La condonación del CAE es muy cara, pero puede no ser regresiva

Un análisis caso a caso, que compare a cada deudor en su mérito, propone la siguiente columna para CIPER para diseñar una política pública destinada a quienes adeudan el costo de su educación superior: «Es necesario considerar el concepto de justicia redistributiva, de acuerdo al cual […]  las oportunidades pueden y deben ser diferentes según la situación inicial de cada uno».

El gobierno anunció en estos días la presentación de un proyecto referido a la condonación —en algún grado— de las deudas de quienes estudiaron educación superior con Crédito con Aval del Estado (CAE). Del proyecto que se presentará «antes de septiembre» se desconocen aún aspectos sustantivos —políticos y/o técnicos y financieros—, más allá de algunas condiciones muy generales. De todos modos, ha despertado un altisonante debate público, que parece ir más allá de la coyuntura política, o del grado de adhesión o rechazo a la administración de Gabriel Boric.

Creemos que antes de conocer el proyecto debiese primar la prudencia, ya que estamos frente a una oportunidad para comprender el sentido de la génesis del CAE y las implicancias de su incorrecto diseño, que son elementos fundamentales para alcanzar una resolución adecuada y posible de sus principales efectos negativos sobre la equidad inicial y la actual de quienes han sido participes de este instrumento financiero. No queremos que con la educación superior termine sucediendo lo que este mes hemos visto con la aprobación de la Ley corta ante la crisis de las isapres, una resolución intrínsecamente injusta para con sus clientes y con la industria general de la Salud en nuestro país (que sean los mismos afiliados quienes se hagan un «autopréstamo para pagarse las deudas a sí mismos», es a todas luces inverosímil, por decir lo menos) [ver más en CIPER-Opinión: “Ley Corta de Isapres: triunfó el liberalismo“].

Más allá del aumento de estudiantes con acceso a la educación superior —y, a la vez, de la objetiva debilidad de la política pública para fiscalizar debidamente al total de carreras ofrecidas—, hoy sabemos que el diseño original del CAE no fue el más adecuado, pues consideró una tasa de interés real muy alta a los beneficiarios (6%; más tarde reducida al 2%, aunque con cargo al fisco), que si bien hoy posee correctores de pago asociados a los ingresos económicos contingentes, ha hecho a muchas personas pagar bastante más de los dineros que recibieron. Sucede, también, que sus proyecciones de demanda iniciales fueron superadas sin pausa en su primera década de aplicación (nueve veces por sobre lo previsto), lo que implicó un compromiso de recursos públicos mucho más alto del esperado para poder dar garantía y viabilidad financiera de los compromisos con el sistema bancario.

Finalmente, no debe perderse de vista que fueron los propios fallos de diseño del CAE los que impulsaron con fuerza la política de gratuidad aplicada masivamente en el país desde el 2016 a la fecha. No deja de ser una paradoja que el CAE, por una parte permitiera la expansión masiva de la matrícula y, por otra, fuese el detonante de la viabilidad política de la gratuidad. 

UN ALTÍSIMO COSTO PARA EL FISCO

¿Qué sabemos hoy sobre los recursos públicos que compromete la permanencia del CAE y la eventual condonación a sus deudores?

i) el gobierno ha señalado que el proyecto anunciado no implicará recursos traspasados de otras partidas presupuestarias;

ii) según los comunicados oficiales hasta la fecha, la idea es rediseñar la política de financiamiento de la educación superior en Chile, respecto de la cual el CAE estaría autocontenido;

iii) en el presupuesto 2024, la línea de educación superior es la segunda en importancia, y representa el 20,2% del total de dineros de los que dispone el MINEDUC;

iv) al mismo tiempo, la amortización del CAE para este año se incrementa en un 53,5% respecto a 2023.

Según informe 2023 de Horizontal (centro de estudios asociado a Evópoli), el costo total de una condonación universal del CAE le costaría al fisco US$11.270 millones; aproximadamente, el 3,7% del PIB. Para los beneficiarios cuya deuda supera el valor inicial del crédito (522.104 personas), la condonación es de US$5.160 millones (1,7% del PIB); y para quienes mantienen un saldo remanente previo a 2012 (343.025 personas), el gasto público sería de US$4.240 millones (1,4% del PIB). El informe también atribuye un costo de US$3.200 millones (1,1% del PIB) para aquellos deudores con garantía ejecutada (332.443), y menos de la mitad de esa cifra (US$1.240 millones) para quienes desertaron de sus estudios (176.289, personas).

De acuerdo a ese informe hecho público en diciembre pasado, sabemos que, de los beneficiarios del CAE, el 43% está al día y el 57% morosos. Es innegable que toda política de condonación de deudas en cualquier área —sea por morosidad o garantía ejecutada— puede inducir a incentivos perversos en quienes están pagando su crédito.

JUSTICIA DISTRIBUTIVA

Si bien compartimos con Horizontal y con otros diversos analistas el hecho de que la condonación del CAE es una medida altamente costosa, no estamos de acuerdo con el juicio sobre su regresividad (creemos, de hecho, que existen mecanismos que podrían evitarlo). Lo primero es de suyo evidente —pues, en caso contrario, su solución sería simple y no reportaría los comentarios políticos a favor y en contra que se han levantado—, pero no así lo segundo,

Recordemos que todos los sujetos de crédito estaban en una situación inicial que requería del CAE para poder estudiar; situación que es claramente injusta, e incluso inmoral, pues eran personas capaces —como lo demostraron en su gran mayoría— que dependían de un impulso económico para lograrlo. Sin embargo, el diseño técnico del instrumento fue claramente inapropiado y gravó a muchos de sus «beneficiarios» con deudas muy altas; que sí terminaron siendo regresivas (y que como tales son injustas, aunque haya quienes las pagasen).

Es necesario que el debate en desarrollo considere el concepto de justicia redistributiva, según el cual una sociedad asume que una política equitativa ha de garantizar que todos quienes proyecten un determinado objetivo tengan acceso a las oportunidades y recursos a partir de la situación propia en los que cada uno se encuentra. Por lo mismo, las oportunidades pueden y deben ser diferentes según la situación inicial de cada cual.

Producto del individualismo extremo que caracteriza desde hace años a la sociedad chilena, es complejo asimilar que toda convivencia justa —todo pacto social sólido, digamos— requiere de un arraigado sentimiento comunitario, según el cual la ciudadanía está educada en una preocupación por el conjunto de sus componentes. La justicia requiere de políticas que corrijan las desventajas sociales y económicas, y que otorguen oportunidades equitativas de triunfar en lo que cada uno se propone. El pacto social se sostiene en el acuerdo de que cada uno de sus miembros aporta a los demás para el beneficio común.

En tal sentido, aún aparece fuera de este complejo debate la identificación, con datos que hoy existen en el SII y la TGR, sobre qué ha significado para cada beneficiario los compromisos CAE. Es muy distinto comparar al profesional que pudo pagar su crédito y quedó con capital para salir adelante, respecto de a quien el pago del CAE le ha perjudicado su calidad de vida. Se requiere un análisis caso a caso, y a partir de ello, proponer medidas posibles de corrección de las injusticias detectadas, partiendo de las más manifiestas. Para esto no es necesario inventar la rueda, pues hay experiencias internacionales Interesantes en la materia. Tomar decisiones en el marco descrito implica tomar en cuenta que no es lo mismo condonar deudas parciales que totales, así como tampoco es justo socialmente condonar las deudas de quienes se han graduado de profesiones lucrativas, ni tampoco anular el crédito a personas que han logrado un alto patrimonio. Los anteriores ejemplos sí son claramente regresivos, siempre desde la perspectiva del sentido redistributivo de oportunidades, que es la razón fundante de estos instrumentos de política. Pero no son el total de los casos, ni, por ello, debiesen considerarse como el universo general.