Las lluvias no moderan la urgencia de nuestra crisis hídrica

No son solo las precipitaciones ni el uso doméstico lo que determina nuestro futuro ante la falta de agua. En este problema de creciente urgencia debe haber también una coordinación entre actores clave y la institucionalidad, recuerda la siguiente columna para CIPER firmada por un investigador de la iniciativa Ciencia 2030 UC: «La solución a este problema multifactorial debe abordarse de manera integral, considerando propuestas técnicas, regulatorias y colaborativas entre el sector público, privado, la academia y la sociedad civil. Es crucial implementar acciones para optimizar la gestión de los recursos hídricos en escenarios futuros de escasez, donde los avances tecnológicos y científicos tendrán gran relevancia.»

La escasez de agua es un problema de gran preocupación en todo el mundo, y cuyo debate se extiende hoy más allá de los círculos científicos. Se proyecta que en los próximos años los recursos hídricos en diversas regiones enfrentarán presiones sin precedentes, debido al continuo crecimiento poblacional, cambios en los patrones de consumo y el impacto del cambio climático [LIU et al. 2017; KUMMU 2016]. En el caso de Chile, la prolongada sequía que ha afectado al país en la última década ha tenido un impacto significativo, con el 53% del territorio nacional en estado de sequía y el 23% en estado de desertificación [CONAF y MINISTERIO DE AGRICULTURA 2020].

Conflictos regionales, desarrollo económico limitado y —peor aún—  condiciones de vulnerabilidad que se profundizan en territorios con desigualdades sociales y económicas históricas son algunas de las consecuencias [POLÍTICAS PÚBLICAS UC 2022; FERNÁNDEZ et al. 2023]. Este escenario representa una amenaza para la seguridad hídrica del país en el futuro y resalta la urgencia de implementar medidas para garantizar la disponibilidad de agua, tanto para el consumo humano como para todos los sectores económicos.

De más está decir que las recientes lluvias en Santiago están lejos de quitarle urgencia a esta amenaza. De hecho, una  lista hace poco difundida por el World Resource Institute (WRI) ubica a nuestro país entre aquellos de la región que en las próximas décadas enfrentarán mayor estrés hídrico, llegando al punto de quedarnos sin agua potable para el 2050. A lo anterior se suma el ingreso, esta semana, de indicaciones al proyecto de Ley de Desalación de Agua de Mar, una de las iniciativas destacadas por el presidente Boric en su reciente Cuenta Pública, y que forma parte de los 21 proyectos incluidos en el fast-track legislativo del pacto por el crecimiento económico del gobierno.

Pero hay preguntas básicas que siguen sin respuesta clara: ¿Cómo abordamos integralmente el problema?; ¿Qué medidas implementar y priorizar?

Para hacer frente a la crisis hídrica, es esencial contar con una institucionalidad especializada que esté alineada con las problemáticas actuales y centrada en el desarrollo de soluciones sostenibles. Sin embargo, lamentablemente, la gestión de los recursos hídricos en Chile se enfrenta a un desafío crucial, debido a la amplia dispersión de organizaciones que tienen injerencia en la gestión del agua [ONU 2021; BOETTIGER 2019]. En nuestro país existen 43 instituciones que desempeñan más de cien funciones relacionadas con la gestión hídrica [BANCO MUNDIAL 2013], lo que resulta en una importante fragmentación e ineficiencia en la toma de decisiones. Este diseño institucional conlleva una amplia dispersión de funciones entre diversos actores e ineficiencias operativas.

Ante todo lo anterior, resulta evidente la necesidad de un cambio o adaptación de las instituciones para hacer frente a los escenarios de crisis y seguridad hídrica.

Si bien hay muchas mejoras potenciales, algunas acciones concretas deberían enfocarse en lograr la integración de funciones entre diferentes reparticiones, con el fin de reducir la duplicidad de funciones y evitar problemas de descoordinación [ibíd]. Asimismo, es crucial contar con información suficiente y de calidad para apoyar la toma de decisiones, especialmente en lo que respecta a los derechos y usos del recurso. Por otra parte, las entidades públicas deben mejorar las estrategias territoriales de planificación y gestión del recurso, así como integrar competencias técnicas clave para potenciar la fiscalización [ibíd]. Se hace necesario implementar una gestión integrada a nivel de cuenca, aspecto que debería mejorar con la implementación de los consejos de cuencas. Garantizar la seguridad hídrica involucra un abordaje urgente a estas carencias y desequilibrios en la institucionalidad, para así lograr mejorar la gestión, manejo, suministro y cuidado del recurso.

EL ESCENARIO HÍDRICO POR VENIR

La actualización del balance hídrico nacional de la Dirección General de Aguas (DGA) para el período 2030-2060 proyecta un escenario preocupante, el cual incluye la reducción de más del cincuenta por ciento en la disponibilidad hídrica en las zonas Norte y Centro del país. Según este estudio, en las últimas tres décadas se ha observado una disminución en los caudales de agua superficial en las cuencas de los ríos Aconcagua, Maipo, Rapel, Mataquito y Maule que oscila entre un 13% y un 37%. Estos cambios tendrán un impacto significativo en las zonas rurales, donde la disponibilidad del recurso está cada vez más limitada. [FUNDACIÓN AMULÉN 2020]

Se plantea que la reducción de las precipitaciones y la subsiguiente sequía meteorológica son principales impulsores de la crisis hídrica. Sin embargo, y según la iniciativa «Escenarios Hídricos 2030″ de Fundación Chile, más del 40% de los problemas relacionados con el riesgo hídrico están asociados a deficiencias en la gestión e institucionalidad del agua. Esto resalta, una vez más, que la falta de coordinación entre los actores clave y la dispersión en la institucionalidad son factores críticos que profundizan el problema de seguridad hídrica del país.

La solución a este problema multifactorial debe abordarse de manera integral, considerando propuestas técnicas, regulatorias y colaborativas entre los sectores público, privado, la academia y la sociedad civil. Es crucial implementar acciones para optimizar la gestión de los recursos hídricos en escenarios futuros de escasez, allí donde los avances tecnológicos y científicos tendrán gran relevancia. Entre estas acciones se incluyen:

●la implementación de la desalinización como una opción para mejorar la disponibilidad del recurso, considerando la factibilidad técnica, la sostenibilidad y la mitigación de sus impactos ambientales derivados;

●la adopción de «soluciones basadas en la naturaleza» —tales como techos verdes o humedales artificiales— para la restauración de ecosistemas;

●la reducción de las pérdidas de agua en redes de distribución y en sistemas de riego agrícola, donde las pérdidas por ineficiencia en algunos casos superan el 50%;

●el reúso planificado de las aguas residuales urbanas para aliviar la presión sobre los recursos hídricos y mejorar su calidad y disponibilidad;

●finalmente, existe una necesidad urgente de cambiar el paradigma de la gestión del agua hacia un modelo que promueva la circularidad y sostenibilidad del recurso, con el ejemplo de países como Israel, Australia y España, que han dictado pautas en esta materia.
 
 

***
 
¿Tendrá Chile seguridad hídrica para el 2050? Se trata de una pregunta compleja de responder, ya que los escenarios futuros son bastante desalentadores. Sin embargo, la implementación de acciones y planes preventivos adecuados podrían mejorar la gestión del recurso y evitar —o, al menos, posponer— «el día cero» en el que ciertas ciudades de Chile se queden sin agua [ÁLVAREZ-GARRETÓN 2023]. Para alcanzar seguridad hídrica, será necesario desarrollar un plan integrado que contemple aspectos políticos, regulatorios, legislativos, técnico-tecnológicos y sociales, incluyendo educación. Es crucial establecer una institucionalidad que aborde el desafío de manera preventiva y con enfoque territorial [ibíd]. En las cuencas del centro-norte del país, es urgente trazar un plan con metas e indicadores de éxito para mitigar los impactos de la sequía. La coordinación entre los diferentes actores es clave para evitar la dispersión y las ineficiencias en la gestión del recurso. Aunque el desafío es grande, el punto de partida es alinear voluntades de todos los sectores en pos del beneficio común y la sustentabilidad hídrica del país.