El inframundo criminal como amenaza a la democracia

El crecimiento del crimen organizado no es sólo un desafío de orden, sino también político y geoestratégico, explica el autor de la siguiente columna para CIPER: «Ningún Estado de manera unilateral tiene altas probabilidades de detener la expansión de los mercados criminales si renuncia a la cooperación regional».

Una de las promesas más difíciles de cumplir para las democracias ha sido la de terminar con lo que Norberto Bobbio llamó el «poder oculto»; aquel localizado en espacios invisibles y que debilita la capacidad del Estado frente a grupos particulares que buscan imponer sus intereses al margen de los mecanismos de control institucional.

Si bien parte del «clero académico» neoconservador acostumbró a repetir durante las décadas de 1980 y 1990 que la democracia era un sistema superior en lo moral y funcional, lo cierto es que su optimismo se esfumó con la crisis económica de 2008. El creciente malestar que algunos definen como «recesión democrática» se ha impuesto. La satisfacción con la democracia disminuye desde hace una década, y tal declive alcanzó en los últimos años sus mínimos históricos. En correspondencia a estas tendencias, se han modificado considerablemente en numerosas democracias los equilibrios entre capacidades regulatorias de los Estados y la expansión de los intereses particulares de grupos específicos.

John Gray analizó hace unos años cómo este ciclo de capitalismo global que produjo una «guerra de desregulación competitiva» contribuyó a que, bajo ciertas condiciones, el «mal capitalismo» consiguiera expulsar al «buen capitalismo», favoreciendo que intereses particulares ilegítimos permearan al Estado. La combinación de debilidad institucional, aumento de ingresos y disminución de la pobreza en regiones como América Latina ha generado en las últimas décadas ecosistemas favorables a la expansión de los negocios criminales con consecuencias geopolíticas más amplias [BERGMAN 2023]. Por ejemplo, mediciones de Gallup muestran que los estadounidenses son cada vez más pesimistas respecto de la capacidad del Estado de enfrentar el problema de las drogas prohibidas. Para el 2023, un 52% de los estadounidenses pensaban que Estados Unidos estaba retrocediendo en este desafío. Aun cuando el aumento del pesimismo frente al narcotráfico debilita a los gobiernos y fortalece los liderazgos populistas, las soluciones efectivas requieren coordinación multilateral.

Las explicaciones habituales de la recesión democrática tienden a subvalorar la expansión de los ecosistemas criminales como determinantes de la capacidad institucional. El Índice Global de Crimen Organizado entrega evidencia basada en evaluaciones de expertos sobre la criminalidad y la resiliencia de los Estados. La resiliencia se define como la capacidad de enfrentar, resistir y desmantelar las actividades del crimen organizado mediante decisiones de política pública. Por su parte, la criminalidad se entiende como la expansión de actividades ilegales que determinados grupos llevan a cabo utilizando medios violentos o corrupción para perseguir beneficios en espacios nacionales o trasnacionales. 

Los resultados para un total de 193 países muestran una correlación negativa entre resiliencia y criminalidad [GRÁFICO 1]: con 71 países de baja criminalidad y baja resiliencia (BC-BR), 47 países de baja criminalidad con alta resiliencia (BC-AR), 12 países de alta criminalidad con alta resiliencia (AC-AR) y 63 países de alta criminalidad con baja resiliencia (AC-BR). Entre los principales hallazgos de la última versión del Índice Global de Crimen Organizado (2023), se cuentan: i) un aumento de la diferencia entre el promedio global de criminalidad, respecto del promedio global de resiliencia; ii) mayores niveles de resiliencia entre los países democráticos y iii) aumento de la vulnerabilidad institucional frente al crimen organizado en aquellos países con crisis políticas.

Según la misma medición, en términos demográficos, entre 2021 y 2023, la población mundial que vivía en países de alta criminalidad aumentó de 79% a 83%, mientras para el mismo período, el porcentaje de personas que vivía en países de baja resiliencia disminuyó de 79,4% a 62%. Los continentes que muestran mayor resiliencia institucional frente a la criminalidad [GRÁFICO 2] son Europa y Oceanía, con el descargo que esta última, por su ubicación geográfica, se encuentra menos expuesta a los mercados y organizaciones ilegales. Por su parte, los continentes con mayor expansión de la criminalidad son Asia, África y las Américas. En este último caso, se requiere mayor desagregación, pues el alto nivel de criminalidad en América Central y Sudamérica contrasta con la alta resiliencia de Canadá y Estados Unidos.

Para el caso de América Latina  [GRÁFICO 3] se observa que la mayor parte de los países se caracterizan por la combinación de alta criminalidad y baja resiliencia estatal (doce países). Una  excepción relevante en la región es Uruguay con un equilibrio de alta resiliencia institucional y baja criminalidad. Identificamos, además, los casos de Chile, Argentina y Bolivia, que aun cuando se ubican por debajo del umbral de baja criminalidad (5,5 sobre 10), experimentan mayor riesgo de expansión de los ecosistemas criminales. Para complementar una mirada general en el continente se incluye Estados Unidos caracterizado por equilibrios de alta capacidad estatal y alta criminalidad.  

La expansión de equilibrios de alta criminalidad y baja resiliencia en América Latina se incrementa por gobiernos de coalición minoritarios y presidencialismos con sistemas de partidos crecientemente fragmentados, que limitan la efectividad en las respuestas políticas, multiplicando condiciones para la permeabilidad institucional. Desde 1990 en adelante, América Latina en su conjunto ha aumentado la fragmentación partidaria y muestra una disminución del contingente legislativo de los gobiernos, lo que impacta en los costos para la toma de decisiones. Además, es necesario considerar que históricamente en esta región la coordinación multilateral para enfrentar la expansión de los negocios criminales con políticas de largo plazo se ve limitada por la mala costumbre de someter las prioridades en política exterior de los Estados a la ideología del gobierno de turno.

Como se podrá observar, los equilibrios entre la actividad criminal y la capacidad institucional para enfrentarla constituye un problema político y geoestratégico de primer orden, que está determinado por la efectividad de los gobiernos y por la coordinación multilateral entre Estados. Ningún Estado de manera unilateral tiene altas probabilidades de detener la expansión de los mercados criminales si renuncia a la cooperación regional. El capitalismo de la globalización y desregulación generó zonas grises que han favorecido por décadas la expansión de los mercados criminales en diversas regiones del mundo y requiere por tanto respuestas institucionales geoestratégicas. En América Latina, la baja efectividad gubernamental provocada por sistemas de partidos fragmentados y gobiernos de coalición minoritarios e ineficientes, contribuyen a que la democracia formal coexista con espacios de alta criminalidad. Bajo estas condiciones y en estos espacios, existe un riesgo en el corto plazo de que «la mala democracia» acabe expulsando a la «buena democracia».