Preguntas incómodas sobre la selección escolar

Durante años, el problema de la educación primaria en Chile estuvo distorsionado por la selección de estudiantes. Hoy que ésta no existe, ¿podemos sacar cuentas alegres? En los días de retorno a la rutina escolar, y al medio de un debate iniciado por la alcaldesa de Quinta Normal, un investigador en educación plantea ciertas materias urgentes desde una pregunta básica: «¿Qué es lo que fundamenta la discriminación evidente y manifiesta que hace el Estado (y la sociedad) para entregarles educación de baja calidad a unos y de buena calidad a otros?».

La problemática educacional escolar en nuestro país es de tal magnitud y profundidad que resulta muy difícil abordarla aisladamente, su diagnóstico es complejo, y además los resultados de las medidas de mejora son lentos. En estos días de regreso a clases vuelve al debate la selección de estudiantes. Se trata de una medida polémica, pero que a mi juicio es hoy de segundo orden, si bien en el contexto chileno es un tema importante que no debiésemos obviar.

La educación escolar es un corrector de la desigualdad social, pero en los hechos opera con límites en este campo: hay sociedades enormemente desiguales, como la chilena, en las que el sistema escolar tiene un impacto parcial, y por tanto no es justo que se le presente como la única responsable de solucionar una materia tan profunda y masiva [PNUD 2017]. ¿Qué ofrece nuestra sociedad a los grupos más postergados y necesitados?  Pensemos en aquellas familias localizadas en la periferia de las ciudades, en territorios carentes de áreas de esparcimiento, de seguridad, de calidad vida, de vivienda digna; con hacinamiento espacial; donde el Estado local y nacional aparece ausente en la provisión de sus derechos sociales fundamentales. Es decir, todos aquellos chileno/as cuyo entorno social, cultural, económico, medioambiental, etc., confirma consistentemente esta condición de desigualdad y marginación social.

La apuesta en educación de todos los gobiernos posdictadura ha sido que la educación iba a ser la gran herramienta de corrección de las enormes desigualdades de todo orden persistentes en Chile, así como el impulso para una mejor calidad de vida de las personas junto al desarrollo social y económico del país. Tras 34 años de acción al respecto, podemos evaluar que hemos avanzado hacia tal objetivo, pero solo parcialmente. El diagnóstico que alguna vez hizo un insigne futbolista sobre los jóvenes de su población sigue lamentablemente vigente: para salir adelante, comentaba este integrante de la llamada «generación dorada», se puede ser bueno para el fútbol y fichar por un gran club, o aceptar pasar a ser «un soldado del narcotráfico».

En el debate sobre selección de alumnos suele escucharse una frase en la siguiente lógica: si la provisión de educación escolar en nuestro país fuese de buena y de muy similar calidad entre establecimientos escolares, la selección de sus estudiantes sería de importancia menor. Por lo mismo, es fundamental comprender que la selección de estudiantes cobra fuerza en el caso chileno porque la oferta educativa nacional no es universalmente de la calidad requerida, ni está localizada uniformemente en todo el territorio (esto último ha sido así desde siempre, aunque ahora las regiones están haciendo valer su peso ante el centralismo santiaguino). Por ende, surge otra pregunta urgente: ¿qué es lo que fundamenta la discriminación evidente y manifiesta que hace el Estado (y la sociedad) para entregarles educación de baja calidad a unos y de buena calidad a otros?

Dicho de otra forma: ¿qué sustenta, desde la perspectiva de la justicia social, el apoyo que el Estado les da a los establecimientos emblemáticos y/o «de excelencia» por sobre aquel a los establecimientos convencionales? Bajo el argumento de buscar forjar una élite académica, lo cierto es que termina por generarse más discriminación por parte del mismo Estado, considerando que no existe una oportunidad equivalente para todos quienes aspiran a esa condición de estudiante. Lo complejo de este debate es cómo en Chile hemos naturalizado que el Estado financie y promueva sin justificación educación de calidad muy diferente; y gran parte de ella, muy inferior a lo requerido. Ante este desamparo, es esperable que las familias busquen una solución individual, transformándose la selección de estudiantes por parte de los establecimientos en el camino para reducir el riesgo de una oferta educativa tan desigual.

Así, el factor más importante que explica nuestros resultados educacionales es el capital social de las familias de los estudiantes chilenos (su situación socioeconómica, cultural, social, etc.); aún más que el aporte que ello/as reciben de sus colegios. Por lo mismo, para los grupos sociales más vulnerables el acceso a un establecimiento de alta calidad es mucho más relevante que para los grupos sociales más pudientes, que pueden compensar eventuales deficiencias con el capital social y económico familiar.

Las palabras de la alcaldesa de Quinta Normal en torno al efecto negativo de la selección de estudiantes sobre los resultados de establecimientos emblemáticos en el proceso de acceso a la educación superior han levantado estos días una nueva polémica. Recordemos que, desde 2015, el Sistema de Admisión Escolar (SAE) comenzó a regular la admisión de los estudiantes, eliminando la selección de alumnos según capacidad, además de acabar con el financiamiento compartido y prohibir el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado. Entre los dimes y diretes a partir de las palabras de Delfino, lo que vuelve a quedar en evidencia es la complejidad del fenómeno, así como el peligro de quedarnos con respuestas simples e incorrectas. Entre otras cosas, la edil ha lamentado el fin de los antiguos liceos emblemáticos: «Creo que el fin de la selección les jugó una mala pasada […]. No era un secreto que al seleccionar a los mejores alumnos y estudiar entre los mejores, obviamente te va a ir mejor. O sea, era algo que estaba probado. Se debió haber elevado la calidad de la educación escolar pública en general con una fuerte inyección de recursos y esfuerzos, antes de haber terminado con la selección», dijo hace unos días al diario La Tercera. De ser cierto este argumento, y desde una visión de ceteris paribus, quedaría demostrado que aquellos establecimientos debían su éxito a la capacidad de sus estudiantes más que a las del mismo centro educativo, pues permaneciendo todos su factores estables (infraestructura, equipamiento, equipos de gestión y de docentes) la lógica operaría tanto en el sentido positivo como en el negativo. Si, por ejemplo, un establecimiento se jacta de los buenos resultados Simce de sus alumnos, no puede a la vez atribuir los malos resultados de sus demás alumnos solo a la responsabilidad de la familia o de condiciones de vida del estudiante.

Lo que el fin de la selección sí ha dejado en evidencia en estos años de aplicación del SAE es que muchos establecimientos escolares no logran aún trabajar adecuadamente con estudiantes diversos, siendo aquello un enorme tema de calidad de la educación del que los organismos técnicos deben hacerse cargo en forma perentoria. Este cambio en el proceso de selección desnudó y puso en evidencia aspectos muy importantes:

a) que buena parte de la calidad de los establecimientos escolares se sustenta en el aporte académico de las familias y, solo en segundo orden, del establecimiento escolar (y esto es válido para todos los niveles sociales y todos los tipos de establecimientos, incluyendo los privados pagados);

b) que esta realidad de desigualdad profunda estaba cubierta por las prácticas previas de selección; esto es, que han existido desde hace muchos años procesos de selección de estudiantes, no solamente filtrados por aportes económicos al establecimiento (incluyendo el financiamiento compartido), sino también por autoselección (no postular a un establecimiento bajo la idea de que no se quedará) y por la instalación de sistema de pruebas de aprendizaje que básicamente se asocian más que nada al capital social del estudiante y su familia, y no a su capacidad;

c) al revisar la historia de la ley de inclusión escolar, se observa que entre los actores institucionales menos proclives a los cambios introducidos en 2015 estaban algunos gremios privados del sector y representantes de establecimientos escolares públicos tradicionales. Posiblemente, su resistencia se haya debido a no querer dejar en evidencia las debilidades de los procesos formativos sustentados por ellos y vigentes hasta entonces. Ya es tiempo de evaluar si acaso esos recelos tenían o no razón de ser. Luego de estos años de operación, ¿han alcanzado aquellos colegios con el antiguo proceso de excelencia académica estándares similares a los previamente registrados? Se trata de un cálculo que el ministerio del área y las instituciones formadoras de maestros y de asistencia técnica a los colegios debiesen acoger hoy con claro sentido de urgencia.

La autoridad político-técnica ministerial tiene hoy además la necesidad ineludible de revisar y corregir el SAE para la admisión 2025, incorporando y ponderando otros parámetros importantes y conocidos; a saber: proximidad del hogar del estudiante con el centro educativo, hermano/as que estudian en el establecimiento, edad del postulante (a menor edad más proximidad con la escuela), y algunos indicadores académicos tales como promedio total o parcial de calificaciones, posición del estudiante en el establecimiento de origen (similar al usado en educación superior) y otros que deben ser corregidos (controlados o ponderados) por el quintil o decil de ingresos socioeconómicos del postulante. Ciertamente, el uso de antecedentes académicos y su ponderación por algunos criterios debe ser producto de un debate informado, alejado de los actores incumbentes que puedan distorsionar este proceder.

En tanto no abordemos los problemas de fondo del sistema y establezcamos soluciones factibles seguiremos enfrentando a diario la disyuntiva para nuestros grupos sociales más vulnerables. Se trata, lamentablemente, de un dilema sin respuesta esperanzadora: ¿soldado del narcotráfico o graduado de una escuela de baja calidad?