Comisión investigadora de los diputados: Hermosilla es un operador del Poder Judicial y al SII le cuesta detectar la corrupción

El informe tiene 130 páginas, y en ellas los 13 diputados integrantes de la Comisión especial investigadora vertieron sus conclusiones, las que apuntan a falencias en distintos organismos públicos que habrían permitido episodios de corrupción. Las conclusiones fueron aprobadas de manera unánime por diputados que van desde el Partido Republicano al Partido Comunista, y fue presidida por Daniel Manouchehri (PS) (vea aquí sus integrantes).

El trabajo de la comisión se activó luego de que CIPER reveló el audio de la reunión del 22 de junio del año pasado en la que participaron los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, junto al empresario Daniel Sauer, en la que se habla del pago de coimas a funcionarios públicos. Seis reportajes de CIPER se incluyeron como adjuntos en el informe final de la comisión (vea aquí el especial con toda la cobertura sobre el caso).

Respecto de Luis Hermosilla, los diputados fueron rudos: “Esta comisión investigadora pudo evidenciar las falencias que existe actualmente en nuestro sistema político y judicial, especialmente en la designación de altos cargos públicos que el Sr. Hermosilla hábilmente utilizó a su conveniencia (…) Generando verdaderas redes de corrupción y tráfico de influencias para acceder a información relevante e incluso en ciertos casos reservada, para favorecer a clientes, y personas que no eran clientes”.

Fueron más allá, al indicar en su informe que “más que un penalista, era un operador del Poder Judicial”, haciendo referencia a la influencia del abogado en el nombramiento de ministros de las cortes. Al hacer el resumen de la actual situación judicial de los involucrados en el caso, se preguntaron por qué el abogado no ha sido acusado ante un juzgado: “Llama la atención que a pesar de todos los antecedentes públicamente conocidos el Sr. Hermosilla ni siquiera haya sido formalizado”.

Durante el transcurso de su investigación -entre diciembre de 2023 y mayo de 2024-, los diputados oficiaron a distintos ministerios preguntando por los pagos realizados a Luis Hermosilla durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Obtuvieron respuestas desde los ministerios de Interior, Salud, Transportes, y Defensa. “Todos estos antecedentes serán remitidos por esta comisión investigadora a la Contraloría de la República y al Consejo de Defensa del Estado, a fin de que puedan pronunciarse respecto de la legalidad y procedencia de los servicios requeridos, más si consideramos que algunos de ellos fueron suscritos en contratos firmados a horas de terminar el periodo de gobierno del Sr. Piñera”, indica el informe (se puede leer completo aquí).

Sobre la influencia de Hermosilla en nombramientos del Poder Judicial (vea reportaje de CIPER), el informe indica que no tuvieron ningún tipo de colaboración desde la Corte Suprema, ya que su presidente, Ricardo Blanco, no asistió a la invitación que le hicieron los diputados, ni tampoco respondió preguntas por escrito. Al respecto, concluyeron que desde el Poder Judicial “desaprovecharon una oportunidad para poder aclarar los hechos que se les cuestiona y además informar a la ciudadanía de qué medidas se han adoptado para evitar que este tipo de injerencias se continúe replicando en el futuro”.

La comisión investigadora aseguró además que el actuar de Luis Hermosilla “ha afectado la credibilidad de instituciones fundamentales para el país, como la Policía de investigaciones, los tribunales de justicia y el SII, por tanto, los antecedentes de esta comisión serán remitidos al Consejo de Defensa del Estado, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público”.

“DEFICIENCIAS” EN EL SII

La comisión de los diputados puso el acento en lo que llamaron las “deficiencias” en el SII a la hora de asumir reclamos administrativos de los contribuyentes. En su informe final hacen alusión a la anulación de siete liquidaciones imputadas al empresario Daniel Sauer por más de $3 mil millones, el mismo proceso mencionado en el audio donde Sauer se jacta de haber pagado $140 millones a Leonarda Villalobos para “solucionar” ese problema. Según él, la abogada ocupó $100 millones en pagar sobornos a funcionarios del SII.

Respecto de ese punto, los diputados concluyeron que “existieron evidentes falencias en la fiscalización y levantamiento de alertas de posibles irregularidades por parte del SII. Lo más cuestionable respecto del rol que ha tenido el SII, es que quedó en evidencia que no hubo ningún sistema interno que levantara alertas de estos hechos, si no hubiera sido por el audio y luego la publicación del reportaje, estos hechos hubieran quedado impunes” (vea aquí reportaje de CIPER “«Aquí estamos haciendo una huevá que es delito»: el audio en el que Luis Hermosilla menciona pagos a funcionarios del SII y la CMF”).

La investigación de los diputados puso el acento en el manto de sospecha que el caso ha levantado respecto del funcionamiento de las instituciones: “Cabe preguntarse, ¿cuántos otros casos similares con otras empresas de similares características operarían de la misma forma en Chile?, si funcionó con el abogado Hermosilla, Leonarda Villalobos ¿Por qué no con otros empresas o abogados?”.

La comisión concluyó que existen deficiencias en los procedimientos administrativos de Impuestos Internos -debido a “falta de dotación y exceso de carga de trabajo” de los funcionarios-, y que los abogados tributarios se aprovechan de esas debilidades. Los parlamentarios concluyeron que es un problema que los contribuyentes no tengan límite en el número de reclamaciones administrativas que pueden presentar cuando el SII les imputa un pago: “Los abogados tributarios que se dedican a estas materias saben que este es el eslabón débil en el proceso de fiscalización y abusan del sistema que permite la impugnación del acto administrativo sin limitación”.

Sobre la filtración de antecedentes reservados desde el SII hacia la abogada Leonarda Villalobos, que son los que ella expuso durante la reunión con Hermosilla y Sauer, los diputados concluyeron que la filtración existió: “La información que se entregó en los audios calzaba con los antecedentes que formaban parte de una investigación reservada que se desarrollaba al interior del SII de manera paralela a esta conversación entre abogados y sus clientes, lo cual es sumamente grave y cabe ahora preguntar al SII si establecieron responsabilidades administrativas por la filtración de información y antecedentes confidenciales de su investigación interna”. En noviembre pasado un reportaje de CIPER expuso la existencia de esas filtraciones (vea aquí).

Respecto del rol de la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF), el informe de los parlamentarios valida el proceso fiscalizador de ese organismo sobre la corredora de bolsa STF (propiedad de los Sauer) -el que comenzó meses antes de que se revelara el audio de la reunión realizada en la oficina de Hermosilla-, y pide conocer las conclusiones de las investigaciones internas que se activaron luego de la publicación de los reportajes de CIPER: “Dado el tiempo transcurrido cabe pedir cuenta a la CMF respecto del resultado de esa investigación interna, con el detalle del resultado y posibles responsabilidades administrativas que se aplicaron”.