17 de mayo – Día Mundial de internet

Así como nuestro país celebra cifras récord de acceso y uso de la red, se mantienen brechas digitales importantes, sobre todo para personas mayores de 60 años y/o de menores recursos. En columna para CIPER, un grupo de investigadores en el tema comparte estadísticas de encuestas recientes, que recuerdan, entre otras cosas, que «la expectativa del Estado de que todos puedan hacer sus trámites en línea es, en el mejor de los casos, ilusoria.»

Hoy se celebra el Día Mundial de Internet, justo a un mes de que el Congreso de Chile despachara a ley el proyecto que la reconoce como un servicio público de telecomunicaciones. A pesar de haber estado seis años en discusión, la promulgación de esta ley es muy oportuna. Recordemos que hace unos meses dejó de funcionar la televisión analógica en Chile (hoy toda la transmisión es digital). Además, casi todos los trámites con el Estado se hacen actualmente en línea [RNT 2023]. Según datos de Gobierno Digital, existen más de quince millones de «claves únicas» activas, y casi dos mil trámites online que utilizan este identificador.

Los datos de cobertura y conectividad dan para pensar que estamos preparados para enfrentar desafíos. Según la última encuesta de acceso y usos de internet de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el 94,3% de los hogares declara tener acceso a internet. Además, Chile lidera el despliegue del 5G en Latinoamérica con 3,8 millones de conexiones de este tipo [SUBTEL 2024].

Sin embargo, estas cifras esconden profundas brechas digitales. Por lo mismo, la expectativa del Estado de que todos puedan hacer sus trámites en línea es, en el mejor de los casos, ilusoria; especialmente, si pensamos en personas mayores, de sectores rurales o de estratos socioeconómicos más bajos. Esta digitalización del Estado, si bien valorable, puede acentuar aún más las desigualdades en el país si es que no va aparejada con políticas que consideren estas realidades digitales dispares.      

Recientemente, un estudio sobre inclusión digital [Fondecyt 1210740 y Núcleo Milenio en Desigualdades y Oportunidades Digitales] reveló varias brechas que muestran los riesgos de pensar que todos estamos conectados por igual.

Esta encuesta cara a cara es representativa de varios sectores urbanos y rurales a lo largo del país. Muestra que solamente una de cada cuatro personas encuestadas mayor de 60 años y apenas el 43% de las personas de niveles socioeconómicos más bajos sabe cómo conectarse a una red wifi inalámbrica. En contraste, en los estratos socioeconómicos más altos este porcentaje asciende al 98%. Más aún, alrededor del 80% de los encuestados mayores de 60 años no sabe descargar una foto que encontraron en internet, abrir una nueva página en el navegador, crear una cuenta en una red social ni marcar una página de internet que le sea interesante.

¿Cómo lo hacen, entonces, las personas que están obligadas a digitalizarse, pero no tienen las habilidades digitales necesarias? La respuesta es que piden ayuda a otros individuos, como hijos u otros familiares, a líderes vecinales o a funcionarios municipales. Sin embargo, si no tienen acceso a esas redes cercanas de intermediación digital, es muy posible que deban transar estos servicios.

No es poco común que para las personas migrantes exista una red no cercana de intermediación que ofrezca el servicio de realizar trámites digitales. Tampoco es inusual que en la actividad política en sectores rurales se observen operativos clientelares que involucran el apoyo a trámites digitales a cambio de asegurar preferencias electorales. En ambos casos, las personas más desventajadas tienen una suerte de impuesto extra para poder navegar el moderno Estado digitalizado.

Actualmente son 1.787 los trámites que se pueden hacer en línea con la Clave Única [RNT 2023]. Sin embargo, los datos de la encuesta de inclusión digital muestran que un 79% de las personas mayores de 60 años nunca han usado clave única para realizar trámites con el Estado. Casi dos tercios (64%) de las personas pertenecientes a los niveles socioeconómicos más bajos (D-E) y más de la mitad (58%) de las personas que viven en zonas rurales nunca lo han hecho. En muchos de estos casos, alguien más ha tenido que hacer la gestión por ellos.
 
 

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No es de extrañar, entonces, que en nuestra país hoy existan beneficios estatales que no están llegando a todos por igual. Un 91% de las personas mayores de 60 años encuestadas por el citado estudio nunca ha postulado a algún beneficio social ni a  subsidio por internet, y lo mismo sucede con más del 80% de las personas de niveles socioeconómicos más bajos (D-E) o que habitan sectores rurales.

Así, para todo el potencial que ofrece internet y la transformación digital es importante también considerar que la digitalización no llega a todas partes por igual. Las desigualdades que aquí planteamos dan cuenta de que segmentos importantes de la población, típicamente más marginados, se están quedando abajo en estos esfuerzos por llevar todo al mundo online, lo que puede terminar por exacerbar varias de las brechas ya existentes en los ámbitos social, político e informativo. La inclusión digital es asunto multidimensional y el desafío está, precisamente, en no olvidarse de aquellos más vulnerables. 
 
 

*Firman esta columna: Teresa Correa, Ingrid Bachmann, Sergio Toro, Juan Carlos Castillo y Sebastián Valenzuela (Núcleo Milenio en Desigualdades y Oportunidades Digitales – NUDOS).