La fiscalía le ordenó a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI (Bridec) que le soliciten a la exalcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, que entregue, de forma voluntaria, sus cartolas bancarias de los años 2010, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. La diligencia se enmarca en la indagatoria por las millonarias indemnizaciones pagadas por la Corporación Municipal durante la gestión de Reginato. La investigación se inició por una querella presentada por la actual alcaldesa de la comuna, Macarena Ripamonti.
La exalcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato (UDI) enfrenta una nueva trama judicial. El pasado 18 de abril, la fiscalía instruyó a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI), solicitar a Reginato la entrega voluntaria de las cartolas de sus cuentas bancarias que contengan todos los movimientos realizados en los años 2010, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.
La diligencia se enmarca en la indagatoria más reciente iniciada en contra de Reginato por irregularidades ocurridas durante su administración del municipio viñamarino. En enero de 2022 la actual alcaldesa de la comuna, Macarena Ripamonti (RD), presentó una querella en tribunales acusando fraude al fisco de su antecesora en el cargo. La querella denuncia millonarios desembolsos desde las arcas fiscales para el pago de finiquitos a tres exfuncionarios de la Corporación Municipal de Viña del Mar, entre ellos, Claudio Boisier, exgerente de la corporación y exadministrador municipal (vea ese documento).
Como parte de las diligencias solicitadas por la alcaldesa en esa causa, se incluyó la petición de la entrega de las cartolas bancarias, a lo que la fiscalía dio luz verde esta semana.
En la querella presentada por Ripamonti se detalla que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de fraude al fisco. Aún así, Reginato podría negarse a la petición de la Bridec.
De acuerdo con la querella, Boisier fue gerente general de la corporación desde marzo de 2009 hasta abril de 2018, mes en que presentó su renuncia voluntaria -por acuerdo mutuo entre las partes-, lo que acarreó el pago de una indemnización de casi $77 millones. Luego de eso pasó a ocupar el cargo de administrador municipal.
La otra funcionaria que recibió un finiquito cuestionado ahora por el municipio, fue la exDirectora de Educación de la Corporación Municipal entre 2004 y 2010, Patricia Colarte Troncoso. Luego de dejar su cargo, también por renuncia voluntaria, Colarte recibió un finiquito por $21 millones de las arcas municipales. Por esas fechas, Claudio Boisier ocupaba el cargo de gerente general de la misma corporación.
Años más tarde, en 2019, fue el administrador del cementerio Santa Inés de la ciudad jardín -también dependiente de la corporación-, Rodrigo Macuada Murray, quien recibió casi $60 millones por concepto de haberes.
Macuada ocupó ese cargo desde 1992, hasta que fue acusado de prácticas antisindicales por el sindicato del cementerio, hechos que fueron acreditados y luego reconocidos por Macuada ante la Inspección del Trabajo, según se precisa en el libelo. Por ello, Ripamonti asegura en la querella que a Macuada le correspondía “la causal del artículo 160 Nº7 del Código del Trabajo, esto es, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato”.
Pero, en contra de la decisión del gerente general del cementerio, Pedro Retamal Villagra -quien era partidario de aplicar esa causal-, se terminó la relación laboral con Macuada por “necesidades de la empresa”. Según el escrito presentado por Ripamonti, esa orden habría sido impartida por el entonces administrador municipal, Claudio Boisier.
La querella afirma: “La investigación deberá determinar el perjuicio patrimonial causado a la corporación, debiendo tener presente que por concepto de pago de los finiquitos antes señalados, egresaron aproximadamente del patrimonio de la corporación una suma ascendente a más de $155.000.000”.
Virginia Reginato estuvo al mando del municipio viñamarino por 16 años y medio de manera ininterrumpida, y posteriormente fue destituida como concejala en 2021, luego de que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) acogiera un requerimiento de cesación en el cargo por la causal de “notable abandono de deberes” por el déficit de $17.500 millones de las arcas municipales causado durante su administración, inhabilitándola, además, para ejercer cargos públicos durante cinco años.
En febrero pasado, The Clinic reveló un informe de la PDI que dio cuenta de gastos personales de Claudio Boisier pagados por la corporación. Entre ellos aparecen salidas a restaurantes y compras de perfumes, licores y ropa. Además del pago de la patente de su auto particular.
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