El paradigma de la ingeniería forestal: una respuesta

Dos representantes del Colegio de Ingenieros Forestales detallan en columna para CIPER lo que a su juicio son omisiones y distorsiones del debate en torno a monocultivos, industria forestal y su responsabilidad medioambiental: «Más madera, tanto de bosques naturales como plantados, para aportar al bienestar del país. Eso defendemos. Ese es nuestro paradigma.»

En columna en este mismo medio, el profesor Antonio Lara, la abogada Monserrat Moya y el académico Mauro González hacen un llamado a las empresas forestales y sectores afines —entre los cuales incluyen al Colegio de Ingenieros Forestales A.G.— a transformarse en parte de la solución respecto a los conflictos generados por el modelo forestal en Chile. Por supuesto, el llamado de los autores es a sumarse a la solución que ellos identifican, basada en los paradigmas que ellos defienden. Aunque parten reconociendo el aporte de la actividad forestal a la economía y al empleo en Chile, y las mejoras que ha significado la adopción de la certificación de manejo sustentable, parece que ese reconocimiento no alcanza para convencerlos de que el modelo forestal presenta un balance positivo.

Los autores reprochan, además, la posición crítica adoptada por las empresas y los gremios frente al proyecto de ley que transforma la Corporación Nacional Forestal (actual corporación privada) en el Servicio Nacional Forestal (futuro servicio público), y al proyecto de prevención de incendios forestales. Finalmente, argumentan en contra de nuestros llamados a reponer los incentivos a la forestación para pequeños y medianos propietarios en suelos con algún grado de erosión, llamado que no sólo ha realizado el Colegio de Ingenieros Forestales, sino también otros gremios (como la Asociación Gremial de pequeños y medianos industriales de la madera, Pymemad, y la Asociación Gremial de Contratistas Forestales, Acoforag).

Su columna es una oportunidad para contrastar visiones y paradigmas. En primer lugar, es importante comentar la interpretación jurídica que hacen los autores sobre la limitación al incentivo de monocultivos presente en la Ley Marco de Cambio Climático (LMCC). Sostienen que la exclusión de los monocultivos es sin excepción alguna, y que la norma referida no admite segundas lecturas ni interpretaciones. Pero esto no es así.

La exclusión se enmarca en el objetivo de alcanzar la neutralidad de emisiones al 2050. Para ello se definen los lineamientos para la absorción y almacenamiento de gases de efecto invernadero dentro de una estrategia climática de largo plazo. Por lo mismo, la exclusión de los monocultivos se da en ese contexto y para ese objetivo particular. No es, como señalan los autores, una exclusión absoluta que no admita excepciones. Las autoridades del Ministerio de Agricultura no están atadas de manos respecto a la forestación. Es perfectamente posible impulsar incentivos para pequeños y medianos propietarios con suelos erosionados, sin exclusión de especies, con el fin de enfrentar la crisis de abastecimiento de la pyme maderera e impulsar el reemplazo de materiales como el cemento y el acero en la construcción. Este instrumento no formaría parte de una estrategia climática de largo plazo, y las capturas no entrarían en la contabilidad para la neutralidad del 2050. Se pueden impulsar iniciativas diferenciadas, y ciertamente no toda acción desde el Estado debe estar bajo la égida de la LMCC. Esta ley no es la Constitución General de la República y no regula todos los intersticios de la actividad productiva y social del país.

Por otra parte, la ley indica en su artículo 2 que entre los principios que inspirarán la ley se encuentran los principios de costo-efectividad y el de coherencia. Paradójicamente, la exclusión de los monocultivos no considera ninguno de los dos principios, ya que estos son la opción más costo-efectiva de captura y almacenamiento de CO2 [DROPPELMANN et al. 2019]. Por otra parte, no se respeta el principio de coherencia, ya que el mismo Ministerio de Medio Ambiente en 2014 identificó la forestación como una de las iniciativas con el mayor potencial de abatimiento, lo que posteriormente se tradujo en su incorporación dentro de las medidas contempladas en las NDC 2015 y en su actualización 2020, consistentes en forestar doscientas mil hectáreas de nuevas plantaciones al 2030. Y ahora es el mismo ministerio de Medio Ambiente el que hipoteca esta estrategia con la exclusión de los monocultivos. La exclusión no es coherente por ningún lado, ni siquiera apelando al «sentido común». Como tampoco es coherente sostener que la estrategia climática desde lo forestal puede descansar íntegramente en la restauración de bosque nativo.

Por cierto, sorprenden las cifras de bonificación al manejo sustentable, recuperación del bosque nativo y forestación con especies nativas en predios de pequeños y medianos propietarios que presentan los autores, y que ascenderían a 51.000 hectáreas para el período 20221-2023, ya que las cifras oficiales de pagos por bonificaciones de manejo al bosque nativo presentes en las cuentas públicas de CONAF hablan de otras cifras: 2.791, 2.814 y 3.347 hectáreas para los años 2021, 2022 y 2023 respectivamente, lo que suma algo menos de nueve mil hectáreas [CONAF 2023]. Ni siquiera considerando programas transitorios como “+Bosques” o “Siembra por Chile” podrían sumarse las 51 mil hectáreas señaladas.
 
 

***
 
Pero esta discrepancia «jurídico- técnica» remite a una diferencia más de fondo entre los autores de la columna y la visión no sólo del Colegio de Ingenieros Forestales sino de otros actores gremiales afines. El paradigma que nos impulsa, y que también ha sido reconocido como tal en el mundo, es que el sector forestal debe ser el protagonista de la transición hacia una bioeconomía basada en el uso de la madera como material preeminente del siglo XXI, en reemplazo de materiales provenientes de combustibles fósiles o de alta huella ambiental como el plástico, el cemento y el acero. Un país verde se construye con madera. Ese es nuestro paradigma, y resulta curiosa la absoluta omisión de los autores a este importante aspecto del debate forestal y ambiental. ¿Quieren más madera o no? ¿Quieren avanzar hacia una bioeconomía a partir del uso sustentable de los bosques naturales y plantados? ¿Sí o no? Creemos que no pueden ni deben eludir estas preguntas, haciendo llamados voluntaristas, como si los bosques solo estuvieran para ser contemplados y nada tuvieran que aportar a la solución climática desde su uso sustentable.

Precisamente la madera es uno de los principales protagonistas de una solución climática. No sólo por la capacidad de almacenamiento de carbono en los árboles en pie, sino por el almacenamiento en los productos de la madera que ellos proveen. Además, una estrategia basada en incrementar el uso de madera proveniente del bosque nativo bajo manejo sustentable tendría un impacto social que no puede ser desestimado. Recientemente la Conaf actualizó el catastro de propietarios de bosque nativo, pasando de los noventa mil que se registraban inicialmente, a más de doscientos mil. Sería interesante saber qué tienen que decir estos miles de propietarios respecto de la estrategia de los autores de privilegiar un enfoque basado mayoritariamente en la restauración de bosques degradados y no en la incorporación de sus bosques a un manejo productivo con apoyo del Estado.

Más madera, tanto de bosques naturales como plantados, para aportar al bienestar del país. Eso defendemos. Ese es nuestro paradigma.

Respecto a los proyectos de ley que mencionan y apoyan los columnistas, en ambos casos el Colegio de Ingenieros Forestales ha sido invitado a exponer al Congreso. Creemos que el proyecto de incendios forestales no apunta en la dirección correcta y, en los términos en que está planteado, no puede apoyarse incondicionalmente. Dentro de sus omisiones más relevantes está la ausencia de un enfoque de prevención de la ocurrencia de incendios, además de criminalizar a quien posee especies introducidas en sus predios y sufre incendios generados por terceras personas, en alto porcentaje intencionales. De hecho, la intencionalidad es un aspecto que los autores sistemáticamente han omitido del debate en torno a los incendios, aunque en el mismo informe de CR2 elaborado con posterioridad a los incendios de 2017 señalan que la tasa de intencionalidad en las regiones de Biobío y La Araucanía para esa temporada fue de un 50%. Además, Conaf ha indicado que en la Región de Biobío el 57% de los siniestros investigados arrojó intencionalidad en la temporada 2023, casi seis de cada diez incendios. ¿A que paradigma apelan para explicar estas cifras? La alta tasa de superficie afectada por incendios en la última década (más 700 mil ha de plantaciones y 600 mil ha de bosques y matorrales nativos) debe hacernos reflexionar sobre las mejores estrategias para su control, poniendo el foco en disminuir la ocurrencia. En eso estamos, y en eso seguiremos.

Respecto al proyecto que crea el Servicio Nacional Forestal, también hemos identificado deficiencias que requieren ser abordadas, y hemos sido proactivos participando ante las Comisiones del Congreso y de mesas técnicas conformadas para mejorar el articulado. Esa es nuestra tarea y a ella estamos abocados. Entre otras cosas, hemos insistido en una inequívoca asignación de todos los aspectos de la gestión forestal pública al nuevo servicio forestal, eliminando del articulado cualquier posible subordinación en materia regulatoria de los bosques y otras formaciones vegetales al recientemente creado Servicio de Biodiversidad. La colaboración debe partir reconociendo quién es el servicio responsable de la gestión de los bosques y ese debe ser el servicio forestal.

Seguiremos trabajando, junto al conjunto de actores del sector, en el paradigma de la bioeconomía y de la sustentabilidad basada en el uso sustentable de los recursos forestales, sean estos bosques naturales o plantados. Nuestro llamado es que todos nos unamos detrás de dicho paradigma.