Cuatro falencias de la Ley de Lobby

Promulgada hace diez años, la Ley de Lobby vigente en Chile aún presenta una serie de desafíos de transparencia institucional, recuerdan en columna para CIPER un grupo de investigadores sobre el tema.

La serie de casos dada a conocer en las últimas semanas sobre posibles delitos de cohecho, soborno o, al menos, influencia indebida que involucran a autoridades y empresarios en Chile [ver más en CIPER-Opinión] revela la escasa capacidad del sistema para detectar los conflictos de interés como tales. No es posible que la participación en los procesos de toma de decisiones se convierta en un juego de máscaras, en el que quienes exponen sus opiniones como expertos no ven necesario revelar si acaso a la vez trabajan para aquellas mismas industrias que deben ser reguladas. En esta columna queremos revisar uno de los pilares que sustenta la transparencia en los espacios decisionales, y que a su vez evidencia una de las principales deficiencias que hoy mantiene vacíos al respecto, como es la Ley de Lobby. Para comprender sus deficiencias actuales, es necesario analizar su alcance y contenido. En el marco del estudio FONDECYT Regular «Ciudadanías Rurales» (1210331), se examinaron 184 audiencias de lobby realizadas entre 2015 y 2020 en servicios públicos relacionados con temas energéticos y medioambientales en las regiones de O’Higgins y Aysén. Este estudio reveló cuatro principales fallas o deficiencias de la Ley de Lobby, las cuales detallamos a continuación:

1. falta de transparencia y precisión en la información presentada. Aunque se solicita a las personas que brinden una descripción de los motivos por los que se solicita la audiencia, esto no necesariamente refleja los temas discutidos durante la reunión, ya que los datos proporcionados no incluyen un resumen de los asuntos tratados. Esta falta de claridad permite que el 87% de las reuniones sean clasificadas como «presentación» sin brindar más detalles, lo cual genera una importante deslegitimación del proceso.

2. ineficacia de los registros de las audiencias. Estos registros cumplen únicamente con un requisito formal, sin llegar a ser entregados a las comisiones parlamentarias en las que los expertos tienen la oportunidad de ejercer una influencia significativa en los resultados de los proyectos. Por ello, no es posible hacer una conexión oportuna entre un lobbista que se reunió con un ministro por un proyecto particular, y que dicha reunión sea de público conocimiento de la comisión respectiva que discute dicho proyecto.

3. disparidad en el acceso a las reuniones con autoridades, ya sea a nivel local, regional o ministerial. Esta disparidad puede atribuirse a varios factores. Por un lado, la Ley de Lobby no establece la obligatoriedad de que las autoridades acepten todas las solicitudes de audiencias, lo que les otorga la libertad de aceptarlas o rechazarlas. Por otro, existe una falta de información y conciencia entre las y los ciudadanos y las organizaciones sociales sobre cómo acceder a estas reuniones. Esto ha resultado en que las empresas individuales y los gremios asociados representen el 81% de las reuniones, mientras que las organizaciones sociales apenas participen en un 5%, según la muestra analizada. Esta disparidad es preocupante, especialmente si consideramos que el 78% de las reuniones de empresas y gremios asociados se relacionan con futuras implementaciones de proyectos o la factibilidad de su aprobación en los territorios. Mientras tanto, la ciudadanía y las organizaciones sociales tienen una capacidad limitada para plantear sus problemas y posturas frente a estos proyectos.

4. aparente discrecionalidad sobre qué califica y qué no como lobby. En declaraciones públicas, los ministros participantes de las cuestionadas reuniones han argumentado que estas no caben dentro de las obligaciones de la ley. Lo cierto es que la exposición de posiciones, sea cual sea, es uno de los primeros pasos para el cabildeo, e identifica puntos en común o diferencias sobre las cuales deba haber debate y decisión.

Junto a los anteriores puntos, sucede que el acceso a la agenda de las autoridades solo se da ante una acción de requerimiento de los ciudadanos vía Ley de Transparencia. La web en la que se publican los datos es poco amable con personas no expertas, no está pensada para los dispositivos de acceso más comunes (celulares) ni conecta con los servicios a fin de hacer seguimientos a dichas reuniones.

Ante esta realidad, nos enfrentamos a la incertidumbre y una enorme deuda con la ciudadanía, que se siente abandonada en este contexto. Nuestro sistema político sigue perdiendo legitimidad a medida que estas fallas persisten. Es alarmante constatar que aquellos mecanismos destinados a esclarecer, en realidad nublan las interacciones entre tomadores de decisión y grupos de interés. Una democracia robusta, requiere que se acabe el baile de máscaras y que sus ciudadanos, donde quiera que residan, tengan acceso efectivo a los tomadores de decisión, sepan con quienes se reúnen y los propósitos de dichos encuentros.