proyecciones realizadas hace casi tres años por el INE, según las cuales, a diciembre de 2022, la población extranjera representaba un 8,19% (1.625.074 personas) de la población total proyectada a nivel nacional (19.828.563 habitantes). A su vez, un estudio de migración y delincuencia en Chile publicado en 2020 concluye que existe una asimetría importante entre la relación de impacto significativo entre migración y percepción de inseguridad, pero nulo efecto en la victimización. Ahora bien, suponiendo que los datos antes señalados no fuesen relevantes a la hora de descartar la tesis de la relación entre migración masiva y delincuencia, y en el supuesto de aceptar esta como válida, ¿qué nos dice la experiencia comparada respecto al endurecimiento de la política migratoria y la reducción de los índices delincuencia? Veamos algunos ejemplos en la materia. La política de «tolerancia cero» a la inmigración irregular o ilegal de la administración Trump no generó evidencias claras de un impacto significativo en los índices generales de delincuencia en Estados Unidos (en base a la estadísticas del FBI durante su administración). Es más: desde 1993 a 2022 se ha registrado en Estados Unidos una baja sostenida de la delincuencia [ver gráfico en EL PAÍS 2024]. Esto contrasta con el escenario de «delincuencia desatada» que aún plantea el hoy candidato republicano, y que en parte motivó su política antimigración durante su anterior gobierno. Otro caso es el de Italia, ya que si bien la administración de Matteo Salvini implementó una política migratoria más estricta —argumentando la estrecha relación entre criminalidad y migración irregular y/o masiva (especialmente de migrantes africanos)—, las estadísticas oficiales 2018-2023 no muestran una correlación directa entre esos cambios a las políticas migratorias y una reducción significativa en los índices de criminalidad en el país europeo. Así, la intención que hoy se observa en Chile de vincular la migración con la crisis de criminalidad no se sustentaría tanto en los datos que respalden tal causa, como tampoco en casos comparados en pos de una política migratoria más restrictiva para contar con una sociedad más segura. Quizás sea, en realidad, que nuestros poderes del Estado buscan hoy un «chivo expiatorio» en un otro ajeno (en este caso, el extranjero migrante de origen latinoamericano), como una forma de soslayar los problemas en las políticas públicas de seguridad; tales como la escasa preparación de sus policías ante nuevas formas de crimen organizado, el débil sistema de inteligencia policial que permita desarticular organizaciones delictuales, la escasa capacidad de las distintas fuerzas políticas para avanzar en proyectos de ley de seguridad, la oposición de ciertos sectores en avanzar en medidas para seguir «la ruta del dinero» de organizaciones criminales, o el abandono del Estado en ciertos sectores geográficos y/o sociales donde el narcotráfico se ha erigido como la ley de facto, entre otros muchos elementos. Quizás, y solo quizás, el rol del Estado de Chile debería estar enfocado en los cambios estructurales de sus políticas de seguridad pública para combatir a los antisociales, más que en apelar a una solución respecto a un grupo humano determinado.
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Un texto propio de un activista pro-migrante. Es increíble ver cómo, siendo menos del 10% de la población, los extranjeros latinoamericanos tienen una participación preponderante en crímenes de alta connotación: más de un tercio de los homicidios, casi el 90% de secuestros extorsivos, etc. Ya está bueno de seguir dando tribuna a estos falsos investigadores de las ciencias sociales.
Guillermo Herrera | 24.07.2024
A mi juicio no son convincentes las conclusiones, al estar basadas en datos obsoletos. Interesante sería hacer el análisis con datos frescos (¿primer semestre de 2024?), no más de un año, ni con proyecciones ni estudios de más de dos y hasta cuatro años.
Adicionalmente los datos del Ministerio público son los asociados a todo tipo de delitos, sin embargo la columna comienza haciendo referencia a delitos violentos, de los que no se especifica nada.
Pablovski | 24.07.2024
Me parece clarificador y bien documentado el análisis del autor. Sin embargo creo que falta en el mismo un ingrediente que ha alimentado los prejuicios en la opinión pública respecto al inmigrante latinoamericano y particularmente a aquellos de origen venezolano, esto es el rol que han tenido en esta materia varios medios de comunicación, quienes han dado amplia cobertura a delitos con participación de venezolanos sin un análisis contextual en base a cifras y datos oficiales.
Evidentemente esto no es casualidad, ya que hay que recordar que en nuestro país existen básicamente un duopolio de las comunicaciones (el mercurio y la tercera) cuyos dueños están vinculados a grupos de derecha que se oponen tajantemente a la inmigración latinoamericana con el pretexto de que pertenecen al crimen organizado o son delincuentes. Por eso pienso que los medios de comunicación han jugado un rol tendencioso y de desinformación en este caso.
No deja de ser paradójico el hecho que si bien la mayoría de los venezolanos que ha llegado a Chile desde el 2018 son afines a grupos de derecha pues vienen arrancando del régimen socialista de Nicolás Maduro, y sin embargo resultan ser rechazados injustamente por la derecha chilena quienes al gobierno para endurecer los requisitos de ingreso al país.
