Los que están en los diarios pueden desaparecer. El cierre de Télam en Argentina

La reducción de fondos públicos para diversos servicios estatales marca hasta ahora el gobierno de Javier Milei, en Argentina. Ahí está también la situación de la mayor agencia de noticias de Latinoamérica, con orden de cierre desde inicios de marzo y con sus corresponsalías provinciales suspendidas desde este mes. La crítica situación es una amenaza para toda la prensa regional, sostienen los autores de la siguiente columna para CIPER. [foto: ©Somos Télam]

La enorme mayoría de las agencias noticiosas internacionales en el mundo son de propiedad estatal. Era el caso de la argentina Télam, creada en 1945; la agencia más grande de América Latina. Era. Porque el primero de marzo pasado, el presidente de Argentina, Javier Milei, anunció su cierre. Esa misma jornada, el vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, escribió, sardónico: «Saluden a TÉLAM que se va…». Ofuscado le respondió quien hasta ese momento era uno de los periodistas de la agencia: «Somos 700 personas, 700 trabajadores, 700 familias de las que te reís. Yo en tu lugar sentiría pena, pero bueno burlarse desde el gobierno parece que es el modus operandis».

La noticia no ha hecho más que profundizarse este mes. El pasado 2 de mayo —justo en la  semana en que la UNESCO conmemoraba el Día Mundial por la Libertad de Prensa— el gobierno argentino difundió un comunicado oficial con la orden del cierre de once corresponsalías provinciales de la agencia (Chaco, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Fe, Córdoba, Corrientes y Mendoza). La noticia coincide con el anuncio de que Argentina ha descendido veintiséis puestos en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2024 que elabora anualmente Reporteros Sin Fronteras (queda en el nº66 de 180; por debajo de Chile, hoy también en un opaco puesto 52). Se lee allí:

La alta concentración y la opacidad de la propiedad de los medios, la polarización, la ausencia de políticas públicas para garantizar la pluralidad, así como la precarización del ejercicio del periodismo constituyen las principales amenazas a la libertad de prensa en Argentina. Todo ello abona el terreno para las presiones por parte del gobierno y las empresas a través de la publicidad privada y estatal, y del uso partidista de medios públicos nacionales, provinciales y municipales. La llegada al poder de Javier Milei, abiertamente hostil con la prensa, marca un nuevo y preocupante punto de inflexión para la garantía del derecho a la información en el país.

Telam es hoy una agencia intervenida. Tras el anuncio del presidente Milei sobre su cierre, hace dos meses, la policía bonaerense valló las instalaciones de sus dos edificios en Buenos Aires, su sala de redacción fue vaciada y su web sigue «en reconstrucción» al momento de editar este artículo. No hay claridad sobre su futuro. La acción se deriva de un decreto del gobierno de La Libertad Avanza publicado en febrero, a través del cual se anunció la intervención de los medios públicos (que, además de Télam, incluyen Radio y Televisión Argentina, la empresa de Contenidos Públicos y el portal Educ.Ar). Según el comunicado oficial se busca con ello «una mayor eficiencia en el funcionamiento del sector público», lo cual se inserta en los congelamientos y recortes masivos a una serie de otras instituciones con financiamiento público [ver en CIPER-Opinión: “La motosierra y la licuadora argentina contra la investigación científica“].

No es el primer golpe a Télam. Ya en 2018, el gobierno macrista despidió a casi el 40% de los trabajadores acusando que la agencia era una máquina propagandista kirchnerista. Algunos de los despidos fueron revertidos por la justicia laboral. En esta ocasión, distintas organizaciones locales e internacionales advirtieron el riesgo para la libertad de prensa y el acceso a la información que implica la clausura de Télam, como los sindicatos de trabajadores de prensa argentina o la Asociación de Corresponsales Extranjeros en Argentina. Sus trabajadores levantaron una web alternativa, <somostelam>.

Además de los más de setecientos trabajadores, Télam producía mensualmente más de 12.000 cables, 6.000 fotografías, 400 videos y un centenar de audios que recibían más de ochocientos clientes y medios, públicos y privados, y con una enorme presencia en las provincias argentinas donde otros medios no llegan. Su archivo documental y fotográfico, de más de un millón de negativos, por ejemplo, es un patrimonio cultural de la historia argentina del último siglo.

«Es lamentable que el presidente Javier Milei pueda anunciar, de un día para otro, la muerte de una agencia de noticias activa en el país desde hace casi ocho décadas. El desmantelamiento de los medios públicos supone un riesgo real para el pluralismo en Argentina», expresó el director de la Oficina de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en América Latina, Artur Romeu.

Durante su mandato, hasta ahora Milei nunca ha ofrecido una conferencia de prensa, elige muy selectivamente a qué medios darles entrevistas, y públicamente a calificado a algunos periodistas de «bruto», «imbécil» y de escribir «cada pelotudez».
 
 

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La incertidumbre por el futuro de Télam recuerda el desdén en Chile al diario La Nación, también de carácter estatal y creado por el abogado y periodista Eliodoro Yáñez en 1917. Sebastián Piñera, tras llegar al gobierno en 2010, cumplió su promesa y lo cerró dos años más tarde, luego de un tira y afloja durante su campaña presidencial con los periodistas de este medio, que lo llevó a prohibirles ingresar a un acto de campaña. Aunque su lectoría iba en caída, su cierre atomizó aún más la concentración de los medios de comunicación en el país. La Nación, que en dictadura fue un deleznable megáfono de la Junta Militar, poseía un nutrido archivo centenario que astutamente compró la privada Universidad Diego Portales, materiales que son parte del patrimonio nacional y que se menospreciaron con su cierre.

En la experiencia latinoamericana, los medios estatales siempre han funcionado como espejos de los gobiernos. Esto es más claro aún en el caso de las agencias internacionales, un tipo de instituciones que también cumplen funciones geopolíticas, como demuestra la historia centenaria de las agencias internacionales de noticias de origen inglés o francés o español, por ejemplo, nacidas al alero de la expansión colonial y mercantil y de la constitución de los Estado-nación modernos. Las empresas informativas o comunicacionales estatales, al compararlas con las privadas, obedecen de la misma manera a intereses específicos, definidos por líneas editoriales. Los mecanismos de gobierno corporativo o institucional, público o privado; las fuentes de financiamiento y los filtros para asegurar la mayor independencia posible por vía de mecanismos de control cruzados y, con ello, las exigencias de transparencia y accountability hacia las audiencias son dimensiones que permiten atenuar las posibilidades de resultar hipercontrolados por los poderes de turno, ya sean públicos o privados.

La pluralidad de los medios es un grave problema en Latinoamérica, donde los grandes grupos económicos han entendido la importancia de crecer como conglomerados con intereses cruzados en empresas de telecomunicaciones, televisión abierta y pagada, prensa impresa, medios nativos digitales; que, a su vez, forman parte de holdings con intereses en otras áreas de la economía (como la minería, la banca o el retail, por ejemplo). El anuncio de cierre de Télam no es el único caso en que la máxima autoridad de gobierno decide silenciar medios públicos en América Latina. En México, el presidente Manuel López Obrador (AMLO), en las antípodas políticas respecto a Milei, hizo lo mismo que su símil argentino y en 2023 cerró Notimex, la agencia estatal del país de América del Norte creada en 1968. AMLO acusó que «las mañaneras» —larguísimas ruedas de prensa que celebra todos los días, a primera hora, para abordar temas de su interés, y que evocan a los espacios mediáticos que creó en su momento el expresidente venezolano Hugo Chávez— eran suficiente como comunicación pública y que su gobierno no necesitaba tal agencia. El dignatario mexicano ha tenido una posición beligerante con la prensa de su país, a quienes ha atacado constantemente con epítetos como «hampa del periodismo», «prensa fifí» y «conservadores». En el ránking de RSF sobre libertad de expresión de 2024, México se ubicó en el puesto 121, considerado «uno de los países más peligrosos y mortíferos del mundo para los periodistas» y uno de los que registra una de las mayores concentración mediática del mundo.

La mera existencia de agencias de noticias con participación total o parcial de los Estados no resuelve todos los males de la precariedad del periodismo ni de sistemas mediáticos poco pluralistas. Pero su desaparición, como la de Télam o Notimex, sí afectan tal escenario, sobre todo allí donde no hay medios públicos robustos. Como canta Charly García, los que están en los diarios pueden desaparecer.