Incumbentes influyentes: la Ley de pesca como ‘déjà vu’ regulatorio

Que la industria pesquera intervenga en la tramitación de la Ley de Pesca con indicaciones que copian senadores de oposición, lamentablemente ya no sorprende. En columna para CIPER, un profesor de Derecho administrativo describe que ésta ha sido una constante en los debates pesqueros en Chile durante los últimos 35 años, «aun cuando en la última década se ha materializado mediante vías que no pueden ser vistas sino con preocupación».

Hace pocos días se develó la presentación de más de doscientas indicaciones al proyecto de reforma a la Ley de Pesca por parte de tres diputados [ver reportaje en CIPER del 19.06.2024], siendo el 76% de éstas idénticas a las que se proponían en un informe elaborado a petición de la Sociedad Nacional de la Pesca (la asociación gremial de los industriales pesqueros) y puesto a disposición de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. La presentación de estas indicaciones parece dar indicio de cierta influencia del gremio pesquero industrial sobre el proceso legislativo. Dadas las características que presenta el marco regulatorio de la pesca, esta influencia ha sido una constante en los debates pesqueros en Chile durante los últimos 35 años, aun cuando en la última década se ha materializado mediante vías que no pueden ser vistas sino con preocupación.

La pesca es una de esas actividades que, de quedar entregada únicamente a la iniciativa y discreción de los agentes que la desarrollan, produce la sobreexplotación de lo que necesita para realizarse, los peces. En Chile, desde la década de los 80, se empezó a restringir el acceso a los peces, permitiéndoselo únicamente a quienes contaran con autorizaciones estatales, contribuyendo, así, a una explotación más sustentable. Con todo, este cierre de acceso generalizado conlleva la necesidad de determinar cuáles agentes pueden ejercer esta actividad económica (y cuáles no). Dadas las inversiones que se requieren para realizarla, sobre todo a escala industrial, ha sido en torno a esta asignación de autorizaciones/licencias para llevarla a cabo que se han generado las más álgidas disputas.

La primera gran batalla tuvo por objeto la entrada en vigencia de la llamada Ley Merino, que en 1989 aprobó la dictadura antes de entregar el poder. Como en ella se estableció una asignación de cuotas que resultaba desfavorable para los agentes pesqueros industriales del norte, estos se anotaron una gran victoria al lograr que, a los pocos meses de retornada la democracia, el Congreso aprobara una ley para posponer la entrada en vigencia de aquella. Como consecuencia de lo anterior, el gobierno del Presidente Aylwin presentó un nuevo proyecto de ley, que contemplaba una propuesta de asignación de cuotas que tampoco resultó satisfactoria para estos agentes del sector industrial. Tan solo unos meses después, el tribunal constitucional, previa presentación de un requerimiento de inconstitucionalidad por un grupo de senadores de derecha, decidió que la aprobación de la disposición relativa a la asignación de cuotas debía realizarse por una ley de quorum calificado; quorum con el que la coalición gobernante entonces no contaba. Debido a esto, se terminó aprobando una ley en donde no se establecieron reformas significativas y necesarias al sistema de asignación de cuotas, manteniéndose a este respecto el statu quo regulatorio.

Luego, en el año 2000, el Congreso dicta una ley corta en la que efectúa una asignación transitoria que habría de regir por los próximos dos años para los agentes industriales, y que no fue objeto de reproche por parte de estos. Cumplido ese plazo, y ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre más puntos, la vigencia de esta ley se extendió a diez años más, a través de la dictación de otra ley transitoria. Al vencer el plazo de esta ley, mediante la dictación de la llamada «Ley Longueira» —cuya discusión y aprobación originó la dictación de condenas penales contra el entonces senador Jaime Orpis, por su intervención en favor de Corpesca, y el gerente de esta empresa— estas cuotas les fueron asignadas nuevamente a los mismos agentes por un período de veinte años, renovables. Luego, ante las dudas que planteaba la anulación de esta ley mediante un proyecto de ley presentado al efecto, se decidió finalmente efectuar su modificación por otra, en la que se estableciera una nueva regulación para el sector.

Tal como lo hace Bill Murray, en la película El día de la marmota, quién ha estado atento a los debates pesqueros en Chile durante los últimos 35 años tiene en estos días una sensación de déjà vu ante las noticias relativas a las indicaciones. La férrea oposición, así como la evidencia sobre la influencia de los agentes beneficiados por la ley —los incumbentes— en la realización de cualquier reforma, se ha convertido en algo normal, y hasta esperable. Estas formas de ejercer influencia son preocupantes no sólo por su existencia, sino, sobre todo, por cómo las hemos naturalizado, pues no solo erosionan la legitimidad de la Ley de Pesca, sino que la del proceso legislativo en general.