Esposa de exdirector de la PDI sancionada por el SII: omitió valor total de propiedad que, según la fiscalía, fue comprada con gastos reservados

María Magdalena Neira es esposa del exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, y funcionaria del Servicio de Impuestos Internos (SII) hace más de 30 años. El organismo inició un sumario luego de que el Ministerio Público imputara al matrimonio por la compra de un departamento en Las Condes con dinero -presuntamente- extraído de los fondos reservados de la policía civil. La indagatoria interna del SII corroboró que, en una declaración jurada, Neira cometió una falta respecto del mismo inmueble: en vez de transparentar la cifra que desembolsó para su adquisición -como indica la norma-, anotó la tasación fiscal, que era 54% menor. En su dictamen final, el SII estableció que este hecho estuvo destinado “al menos a distorsionar o a ocultar el verdadero monto total de los bienes constitutivos de su patrimonio”.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) multó a María Magdalena Neira, funcionaria y esposa del exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, por no transparentar todo su patrimonio en una declaración jurada que emitió como empleada pública en 2019. A través de un sumario, el organismo comprobó que, en esa ocasión, Neira incluyó la tasación fiscal de un departamento que compró un año antes en Las Condes y no el monto que pagó por él, como se estableció en un oficio interno del SII de 2007. Este valor era 54% más alto que el que declaró.

La investigación interna del SII comenzó el 18 de agosto de 2021. Una semana antes, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) anunció que presentaría una querella contra Espinosa y quienes resulten responsables por malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos y lavado de activos.

En la resolución que dio pie al sumario sobre Neira, el SII explicó que su objetivo sería establecer, independiente de lo que ocurriera en tribunales, “si se encuentra además comprometida la responsabilidad administrativa de la funcionaria” en los actos vinculados a su esposo. El proceso se extendió hasta comienzos de 2024, cuando Impuestos Internos confirmó que Neira cometió una falta al declarar solo la tasación fiscal del departamento que compró en 2018, le aplicó una multa del 20% de su sueldo y la investigada no apeló su sanción.

Durante el proceso, Neira –que ingresó hace 33 años al SII y desde 2015 trabaja en la Oficina de Bienestar de la institución– afirmó que no conocía el oficio que la obligaba a anotar el valor que pagó por el inmueble en la declaración del año siguiente de la compra. En el dictamen final del sumario, firmado por la fiscal y la actuaria a cargo de la investigación, se aludió directamente a este punto:

– “Si bien la sumariada argumenta que siempre creyó que era la tasación fiscal la única manera de declarar el valor de los bienes inmuebles de su patrimonio, no parece razonable que, siendo funcionaria de esta institución desde el año 1991, desconozca la normativa interna que regula esta materia”.

El mismo documento subrayó la gravedad de la falta que cometió Magdalena Neira en vista del proceso penal que se desarrollaba en paralelo:

-“El comportamiento que se reprocha no corresponde a una simple omisión, pues significó en este caso, una disminución ostensible en el monto del patrimonio total declarado ante el Servicio de Impuestos Internos por la funcionaria y se encuentra referido particularmente a la adquisición de inmuebles, respecto de los cuales se encuentra además formalizada por el delito de lavado de activos por el Ministerio Público, desde octubre de 2021, hecho público y notorio respecto del cual (…) no es óbice para considerar dicha omisión no como un mero error, sino como una actuación destinada al menos a distorsionar o a ocultar el verdadero monto total de los bienes constitutivos de su patrimonio en esa época”.

Tal como informó CIPER hace tres años, esa adquisición levantó un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) por el volumen de dinero que involucró: $398 millones, de los cuales $254 millones fueron pagados mediante vales vista.

Esa fue la primera pista que puso a Espinosa y a Neira en la mira del Ministerio Público (vea aquí el reportaje de CIPER), quien luego lo formalizó por haber sustraído gastos reservados de la PDI y pidió 20 años de cárcel por malversar cerca de $100 millones de esos fondos. El abogado Luis Hermosilla asumió la defensa de Espinosa en esa causa.

De acuerdo con Fiscalía, el departamento que adquirió Neira en 2018 –el mismo que fue objeto de investigación en el SII– fue pagado con dinero extraído de los gastos reservados de la policía civil.

Revise aquí la resolución del SII completa.