La Ley de Estabilización Tarifaria no cumplirá su promesa

Promulgada a fines de abril, la nueva legislación sobre costos de uso de la electricidad para usuarios particulares —lo que todos llamamos «cuenta de la luz»— no tendrá los beneficios de mitigación en las tarifas que originalmente proyectó con ella la autoridad, describe en columna de opinión para CIPER un especialista en la materia: «Para la gran mayoría de los consumidores, el próximo semestre traerá alzas de alrededor de un 30% respecto a lo que actualmente pagan, y para el próximo año estas serán de al menos un 40%, una vez sumado el cargo extra de $22 por kWh que trae consigo la ley».

Con la entrada en vigencia, a fines del mes pasado, de la Ley de Estabilización Tarifaria, se actualizarán en todo el país las tarifas eléctricas de uso particular. Así, de aquí al próximo año los hogares chilenos enfrentarán alzas de más del cuarenta por ciento en sus «cuentas de la luz». Pese a haber sido presentada como una solución a las alzas, esta nueva ley es en realidad más bien un plan de pago a favor de las empresas generadoras. Tal como hemos comentado en este mismo espacio, la ley incorpora un «subsidio transitorio» que en realidad no garantiza alivio a largo plazo para los usuarios, pues solo dura hasta 2026. Su entrada en vigencia obliga a que una «mesa técnica» vuelva a discutir ahora cómo bajar la tarifa y crear un mecanismo de subsidio efectivo de ahora en adelante.

A pesar de que el proyecto de estabilización tarifaria estaba comprometido para ser ingresado en octubre del año pasado, el Senado no lo recibió sino hasta enero de 2024. Bajo la promesa del ministro de Energía de que la nueva Ley «minimiza el impacto en el bolsillo de consumidores», hubo un trámite expedito y una aprobación unánime. En su paso hacia la Cámara surgieron, al fin, algunas discrepancias con el texto.

La principal crítica se concentraba en la falta de información. Se acusó al proyecto incluso de ser «engañoso y poco transparente», por cuanto mostraba resultados inmediatos y no las considerables alzas sucesivas. Durante la tramitación, la insistencia por información oficial de la diputada Marcela Riquelme terminó por obligar al ministro Pardow a comprometerse «a indicar con gráficos y comparar las alzas» de la aprobación de la ley [COMISIÓN MINERÍA Y ENERGÍA 2024, p. 16]. Sin embargo, hasta hoy dicha información nunca llegó.

De igual forma, el proyecto se aprobó, pero sin el voto unánime que había tenido en el Senado. Mientras la diputada Marlene Perez (Ind-UDI) hasta el último minuto le solicitaba al ministro comunicar las alzas reales «de cara a la ciudadanía», la diputada Karol Cariola  (PC) expresaba que legislar así era «votar a ciegas».

El martes 30 de abril la ley quedó promulgada.

ALZAS MAYORITARIAS

¿Realmente mitiga las alzas en nuestras «cuentas de la luz» esta nueva Ley de Estabilización Tarifaria?

Si analizamos los números expuestos por el Ministerio de Energía y expertos, la verdad es que los números no solo no calzan, sino que además demuestran que el proyecto apenas «mitigó» o le «generó un alza menor» a solo un 5% de los consumidores, a cambio de un alza considerablemente mayor para el otro 95%. En la TABLA 1 resumo y comparo los datos de las alzas respecto de la tarifa actual que se expusieron con ejemplos concretos mientras se tramitó el proyecto, comparando así la situación antes y después de este. 

De esta manera, podemos ver que, para la gran mayoría de los consumidores, el próximo semestre traerá alzas de alrededor de un 30% respecto a lo que actualmente pagan, y que para el próximo año estas serán de al menos un 40%, una vez sumado el cargo extra de $22 por «kilowatt-hora (kWh)» que trae consigo la ley. La promesa de la ley en cuanto a «mitigar alzas», podemos decir, entonces, que no tiene más de un cinco por ciento de verdad.

La nueva ley hace que a partir de 2025 todos los consumidores volvamos a tener la misma tarifa, independiente de nuestro nivel de consumo. Esto siempre había sido así hasta antes de la actualización de tarifas del año 2023, que fue producto de la Ley PEC 2, la cual creó una «mesa de pobreza energética» que —luego de sesionar por meses, con distintos ministerios, parlamentarios y expertos— determinó que era un error establecer «que un menor consumo eléctrico implica mayor condición de vulnerabilidad». Acá la pregunta que cae de cajón para la actual administración del Ministerio de Energía es, ¿en qué se basaron y cuáles fueron los criterios para modificar las tarifas en relación al nivel de consumo de la Ley PEC2 que empujó este gobierno y que esta nueva ley echa para atrás?

En todo caso, hay que recordar, que las alzas no son exactamente iguales en todo Chile [ver columna previa del autor en CIPER-Opinión del 03.01.2023]. El GRÁFICO 1 muestra el costo ponderado por kWh actual, y allí se visualizan las diferencias de hasta un 30% entre regiones. 

Es preocupante que, justo antes del invierno, el Ministerio de Energía no transparente ni transmita las alzas reales que provoca la ley, sobre todo para ciudadano/as de las regiones del centro hacia el sur, donde quienes ocupan calefacción eléctrica verán cuánto les sube la hora de calor. Habría sido de esperar que la autoridad difundiese a estas alturas información detallada según región, para que así los usuarios pudieran tomar decisiones a tiempo ante el frío.

«PLAN DE PAGO»

Quienes sí se verán beneficiadas con la nueva ley serán las empresas generadoras. El texto aprobado se hace cargo de crear un «plan de pago» para que los consumidores regulados —entre ellos, la ciudadanía— salden una deuda anunciada de US$6.000 millones con las empresas, la cual crece a un ritmo de US$3 millones diarios por los atrasos en la actualización de tarifas. Desde que comenzó la política del endeudamiento en 2019 (Ley PEC 1) —continuada en 2022 con la Ley PEC 2—, lo que básicamente se hizo fue dejar «congelada» la tarifa sin pagar lo que esta realmente valía, generando así una deuda que supuestamente se pagaría después, cuando la energía estuviera más barata por la entrada de los contratos eléctricos renovables.

Sin embargo, el anterior supuesto nunca se concretó, ya que la capacidad de deuda de US$3.150 millones que se tenía entre ambas leyes se agotó mucho antes de tiempo. A esto sumamos que, por atrasos de la Comisión Nacional de Energía y el Ministerio de Energía, no hemos actualizado el precio de la energía eléctrica desde el segundo semestre de 2022, generando más deuda (US$1.700 millones) para todos los consumidores regulados por lo no pagado. Y, para completar, según las empresas generadoras son US$1.200 millones de dólares lo que se debe en intereses. [INFORME COMISIÓN MINERÍA Y ENERGÍA, p. 37].

Ante ese panorama, la nueva ley toma toda la deuda acumulada —debido a leyes fracasadas, a atrasos y a intereses—, y aplaza la fecha de pago que ya teníamos establecida (por la ley PEC 2) del año 2032 al 2035. Lo que se consigue es generar aún más intereses y más deuda que pagar, pero, a cambio, «descongela» la tarifa y le agrega un cargo extra. Lo que sucede, entonces, es que pagaremos directamente esa mayor deuda en nuestra tarifa eléctrica durante los próximos once años. Es por esto que afirmo que la nueva Ley de Estabilización Tarifaria no es más que un «plan de pago» a las empresas generadoras, basado en un aumento en la tarifa eléctrica a cargo de los usuarios.

SUBSIDIO TRANSITORIO y MESA TÉCNICA

Una buena noticia de la nueva ley es el «subsidio transitorio» a la cuenta de la luz, que permitirá que alrededor de un 12% de los hogares en Chile, pertenecientes al 40% más vulnerable, tenga un apoyo a la hora de pagar. Sin embargo, viendo las alzas que se aproximan para el próximo semestre, del orden del 30%, es posible que el subsidio sea menor al alza; o sea, no bajará, pero sí subirá menos, lo cual de todos modos es bienvenido.

Este subsidio sólo durará hasta el año 2026 —por eso se le llama transitorio—, y será de un monto de alrededor de $9 mil mensuales. En primera instancia, cuando fue presentado el proyecto el subsidio apuntaba a 850.000 familias, pero en su tramitación fueron aumentados los beneficiarios a 1.100.000 (aunque, ojo, con la misma plata, pues el financiamiento del subsidio nunca varió de los US$120 millones, con US$20 millones aportados por el Estado, y, todo lo demás, por los consumidores). Durante la tramitación de la ley, el ministro Mario Marcel fue claro en torno a no entregar más recursos del fisco a este subsidio, calificándolo como «una de las dos fuentes de desequilibrio fiscal en los países».

Como las sucesivas y considerables alzas de tarifas son inminentes y el subsidio es transitorio, la ley crea una «mesa técnica» para ahora discutir cómo bajar la tarifa y ampliar el subsidio, garantizando la participación de todos los actores. De esta manera, se podrán poner todas las cartas arriba de la mesa, y sabremos qué opina cada actor de cada tema (como la renegociación de contratos para bajar la tarifa o los subsidios a la eficiencia energética, que de pronto pueden convencer al ministro Marcel). Para que esta mesa técnica se lleve bien, es importante que el Ministerio de Energía de una vez transparente el impacto en la tarifa para el futuro, para que así todos los actores al ver el marco que genera la nueva ley observen la misma «obra» —no vaya a ser cosa que unos vean a Picasso y otros a Monet—, y así manifestar su voluntad sobre determinados temas en común. Esto sin duda ayudará a procesar diferencias y lograr acuerdos para que el desarrollo sostenible del país sea a través de una transición energética justa, que integre el desarrollo social, ambiental y económico.

La discusión política sobre todo lo aquí expuesto (y más) respecto del tema tarifas continuará seguramente en esta mesa técnica que por ley debe constituirse durante este mes de mayo y funcionar a lo largo de cuatro meses. De esta forma, en octubre debiéramos estar viendo resultados.