Caso Cañete: Inteligencia del Estado y perspectiva de Derechos Humanos

La aprobación de dos proyectos de la agenda de seguridad aún en tramitación resulta clave en la actual agenda de seguridad, comentan en columna para CIPER tres académicos e investigadores en Derecho: «Aunque se trate de proyectos no exentos de desafíos u objeciones, nos parece que van en la línea correcta al optar por un enfoque preventivo, integrando y coordinando diversas instituciones. También aportarán a que el Estado no exponga de manera imprudente o negligente a sus agentes […]. No podemos saber si con un sistema adecuado de inteligencia los tres carabineros brutalmente asesinados el pasado sábado en Cañete estarían aún con vida. En todo caso, la posibilidad de que así fuera es alta.»

El Estado debe combatir el crimen organizado; entre muchas razones, porque tiene la obligación de garantizar el derecho a la vida e integridad de los y las habitantes de su territorio (art. 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Según los estándares internacionales, tal obligación tiene importantísimos enfoques preventivos, y así lo mostramos en el Informe Anual sobre Derechos Humanos de la UDP 2023.

Un elemento crucial en la implementación de esta obligación preventiva es un Sistema de Inteligencia del Estado (SIE) y financiera. Así lo indica el Manual Sobre la aplicación de directrices sobre prevención al delito de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2011). Al mismo tiempo, en un Informe de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya destacaba la necesidad de la generación de «capacidades en materia de inteligencia policial (marco jurídico conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos; personal capacitado; y equipamiento e infraestructura) para un adecuado trabajo de prevención de […] criminalidad organizada o compleja».

En otras palabras, el combate al delito por parte del Estado no sólo es perentorio sino que debe enmarcarse en determinados marcos que velen por su eficacia, apego a Derecho y respeto a los derechos humanos.

Hoy, ante una serie de crímenes que preocupan al país y que incluso motivaron duelo nacional por el reciente asesinato de tres funcionarios de Carabineros [foto superior], se resiente que Chile no esté mejor preparado en términos de inteligencia policial, financiera, aduanera y tributaria. Al parecer, las instituciones locales estarían sumamente frágiles ante la capacidad financiera y tecnológica del crimen organizado y no darían el ancho suficiente en términos de coordinación interna e interinstitucional como para permitir una efectiva recopilación, procesamiento, análisis y cruce de datos. En un escenario en el que se carece de los sistemas adecuados de inteligencia, se expone de manera imprudente a que funcionarios policiales desarrollen operativos en contextos de absoluto desconocimiento, aumentando el riesgo al que ya se exponen inherentemente por las tareas que realizan. Cuando proceden con la respectiva orden judicial y la inteligencia adecuada, como en el caso de Héctor Llaitul, pueden lograr la detención y posterior condena de personas que han cometido delitos. Cuando no es así, como en la Operación Huracán, la información se vuelve ilegal e inutilizable, y, desde una perspectiva de debido proceso, con justa razón.

Es por ello que en la tramitación de las medidas de la agenda de seguridad que aún están pendientes —como la normativa (y su reglamentación) sobre inteligencia, el uso de datos y el uso de la inteligencia artificial para el análisis de la información— resultan claves. Haremos un breve resumen:

a) El proyecto que moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado-SIE (Boletín N° 12.234-02, actualmente en segundo trámite constitucional), aunque podría presentar algunas falencias, nos parece que, a nivel de diseño institucional, avanza al proponer una actualización crucial. Se busca expandir el alcance de la labor de inteligencia, abordando tanto amenazas a la seguridad nacional como aquellas relacionadas con la seguridad pública, y centra sus esfuerzos en la coordinación, prevención y eficiencia en la lucha contra el crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, tráfico de migrantes, trata de personas y la protección de la infraestructura crítica del Estado. Actualmente, integran el SIE la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), la dirección de Inteligencia de Defensa del Estado Mayor de la Defensa Nacional, las Direcciones de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, y las Direcciones o Jefaturas de Inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. De aprobarse el proyecto, se incorporaría a Gendarmería de Chile, al Servicio Nacional de Aduanas y, aunque en un nivel distinto, a la Unidad de Análisis Financiera (UAF) y al Servicio de Impuestos Internos (SII), instituciones clave para investigar las amenazas a la seguridad.

b) En paralelo, un proyecto de inteligencia financiera (Boletín 15975-25) generaría un subsistema (UAF, SII y Aduanas) que alertaría al Ministerio Público, y que a su vez colaboraría con el SIE con su énfasis en prevención y detección, realizando labores de inteligencia respecto de actividades relacionadas con delitos tributarios, aduaneros, económicos, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, delitos sobre control de armas y otros vinculados al crimen organizado.

Aunque se trate de proyectos no exentos de desafíos u objeciones, nos parece que van en la línea correcta al optar por un enfoque preventivo, integrando y coordinando diversas instituciones. También aportarán a que el Estado no exponga de manera imprudente o negligente a sus agentes, a cargo de garantizar la seguridad de las personas ante amenazas de terceros. No podemos saber si con un sistema adecuado de inteligencia los tres carabineros brutalmente asesinados el pasado sábado en Cañete estarían aún con vida. En todo caso, la posibilidad de que así fuera es alta. Por ello, es imperativo que se avance en una dirección que permita garantizar —especialmente, desde un enfoque preventivo y no simplemente reactivo-punitivista— la seguridad de sus ciudadanos (tanto de civiles como de los propios miembros de las fuerzas de orden y seguridad) ante las amenazas actuales y emergentes, para así implementar adecuadamente la obligación de garantizar el derecho a la vida y la integridad. En ello, hoy por hoy, los sistemas y subsistemas de inteligencia parecen ser algo fundamental.