Es un tema recurrente en nuestro debate político, pero más bien ausente de las prioridades de gobierno, recuerdan los autores de esta columna para CIPER sobre las pendiente mejoras a nuestro sistema electoral y de partidos políticos: «Las necesarias reformas al sistema político tienen que apuntar a los problemas de fondo, más que solo al número efectivo de partidos. Mientras no tengamos incentivos institucionales que fomenten la coherencia programática de las listas electorales y la disciplina partidaria dentro del parlamento, los cambios de reglas pueden resultar ineficaces. A su vez, debemos atender el problema del personalismo.»
Uno de los temas menos tratados durante la última Cuenta Pública del presidente Boric [ver en CIPER-Opinión: «La tercera Cuenta Pública y el camino de los sueños»] fue la potencial reforma al sistema político. Si bien se esperaban anuncios importantes en la materia, la poca relevancia escuchada puede entenderse más como una oportunidad que como una derrota. Y aunque parece existir consenso sobre la necesidad de reformar el sistema, no existe el mismo acuerdo al plantear cuáles son sus principales problemas ni mucho menos cuáles son las soluciones. La discusión pública ha centrado su atención en el actual número de partidos como factor determinante de la falta de gobernabilidad que socava la formación de acuerdos. Datos del Servel a mayo de 2024 indican que en nuestro país existen 26 partidos políticos legalmente constituidos, mientras que en el Congreso existen representantes de 22 partidos diferentes (y 43 representantes que no pertenecen a ningún partido, los «independientes»). Solo mirando estos números brutos resulta convincente el argumento; la lógica nos podría llevar a asumir que los problemas de coordinación son sólo en función del número de partidos (y de sus respectivas agendas). Por lo mismo, entre quienes tienden a mirar al sistema político de forma simple, la solución debe ir en una única dirección: reducir el número de partidos que ingresan al Congreso. En este sentido, se han barajado medidas como el establecimiento de un umbral electoral; el cual, en teoría, debería evitar la entrada de partidos pequeños que no logren cierta cantidad de votos a nivel nacional. Efectivamente, la entrada en vigencia de la reforma al sistema electoral de 2015 [Ley nº 20.840] en las elecciones parlamentarias de 2017 permitió el ingreso de nuevos actores al juego, luego de la eliminación del sistema binominal. El sistema de partidos, ordenado hasta entonces en dos grandes coaliciones que dejaba poco espacio para la representación de las nuevas fuerzas políticas que estaban surgiendo [HUNEEUS 2014], se transformó. Así, los políticos profesionales tuvieron que adaptarse a un nuevo modelo, lo que por supuesto trajo consigo desafíos. A pesar de ello, la entrada en vigencia de estas nuevas reglas no desincentivó la formación de coaliciones. Las reglas del juego benefician la generación de pactos para la competencia electoral, y el método D’Hondt tiende a favorecer más a los partidos grandes que a los pequeños [ALEMÁN et al. 2021]. En este sentido, lo relevante es analizar cómo las reglas electorales se están traduciendo en las interacciones de los partidos a la hora de competir y cómo esto se ve reflejado en la composición final del Congreso. Y si bien se facilitó la entrada de partidos pequeños dentro de listas (supuestamente, la raíz del problema), restringir el argumento sobre la imposibilidad de llegar a acuerdos al número de partidos significa ignorar otras dimensiones que subyacen a nuestro sistema. En términos institucionales, poco se ha hablado de los incentivos que generan las actuales reglas electorales. Nuestro sistema fomenta el personalismo mediante el voto directo por candidaturas de partido en listas abiertas. Aquellos que aspiran a llegar al Congreso deben competir no solo con las otras listas electorales, sino también dentro de su propia lista y de su propio partido. En la era de las redes sociales, donde la atención de cada votante se disputa constantemente, nuestras reglas no hacen otra cosa que fomentar la diferenciación individual. Así, independientemente del número de partidos que logren ingresar al parlamento, la articulación de consensos se dificultará si el incumbente está más preocupado por diferenciarse del resto que de representar un proyecto político. Otro problema, vinculado al anterior, corresponde al nivel de disciplina partidaria de los representantes. En nuestro país no es poco común encontrar «díscolos» que votan en contra de los lineamientos de su partido. La disciplina partidaria tiene que ver más con la calidad de los partidos políticos —institución clave de la democracia representativa— que con el número efectivo de partidos. Aunque hubiera tres grandes partidos en el Congreso, si sus integrantes votaran persiguiendo el interés individual sobre el proyecto colectivo, los anhelados acuerdos tampoco llegarán a puerto. Si analizamos un poco más en profundidad la cuestión de los partidos, identificamos que cuentan con bajos niveles de arraigo y legitimidad en la sociedad chilena [LUNA y ALTMAN 2011], lo que ha llevado a hablar sobre una «crisis de representación» [CASTIGLIONI y ROVIRA 2016]. En este sentido, cualquier reforma al sistema político debe considerar mecanismos para hacerse cargo de ello. Volvamos a la única alusión a las reformas al sistema político en la Cuenta Pública: «Considero necesaria una reforma al sistema político que, sin sacrificar representatividad, evite fragmentación y fortalezca la democracia», fueron las palabras del presidente. De esta lista de objetivos, es valorable el acento sobre la importancia de la representatividad en nuestro poder legislativo. Representatividad y gobernabilidad no son conceptos antagónicos. Las necesarias reformas al sistema político tienen que apuntar a los problemas de fondo, más que solo al número efectivo de partidos. Mientras no tengamos incentivos institucionales que fomenten la coherencia programática de las listas electorales y la disciplina partidaria dentro del parlamento, los cambios de reglas pueden resultar ineficaces. A su vez, debemos atender el problema del personalismo y generar debate respecto a qué mecanismos institucionales pueden implementarse para fortalecer los procesos políticos colectivos.
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Es interesante que los estudios que citan son anteriores a la entrada en vigencia del proporcional. O sea, el problema viene de antes (no es culpa del proporcional o de la fragmentación, como se pretende instalar en el debate público).
El "pecado" del proporcional (o de quienes lo propugnaron) es creer que bastaba con él para que el sistema fuera más permeable a las necesidades populares (o -dicho de otro modo- el sistema procesara mejor las necesidades ciudadanas).
Es que el problema no es (sólo) el sistema electoral, sino que el Congreso -en sí mismo- está diseñado de modo que éste sea irrelevante, pues el poder está concentrado en la Presidencia de la República (con incentivos diversos a los del Congreso Nacional).
