¿Es Chile una «democracia defectuosa»?
22.02.2024
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22.02.2024
Un estudio reciente muestra a nuestro país a la baja en la calidad de su democracia. En columna para CIPER, un cientista político describe los elementos que explican estos resultados, aunque no cede ante la alarma ni tampoco la complacencia: «Chile es una democracia con puntos de mejora. Incluso si es más resiliente de lo que podría parecer a primera instancia, no debe darse por sentado que el país sea inmune a un retroceso.»
La actualización de los índices de calidad de la democracia realizada hace una semana por la revista británica The Economist encendió las alarmas locales, al situar a Chile en la categoría de «democracia defectuosa», y en descenso de seis puestos en relación con el estudio de 2022 [DEMOCRACY INDEX 2023].
El citado índice se construye a partir de sesenta preguntas que permiten elegir entre opciones, y que a su vez se agrupan en las categorías de: proceso electoral y pluralismo; libertades civiles; funcionamiento de gobierno; participación política y cultura política. El puntaje de cada categoría se promedia de forma ponderada. De esta forma, las categorías resultantes son:
•Democracia plena (10-8 puntos)
•Democracia defectuosa (7.9-6 puntos)
•Régimen híbrido (5.9-4 puntos)
•Régimen autoritario (4-0 puntos).
The Economist evalúa 167 países, de los que 74 son democracias de algún tipo. Sin embargo, solo 24 de ellas clasifican como democracias plenas. En el informe de 2023, llama la atención el descenso de Chile en seis posiciones, después de haber disfrutado del status de democracia plena en 2022. Este es uno de los casos en los que la medida de resumen oculta una situación más compleja.
Tomemos como punto de partida el puntaje global de Chile en el índice: 7,98. El país ocupa el puesto 25 en el ranking y está a sólo 0,02 puntos de situarse en la categoría de democracias plenas. Esto nos lleva a preguntarnos sobre los puntajes obtenidos en los últimos años para trazar una imagen consistente de sus tendencias. El GRÁFICO 1 cubre los puntajes de Chile en el índice desde 2006 hasta 2023, la línea horizontal marca el umbral a partir del cuál un régimen se considera una democracia plena.
Se observa que Chile ha tendido a la categoría de democracia defectuosa durante buena parte del siglo XXI. Sólo en tres ocasiones registró puntajes de una democracia plena: 2019, 2020 y 2022. Años que coincidieron con el estallido social y el primer proceso constitucional. ¿Puede esto ser una coincidencia o hay algo bajo la superficie?
El GRÁFICO 2 desagrega estas dimensiones: la línea horizontal vuelve a delimitar el umbral de una democracia plena. Los puntajes del país en proceso electoral y pluralismo, libertades civiles y funcionamiento del gobierno son altos, lo que indica un buen desempeño de los componentes procedimentales de la democracia liberal. Los problemas aparecen al considerar la cultura y participación política. The Economist explica el descenso de categoría del país por un incremento en la preferencia por el gobierno de expertos; es decir, la tecnocracia como alternativa a la democracia. Hecho que contrasta con el mayor involucramiento ciudadano en los años previos, pero que implica un retorno a las tendencias a largo plazo de la democracia chilena.
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Aunque no coincidimos con cierto alarmismo surgido tras la publicación citada, tampoco consideramos acertado caer en la complacencia. Chile es una democracia con puntos de mejora. Incluso si es más resiliente de lo que podría parecer a primera instancia, no debe darse por sentado que el país sea inmune a un retroceso. Comento a continuación algunos desafíos al respecto.
1. PARTICIPACIÓN: En materia de participación política, no es novedad para nadie que Chile enfrenta un problema. Bajo el régimen de inscripción automática y voto voluntario, la participación electoral convencional profundizó su declive [PNUD 2017]. La restauración del voto obligatorio podría haber sido el primer paso para lidiar con este problema, y en los plebiscitos constitucionales se apreció un incremento de las tasas de participación al 84 y 85% [SERVEL 2024]. Sin embargo, y dado su carácter compulsivo, no es de esperar que el voto obligatorio genere una cultura cívica en el corto plazo. Es una responsabilidad de las autoridades y los partidos mostrarse como opciones atractivas para que el ejercicio del sufragio no sea una mera obligación.
La participación de ciertos grupos de la sociedad en instancias de representación también es baja [PNUD 2014]. La experiencia fracasada de la Convención Constitucional en 2022 y la impopularidad del concepto de plurinacionalidad, incluso entre el electorado indígena, empañó la discusión sobre la inclusión de minorías étnicas y pueblos tribales en el sistema político, pero a lo largo de la historia electoral del país existe una documentada infrarrepresentación de estas etnias [SERVEL 2024]. Esta no es una mera demanda identitaria. La población indígena en Chile es también una de las más vulnerables ante la pobreza [SANHUEZA 2010], y los territorios rurales con alta densidad indígena son menos propicios a inversión pública. Si un mayor empoderamiento político de la población indígena va de la mano con la intensificación de la agenda para solucionar estos problemas, fortalecer su participación irá asociado con una mejora en su calidad de vida.
2. PARIDAD: El país se ha desempeñado de mejor manera en la inclusión de la mujer en instancias de representación, pero persisten desafíos para alcanzar la paridad como meta. En los últimos años, las cuotas de género, las sanciones asociadas y los incentivos económicos por candidatas mujeres han producido un incremento del número de congresistas electas [REYES-HOUSHOLDER y ROQUE 2019]. En la actualidad, un 35,5% de las diputadas y un 26% de las senadoras son mujeres. Aunque la representación equitativa continúa lejana, el sistema político está avanzando hacía ese objetivo.
3. CIUDADANÍA Y CULTURA POLÍTICA: La participación política no se reduce al ejercicio del sufragio, se extiende a otras instancias formales como la militancia, identificación partidaria y organizaciones de la sociedad civil; y mecanismos informales como colectivos, manifestaciones u otras formas de expresión política. En ambos frentes se aprecia una ciudadanía de baja intensidad. En el primero, por el escepticismo y desconfianza hacia los partidos políticos [LATINOBARÓMETRO 2023]. En el segundo, por la pérdida de espacios comunitarios y el declive de organizaciones como sindicatos, federaciones y centros estudiantiles, juntas de vecinos o centros de madres. No se trata de que estas instancias no existan, sino de su extensión e incidencia efectiva en la vida de las personas [LETELIER 2023].
Respecto a la cultura política, existe un descontento es manifiesto, pues pareciera que la política no brinda soluciones a los problemas económicos y sociales de las personas. Los problemas de seguridad surgidos en el proceso de instalación del crimen organizado y el incremento de los homicidios (en especial, aquellos consumados con armas de fuego o técnicas que involucran el secuestro y la tortura) han incidido en miedo y rabia hacía el sistema. Es poco probable que una situación así no extienda sobre la democracia una gran sombra.
Quiero recalcar que la población de Chile, al igual que sus instituciones, pese a la desconfianza y el descontento, conserva un espíritu de resiliencia democrática. Predominan aún quienes prefieren la democracia sobre cualquier otra forma de gobierno y, aunque exista afinidad por liderazgos fuertes, no es a expensas del parlamento ni las elecciones libres [COES 2023]. Creo que el incremento de la preferencia por la tecnocracia que The Economist encuentra en los encuestados de Chile responde a las fallas de los políticos por dar soluciones a problemas de larga data en el país, y que esta misma razón está detrás de manifiestas preferencias por regímenes autoritarios bajo ciertas circunstancias [Ibid.]. Ante la falta de respuestas, la sabiduría del experto o el poder del autócrata es un refugio y una esperanza. Existiría la idea de que su razonamiento, inmune a los defectos de una política en degradación, puede dar con aquellas salidas beneficiosas para la población, sin los impedimentos y contrapesos de las democracias liberales.
A modo de síntesis, la democracia en Chile no está en riesgo vital, pero existen elementos para su degradación. Las instituciones han mostrado ser fuertes, incluso en contexto de crisis política, y la ciudadanía da indicios de un apego a la democracia pese al descontento con su funcionamiento. No obstante, la frustración que la falta de respuestas del sistema político produce en la población chilena no debe desatenderse. El estallido social fue en su momento una advertencia de la erosión del pacto social y, a la fecha, no es sólo que los problemas que llevaron a las movilizaciones sociales continúan sin solución, también se han sumado otros de una envergadura incluso más compleja. Es de suma preocupación la forma en que Chile lidiará con el incipiente desarrollo del crimen organizado en su territorio, el conflicto mapuche, las olas de migración irregular y los desastres climáticos. Como prueba el reiterado uso del estado de excepción en los últimos años, el paradigma de la política chilena es la emergencia, y está por verse hasta dónde llegará la democracia en sus intentos por lidiar con ella.