Atacama 2024: Una batalla decisiva para la educación pública chilena

Para que lo sucedido con el SLEP de Atacama no arrastre a otros servicios educacionales a lo largo del país debemos prestar atención a una serie de alarmas que aún estamos a tiempo de resolver, plantea en columna para CIPER un académico e investigador en Educación: «De no ser así, con seguridad en los discursos de los candidatos presidenciales del próximo año escucharemos la arenga de devolver la educación a los municipios, o al menos la de poner en ‘pausa indefinida’ la reforma».

Iniciándose el tercer trimestre de 2023 se conoció públicamente la profunda crisis que afecta al Servicio Local de Educación Pública de Atacama, institución que a partir de 2021  agrupó a los establecimientos de educación municipal del territorio bajo esta nueva orgánica (atiende a más de treinta mil estudiantes, con más de cuatro mil funcionarios). Debido a una serie de dificultades de gestión, los y las estudiantes de la región no tuvieron, contra su voluntad, clases regulares buena parte del año [ver cobertura previa del tema en CIPER], con retrasos irremontables para su formación y la objetiva vulneración de los derechos sociales de niños, niñas y adolescentes de recibir una buena educación.

Tiempo atrás, faltando escasos meses para la finalización del gobierno de Bachelet II, se aprobó la ley que creó el Nuevo Sistema de Educación Pública (nº 21.040; noviembre de 2017). En lo institucional, esto significó recentralizar la gestión de la educación nacional en el ministerio respectivo, creándose una unidad responsable de ella, la Dirección Nacional de Educación Pública (DEP); y, en el plano territorial, los Sistemas Locales de Educación Pública (SLEP). La ley estableció setenta SLEP a lo largo de Chile, mediante un plan gradual de implementación que, luego de algunos cambios, mantiene hoy un calendario de traspasos hasta el año 2028.

Así, tres leyes constituyen la tríada normativa orientada a reducir (y eliminar) el funcionamiento de la educación nacional subsidiada —pública y privada—bajo la lógica del mercado. A la recién mencionada, se suman la Ley de inclusión escolar (nº 20.845; 2015), que elimina el copago de la escolaridad, prohíbe el lucro institucional y regula la selección de estudiantes; y la Ley de Desarrollo Profesional Docente  (nº 20.903; 2016), que fija un sistema de carrera profesional para el sector público y privado, regula su formación inicial y avanzada.

Debiésemos suponer que, como en toda crisis institucional de proporciones, lo ocurrido en Atacama durante el año recién pasado se fue manifestando gradualmente en el tiempo. Por razones que desconocemos, las alarmas no se encendieron oportunamente como para que el gobierno nacional le prestara oportuna atención. El traspaso de los colegios desde los municipios a los SLEP se ha producido lentamente desde 2018, lo cual implica no sólo el cambio de establecimientos, sino también de infraestructura, equipamiento, y de parte de sus docentes y personal. Podía preverse que lo sucedido en el SLEP Atacama iba a ser complejo, pero ni la DEP ni el ministerio pusieron oportuna atención. En todo esto existió un problema de diseño de la reforma, avisado con antelación por diversos especialistas, pero no considerado en la ley.

Lo que le ocurra al SLEP de Atacama será clave para el futuro de la educación pública. Hay otros diez servicios en operación —algunos, con problemas importantes, pero de menor cuantía (Aconcagua/Valparaíso, Colchagua)—, y el efecto político de este caso puede ser una bola de nieve que arrastre a la educación pública chilena a un lugar del que no será fácil salir. No es tarde para encender las alarmas de los flancos más evidentes que resultan amenazantes en este caso, y que por diversas razones no fueron incorporados al diseño de ley que aquí comentamos. Estos incluyen:

•la débil relación que se presenta entre los SLEP y el gobierno regional de su territorio, siendo que la autoridad elegida democráticamente debiese tener una responsabilidad importante en los SLEP de su jurisdicción como representante de los ciudadanos. Un diseño moderno de gestión del Estado nacional y subnacional debiese potenciar el derecho de los ciudadanos de un territorio a las decisiones que le competen;

•la excesiva extensión del tamaño territorial de los SLEP, que provino del guarismo de usar para su definición la división administrativa del país (no se entiende la razón, pues los SLEP le reportan a la DEP), y también que tuviese un tamaño de beneficiarios similar los de un CESFAM para su sustentabilidad financiera (pese a ser prestaciones muy diferentes);

•dado que la ley estableció setenta SLEP, cambiar esta materia es reformar la ley; algo que, de por sí, es lento. Se podría, entonces —aunque requiere financiamiento centralizado— instalar oficinas locales al interior de cada SLEP que le den mayor agilidad a la gestión, el problema en este aspecto es financiero, ya que la ley no las financia centralizadamente y los SLEP, como Atacama lo demuestra, no tienen los recursos.

•un tema muy técnico —previsto en su oportunidad, señalado reiteradamente y desgraciadamente no resuelto hasta ahora— es que los SLEP como figura legal son servicios públicos. O sea, están sujetos a las normativas de asignación/control presupuestario financiero anual, con las trabas y limitaciones que ello implica. En paralelo, también son sostenedores de establecimientos educacionales, lo que bajo la anterior figura permitiría una gestión más expedita de los recursos. Parte sustantiva de los problemas de gestión financiera eficiente derivan de esta situación, hasta hoy no resuelta y que seguirá obstruyendo su desempeño, de no corregirse.

•Ya que es referente en este campo, de Finlandia pudimos haber aprendido que la transformación institucional de su educación partió desde los lugares más pequeños, y que solo al final, tras haber cosechado las debidas lecciones, se llegó a los territorios más densamente habitados, hasta cerrar con su capital. También de los fineses pudimos aprender que las competencias de un directivo para instalar un SLEP son diferentes de las de uno para operar ya en régimen.
 
 

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La profunda transformación de la institucionalidad pública que ha supuesto la implementación de los SLEP, en realidad es solo parcial, pues deja intactos a las Seremi y a los departamentos provinciales de Educación. Esto ha sido un factor de turbulencia pedagógica, y confirma la imperiosa necesidad de rediseñar el Ministerio de Educación en forma integral.

Una segunda limitante crucial de esta reforma es que no altera los dos pilares sobre los cuales opera el libremercado en la educación chilena: el sistema de subsidio por estudiante y el rol del Simce en la organización de la enseñanza (currículo) y en la gestión de los establecimientos escolares. A partir de la reforma de la educación chilena instalada el año 1981, el neoliberalismo no sólo desafió con éxito importante el principio de que la educación es un bien público y común (vigente por más de cuatro décadas, tres de ellas en democracia), sino que también provocó respuestas del sector educativo que van desde la privatización radical hasta la simulación y la preparación para el mercado [ver columna previa del autor en CIPER-Opinión: «Resultados PISA: el fracaso del modelo de mercado en la Educación chilena»]. Pero el mercado sigue presente y mandando también en la operación de los SLEP en la actualidad.

Si queremos romper esta «maldición», no se puede seguir financiando la educación con un sistema de ingresos variables (subsidio por asistencia del alumno) en un sector que tiene esencialmente costos fijos. Nos dirán: ello no está en la agenda ahora. Pero también lo dijeron con la ley anterior, y es el factor que por excelencia ha empobrecido el trabajo educativo de la escuela chilena. El SIMCE no solo es la imposición del currículo obligatorio para aquellas escuelas que atienden a la población más vulnerable, sino que es uno de los dos parámetros que regula la vida de los equipos directivos de los establecimientos escolares. Todo convenio de desempeño que firma un/a director/a público tiene la exigencia de: mantener/aumentar matrícula, y de mantener/aumentar resultados Simce. ¿Acaso no es eso mercado puro y duro?

La solución circunstancial para Atacama requiere hoy de una DEP que sea apoyada por todos —no me cabe duda que las unidades del ministerio lo están haciendo— para que en esta coyuntura urgente pueda dar solución a los problemas imperiosos de vulneración de derechos sociales y educacionales de niñas, niños y adolescentes. De no ser así, con seguridad en los discursos de los candidato/as presidenciales del próximo año escucharemos la arenga de devolver la educación a los municipios, o al menos la de poner en «pausa indefinida» la reforma en comento.