Señor director: Quisiera hacer presente la serie de irregularidades que se suscitan en torno a los permisos de edificación otorgados por la DOM de Arica (Dirección de Obras Municipales), sobre todo en virtud del proyecto de inmobiliaria ECASA ubicado en la playa Chinchorro, Arica.
El proyecto inmobiliario está siendo edificado en playa Chinchorro, una zona, tal como lo establece el plan regulador de la comuna, con riesgo de tsunami. A su vez, se ignora el estudio de impacto ambiental y estudio de la mecánica del suelo: la edificación respectiva se encuentra en una playa, pero, además, existe una desembocadura que provoca la bajada del rio San José en paralelo a las marejadas, a metros de la edificación del proyecto de Ecasa.
Existe en diversos sectores de edificación de la ciudad de Arica el surgimiento de socavones, producto de la salinidad de suelo y construcción en zonas no autorizadas. En cuanto al suelo donde se edifica el proyecto inmobiliario Wayra, no cumple con los estándares mínimos para una edificación de tales características; sobre todo, si se ubica en una zona de riesgo de tsunami cercana a metros del borde de la playa, tal como se puede apreciar en otros proyectos desarrollados por la inmobiliaria en la zona de Coquimbo, como lo es Vista Herradura 2. Cabe agregar que el proyecto inmobiliario ubicado en playa Chinchorro se encuentra, además, a metros de la vía férrea del tren que conduce a las ciudades de Arica y Tacna. Estas irregularidades son reiteradas en cuanto a los permisos de edificación de la DOM de Arica a nivel comunal, y así sucede en la estigmatizada población Juan Noe, donde no se respetan ni regulan los permisos de edificación y ampliación de propiedades (estos son inexistentes; a lo más, la DOM emite una multa que en muy pocos casos llega a ser efectiva). En general, las ampliaciones de viviendas no cumplen con normativa vigente en cuanto a los muros de cortafuego F-60, adosamientos de muros colindantes ni metros máximos de altura. Existen propiedades que construyen segundos pisos adosados a un poste de alta tensión de energía eléctrica, lo cual es un peligro inminente de incendio. De hecho, existen viviendas que han sido siniestradas, en vista de la falta de fiscalización.
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Está muy bien que estos actos municipales ilegales se den a conocer en Ciper, pero es indispensable que el denunciante abogado se los represente formalmente a la Contraloría General de la República. Si ya lo ha hecho, lo felicito, pues así se combate la corrupción.
