CARTAS: Planificación territorial y ruralidad

Señor director: El reciente frente de mal tiempo que ha afectado a la zona centro-sur del país ha provocado desbordes de ríos, canales, acequias, inundación, catástrofe y personas sin hogar, en la que probablemente sea la peor crisis habitacional de Chile. Mucho se habla de la planificación urbana de la ciudad, y poco de la ruralidad en dicha planificación.

Entonces, cabe preguntarse: ¿cuál es el alcance de las políticas públicas en contextos rurales y neorrurales en nuestro país?

En Chile existen 346 comunas, y, según la Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR), 263 de estas son rurales. Allí se concentra el 25,5% de la población, la cual habita el 83% del país. Aun así, el tema central de debates y discusiones sigue siendo la ciudad y su expansión desmedida por un mercado desregulado, olvidando la integralidad en cuestiones tan importantes como las políticas públicas, esas que deberían prevenir desastres de manera oportuna.

Dentro de las herramientas que cobran vital importancia en el proceso de planificación comunal se encuentran los Planes Reguladores Intercomunales (PRI) y los Planes Reguladores Comunales (PRC), cuyo principal objetivo, y según lo define la L.G.U.C en su artículo 41°, es “constituir a través de un conjunto de normas sobre adecuadas condiciones de higiene y seguridad en los edificios y espacios urbanos, y de comodidad en la relación funcional entre las zonas habitacionales, de trabajo, equipamiento y esparcimiento.” Para ser más enfática, no tan sólo en la relación funcional entre distintas zonas, sino también en la definición de áreas de riesgo comunales a través de procesos participativos con la comunidad.

Actualmente, 84 de las 346 comunas del país (24,3% del territorio) no cuentan con un Plan Regulador Comunal. Además de ello, según la CChC la antigüedad de los Planes Reguladores Comunales ronda en un promedio de 21 años, contrario a lo que establece la L.G.U.C., que indica que los Instrumentos de Planificación Territorial no pueden sobrepasar los diez años para su actualización.

Dichos instrumentos de planificación territorial están a cargo de la gobernanza de cada municipalidad, que en muchas ocasiones no cuenta con la capacidad técnica para llevar a cabo dichos procesos, por lo que se externaliza su actualización; que por lo demás es trabajo de largo aliento y suele transformarse en un disputa político-partidista con opción de captar votos (aún más en años de elecciones).

Por todo lo anterior, es importante redoblar los esfuerzos del Estado en el seguimiento de la correcta implementación y actualización de instrumentos de planificación territorial, anulando la cabida a disputas políticas partidistas que alejan a las comunas de contar con herramientas actualizadas que permitan definir el futuro del desarrollo urbano en territorios de connotación rural, acercando a las comunidades e involucrándolas en las diferentes etapas del desarrollo de estos instrumentos. Más aún, con entidades externas y/o consultorías (entidades encargadas de la ejecución de estos) con las competencias necesarias para el levantamiento de propuestas con pertinencia territorial y comprendiendo la complejidad de cada comuna.