Nueva Constitución y cambio climático: el insuficiente artículo 212

Son escasas las menciones a la problemática medioambiental en la propuesta constitucional, considera la autora de esta columna para CIPER, investigadora especializada en el tema. Se trata de una omisión indicativa de la necesidad de «repolitizar el debate sobre cuidado de las naturalezas», con el sentido de urgencia que este merece.

De múltiples formas, la humanidad busca hoy «crear mundos más habitables», en palabras de la filósofa de la ciencia Vinciane Despret. Sin embargo, la propuesta de Constitución Política de la República que debemos votar en pocos días más se aleja estrepitosamente de la necesidad de encontrar maneras de proteger formas de existir, relaciones, y nuestro cohabitar (Despret dixit).

Algunos análisis ya dan cuenta del retroceso del texto a este respecto [ver FIMA 2023], y de cómo ni siquiera «cumple con las garantías mínimas de protección ambiental en el siglo XXI y en un contexto de crisis climática» [PAÍS CIRCULAR 2023]. Sin querer redundar, en esta columna me centro específicamente en su artículo 212, donde se encuentra la única mención a cambio climático de la propuesta:
 

El Estado implementará medidas de mitigación y adaptación de manera oportuna, racional y justa, ante los efectos del cambio climático. Asimismo, promoverá la cooperación internacional para la consecución de estos objetivos.

 
En esta columna quisiera relevar algunos antecedentes cruciales que explican por qué el artículo 212 no aporta en nada al largo camino recorrido en Chile respecto al problema público del cambio climático. Se trata de una redacción pobre en normativa y léxico para un asunto urgente que hoy convoca a la sociedad civil, organizaciones y activistas, Estado, científicos, etc. Sabemos que, a través de la Ley Marco de Cambio Climático, el Estado ya tiene que implementar medidas de mitigación y adaptación. Por otra parte, existen antecedentes suficientes que prueban que «la cooperación internacional» no ha sido una instancia real de colaboración, ni menos ha tenido una función vinculante para el cumplimiento de objetivos «racionales y justos». Apelar a la cooperación internacional sin entregar los instrumentos necesarios para hacer efectiva una presión bi o transnacional no responde a la altura de los desafíos [CHILE SUSTENTABLE 2023] (por otro lado, el artículo en cuestión tampoco deja claro cómo, normativamente, se ejecutará dicha «promoción» de la cooperación internacional, en un contexto de deslegitimación de los acuerdos internacionales respecto al cambio climático). 
 
 
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Más allá de los aspectos normativos y léxicos del pobre artículo 212,  es relevante repolitizar el debate ambiental, pues hacerlo implica cuestionar el modelo de desarrollo. Sabemos que en Chile esto último resulta una tarea colosal: el crecimiento económico es ley y dogma. Frente al argumento de que nuestro actual modelo ha sacado al país de la extrema pobreza, cualquier intento de cuestionar los efectos del extractivismo y apuntar hacia una reorganización política-económica de decrecimiento (ie, una reducción drástica del consumo de recursos y energía) suena, cuando menos, como una ignorante monstruosidad [ver en CIPER-Opinión, “A favor del decrecimiento”, 06.01.2022; y “Decrecimiento: una solución atada al pasado”, 26.01.2022].

De esta manera, la preocupación por el cambio climático y por nuestras actuales formas de vida y de producción va siendo dejada de lado. No solo se minimiza su importancia, sino que además se despolitiza lo que significa asegurar la producción (limpia) de alimentos, el acceso al agua o la protección de cuencas, entre otros temas. Pareciera como si hablar de medioambiente o cambio climático fuese algo menor, marginal, sin importancia para el debate público.

Pero mientras las naturalezas se derrumban —hablar de naturalezas en plural obedece al hecho que son múltiples y variadas en sus significados y atribuciones—, también lo hacen los intentos de acuerdos multilaterales que buscan, si no revertir, al menos enfrentar el cambio climático. Diversas polémicas recientes han reforzado el escepticismo frente a estos encuentros globales, y las últimas declaraciones del presidente de la COP28, Sultan Al Jaber, sobre el hecho que no hay ciencia detrás de las demandas de abandono de los combustibles fósiles, han renovado la indignación.

Pensar en equilibrios en el marco de la desregulación e incertidumbre planetaria implica pensar en alternativas al capitalismo que puedan asegurar formas de vida futuras. El autor japonés Kohei Saito ha venido a mostrar, con una relectura minuciosa de Marx, el «comunismo del decrecimiento», y nos invita a pensar nuevas relaciones de sociedad y naturaleza que nos permitan enfrentar las desilusiones que la sociedad capitalista no ha podido resolver, tales como disminuir la desigualdad, y revertir el cambio climático y la crisis ecológica. Saito muestra cómo pasamos de la búsqueda de la conquista de la Naturaleza (la explotación de los recursos en la línea del modelo chileno) a una naturaleza desastrosa, con bosques que se incendian, agua que se calienta, niveles del mar que crecen, y especies que desaparecen. 

Hablar de cambio climático es, irrevocablemente, hablar de modelo, capitalismo, desarrollo, recursos. En Chile, a partir de la primera década de 1970, las/os activistas que buscaron visibilizar problemáticas ambientales en los debates políticos tuvieron claro que tenían que orientar la discusión hacia el cuestionamiento y la propuesta de modelo de desarrollo, hablando de nacionalización, control y propiedad de los recursos, e incluso de justicia redistributiva.

Durante la dictadura, activistas y líderes ambientales se enfocaron en la transformación del régimen político y el modelo de desarrollo económico vigente, buscando desarrollar lo que llamaron «una filosofía alternativa para el desarrollo».

Lentamente, sus demandas han ido permeando las políticas públicas. A fines de los años 80 se sientan las bases para la primera ley de medioambiente en Chile, gracias a la articulación de redes ambientalistas. Y si en los años 90 la articulación del movimiento se centró en instalar las problemáticas ambientales en un contexto en el que estas eran escasa o nulamente consideradas, a partir del año 2010 casos como el de Hidroaysén cambió la configuración de estos temas y el rol de los organismos públicos. Aun cuando científicos, activistas y defensores venían trabajando hace décadas sobre cambio climático, recién en junio de 2022 el problema aparece en la institucionalidad, con la publicación de la Ley Marco de Cambio Climático.
 
 
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Durante los últimos años, Chile ha conseguido avanzar en asuntos como la protección de los ríos o las áreas marinas costeras. Entre otros casos, el Futaleufú y el Puelo son los primeros ríos en ser protegidos como reserva de caudal con fines de protección ecosistémica en Chile, en tanto el Archipiélago de Humboldt ha sido declarado Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos.

Confiar en que una propuesta constitucional como esta pueda establecer y definir objetivos racionales y justos, tal como detalla el artículo en cuestión, da para sospechar.

Si bien una Constitución debiera estar basada en consensos y acuerdos, en un país como Chile, donde el 1% más rico concentra el 49,6% de la riqueza del país [WORLD INEQUALITY REPORT 2022; GONZÁLEZ 2019], los desafíos éticos y políticos son difíciles de integrar a la nuestra concepción de democracia. Joelle Zask, filósofa y especialista en ecología y democracia, afirma la importancia de reconocer lo central que son para las personas sus lugares de vida. Respetar el afecto de las/os humanos y seres vivos por su entorno, sentirnos ciudadanos de alguna parte y comprender el apego a determinados lugares como bases decisivas de la existencias debiera ser central para asumir estos desafíos éticos y políticos.

Una Constitución que no apunta a mejorar la calidad de vida de las/os ciudadanas/os, que no propone el resguardo de formas de vivir que se adapten mejor al nuevo mundo (que ya no será el de antes), que no protege los lazos que tienen las personas con sus lugares, no nos sirve. Son muchos los temas que al respecto esta propuesta, por voluntad o descuido, omite. Era el momento para proponer una Constitución que, desde lo medioambiental, apuntase a los años por venir, entendida como una política democrática en la definición de Zask; es decir, una política que produce y preserva ambientes propicios para realizar lo propio de cada una/o.