Aunque en el intercambio entre gobierno y parlamentarios hay valiosos avances, el proyecto de ley de Sala Cuna Universal mantiene deudas que es necesario abordar, detalla la siguiente columna de opinión para CIPER de la Directora Ejecutiva de la Corporación para la Infancia de Santiago: «Las educadoras de párvulo desempeñan un papel fundamental tanto en el aula como en la gestión educativa general, y es imprescindible definir cómo se integrarán y potenciarán sus habilidades en el contexto de la nueva propuesta.».
Las indicacionespresentadas por el gobierno este mes al proyecto de ley de Sala Cuna Universal promueven medidas que avanzan en garantizar aspectos que son fundamentales para la empleabilidad de las mujeres en el mercado laboral. Entre ellas, la corresponsabilidad efectiva en las labores de cuidado para el acceso al beneficio y la eliminación del tope de veinte trabajadoras que obliga a las empresas para acceder a sala cuna para sus colaboradoras. Adicionalmente, las indicaciones avanzan correctamente en estar coordinadas con la Ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. No obstante, se mantienen las dudas sobre el fortalecimiento a la educación pública y los alcances del nuevo proyecto de ley sobre la modernización de la Educación Parvularia.
Uno de los aspectos destacados en el proyecto de ley para la modernización de la educación parvularia es la propuesta de otorgar reconocimiento legal a los programas alternativos de educación inicial, siendo la JUNJI el único sostenedor habilitado para dicho beneficio. Sin embargo, el texto no especifica el grado de cumplimiento de estándares que estos programas deberán alcanzar ni si afectará la autorización de funcionamiento que actualmente deben cumplir los jardines infantiles privados. Por otro lado, tampoco queda claro si estos programas recibirán un impulso para aumentar la oferta pública, especialmente considerando que están diseñados para atender situaciones de baja demanda y condiciones de ruralidad y dispersión geográfica en los territorios, que se aleja de las comunas que hoy tienen mayor demanda entre los tramos de 0 a 5 años de edad. Tomando un primer estándar, la infraestructura, el proyecto señala como requisito «contar con condiciones de infraestructura que garanticen la integridad física y psíquica de los miembros de la comunidad educativa». Esto deja interrogantes en torno a cuáles son esas características, y si efectivamente irán en línea con lo que hoy exige el reconocimiento oficial del Estado para, por ejemplo: los metros cuadrados de patio y sala por párvulo, las condiciones del entorno en el emplazamiento del centro educativo, condiciones de luminosidad, accesibilidad, certificaciones de salud, vías de evacuación y otras variables que permiten resguardar la seguridad de los niños y niñas y, por tanto, calidad de los recintos educativos. Expuesto lo anterior, el proyecto abre diversas interrogantes sobre cómo se articularían las exigencias vigentes con la «certificación legal» para jardines alternativos, considerando el resguardo de la calidad de infraestructura para el desarrollo de espacios de aprendizajes amables, seguros y diversificados.
La dotación técnica en los centros educativos es otro punto crucial que genera importantes interrogantes sobre la calidad de la atención que reciben los párvulos, así como el apoyo que se brinda a los equipos profesionales que operan en estos espacios. Aunque el proyecto establece «la necesidad de contar con personal competente y en número suficiente para cumplir con las funciones requeridas, especialmente considerando el nivel y modalidad de educación parvularia ofrecida y la cantidad de párvulos atendidos», aún quedan dudas por resolver. Una de estas incertidumbres radica en la estructura directiva de los centros educativos. No queda claro si se establecerá un equipo directivo específico y cuál sería su composición. Actualmente, los jardines infantiles alternativos son liderados por técnicas en párvulo, con el respaldo de educadoras itinerantes para los procesos de retroalimentación técnico-pedagógicos. Sin embargo, es necesario definir con claridad cómo se abordará este aspecto en el marco del nuevo proyecto. Este aspecto es crucial, ya que no solo impacta en el funcionamiento diario del aula, sino también en el liderazgo educativo dentro de la institución. Las educadoras de párvulo desempeñan un papel fundamental tanto en el aula como en la gestión educativa general, y es imprescindible definir cómo se integrarán y potenciarán sus habilidades en el contexto de la nueva propuesta.
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En resumen, la cuestión sobre la dotación técnica, el rol de las educadoras de párvulo tanto en el aula como en el liderazgo educativo y los escenarios de aprendizaje e infraestructura son aspectos que requieren una atención detallada para garantizar la calidad en la oferta educativa, resguardando los años de esfuerzo estatal por esta materia. Ante este escenario, más allá de rechazar una propuesta, se debe celebrar con resguardo esta nueva mirada, que incorpora a la educación parvularia, pero que debe expandirla de manera eficiente y sin perder calidad en la oferta pública, contextualizada a las necesidades de las comunas y los territorios. De no optar por esta medida, corremos el riesgo de fomentar el uso de vouchers certificados para jardines privados y alternativos JUNJI, estableciendo una legislación a su medida y que pone en riesgo los avances en contar con un único estándar de certificación de calidad para la educación parvularia Las políticas en primera infancia tienen efectos positivos en variables tales como la escolaridad, salud, y el empleo e ingresos en la vida adulta. No es trivial la calidad en el acceso a educación temprana; menos aún, en los primeros quintiles de ingreso, donde se expresan de manera acelerada las brechas. Aunque se reconoce ampliamente que la asistencia a salas cuna y jardines infantiles tiene un impacto positivo en el desarrollo integral de los niños, estamos presenciando una tendencia que desestabiliza los logros alcanzados en relación a la atención y el apoyo a la infancia hasta ahora; desde la asignación presupuestaria hasta las medidas concretas para fortalecer los factores protectores del desarrollo infantil, como la educación pública parvularia.
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Cual será la exigencia académica de las cuidadoras.ya que la carrera de párvulo dura 5 años
Mariana Reyes | 15.05.2024
Otras reflexiones al respecto:
1. Bajo que criterio y a qué costo serán estas subcontrataciones? Quienes podran ser los subcontratados? Se corre el riesgo de que parte de la subvención asignada no sea destinada íntegramente al servicio educativo, sino parte de ella vaya a parar a comisiones por la administración del servicio, tal como ocurre con las AFP? 2. No se oye padre!, hasta ahora no se ha sabido de ningún anuncio que fortalezca y respalde seriamente este proyecto de ley, cómo construcción de una red salas cunas que presten servicio público, carrera docente y sueldos que regulen la profesión de las educadoras de párvulos y técnicos de educacion de párvulos. 3. Apoyo real y efectivo a los proyectos alternativos para que que obtengan el reconocimiento del estado en el menor tiempo posible, no en 10 años. Eso sería demostrar que la calidad educativa que se ofrece a los niños que asisten a la sala cuna importa. 4. Cual es la verdadera capacidad que tiene la superintendencia para fiscalizar el cumplimiento de la normativa que impone el reconocimiento del estado a las salas cunas que lo tengan? Existe dotación de personal suficiente para esta labor?5. Como piensa cubrirse efectivamente la demanda de cupos, si no se han construido nuevos establecimientos? La oferta pública no alcanza. Si no se incluyen a las salas cunas particulares, así como están las cosas, será imposible cubrir la demanda. 6. El costo promedio de la sala cuna excede el monto máximo asignado.Quien cubre esra diferencia? El empleador? Todos los empleadores por igual? La gran empresa y también la sra. Maria que tiene una trabajadora de casa particular? El independiente, cómo cubre esta diferencia? La cubre el trabajador de su bolsillo? Y si no tiene?. Parece que todavía queda mucho paño que cortar....
LUIS PARRA VLIZ | 13.05.2024
Lo que no aborda el artículo de EVELYN SANCHEZ, es l tema del financiamiento y gestión del Fondo para la Sala Cuna, el que en todos sus aspectos puede ser subcontratado por el IPS y el Servicio de Tesorerías, entregando su administración y gestión a privados, vale decir AFP conforme a criterios donde el LUCRO es la motivación principal de este negocio. El problema es que este lucro es con recursos d todos los chilenos bajo similares criterios conforme a los cuales estas administran actualmente los Fondos Previsionales de los trabajadoras y trabajadoras, entregando pensiones miserables que no superan en su tasa de reemplazo el 30% de la remuneración que percibieron estos como trabajadores activos..
Lo más grave es que los criterios economicistas son los ejes ordenadores de este proyecto de ley, en términos similares al presentado por la administración de S. Piñera, acordes con el modelo neoliberal, más allá de los tenues avances en materias pedagógicas.
La renuncia del Gobierno a instalar una propuesta d educación parvularia que potencie su rol publico, da cuenta al mismo tiempo de una visión del derecho a sala cuna, considerándolas como guarderías infantiles, las que financiadas en parte por los aportes del Estado, dejan contentos a los grandes grupos económicos, que seguirán aumentando sus ya obscena s ganancias,. de acuerdo a un renovado y potenciado Estado Subsidiario .
MARIANA REYES | 13.05.2024
Hay varias interrogantes:
1. No hay diferencia en las exigencias que se hacen para obtener la autorización de funcionamiento y el reconocimiento del estado, excepto que la primera es para los privados. Entonces, si estos establecimientos cumplen con los criterios de calidad no se entiende que no hayan sido incluidos en las indicaciones.
2. Sin la oferta de los privados, debidamente certificados en calidad educativa, que ya los hay, no se entiende cómo se cubrirá la demanda.
3. Si la calidad realmente importa, no se entiende los 10 años que se han dado de plazo para que la oferta pública se certifique. Qué pasa en transcurso de esos 10 años? Quién se hace responsable de la educación y cuidado que jardines sin certificación estén entregando servicio educativo?
4. Finalmente, los llamados privados, excepto una conocida cadena, de dudosa calidad, son jardines infantiles que podrían calificarse como pequeños emprendimientos, en que generalmente las educadoras de párvulos son las dueñas y directoras, ninguna gran empresaria, excepto, la mencionada cadena. A esos jardines, se les aprieta como a nadie, las exigencias para acceder a la autorización de funcionamiento son tan altas como el reconocimiento, son establecimientos pequeños y personalizados que han luchado duramente durante la pandemia para mantenerse en pie, muchos quebraron. No se puede pretender avanzar en las políticas de educación parvularia ignorandolos. Su aporte es valioso y debieran ser considerados y medirse con la misma vara que se está midiendo a los jardines alternativos.
