El caso de los «body packers» en la Región de Tarapacá

En lo que va del año, 221 personas han sido detenidas por contrabandear droga entre fronteras al interior de su cuerpo. En la región de Tarapacá, el protocolo indica que estas deben permanecer bajo custodia de Carabineros o la PDI a la espera de que evacúen los ovoides y luego puedan ser conducidas al juez de garantía. La siguiente columna para CIPER, a cargo de un integrante del Comité Para la Prevención de la Tortura, describe cómo la falta de infraestructura, espacio y personal no solo pone en riesgo la salud de los detenidos sino que también afecta la operación en Comisarías y el bienestar de detenidos por otros delitos.

«Cada hombre es indispensable para los demás y todo los demás son absolutamente indispensables para cada uno […], y todos son entidades humanamente concomitantes a él, cada hombre es raíz del ser humano», comenta en el contexto de un alegato judicial uno de los personajes de la gran novela La cabeza perdida de Damasceno Monteiro, de Antonio Tabucchi. El abogado Fernando de Melo Sequeira exhorta así al tribunal, y a la sociedad toda, a que la prohibición absoluta de la tortura descansa en la idea de que todas las vidas deben valer lo mismo.

Se conoce como «body packers» (también ‘mulas’ o ‘burreros’) a las personas que contrabandean droga entre fronteras cargándola en el interior de su cuerpo, usualmente con envoltorios de látex, goma o celofán. Desde que en Chile comenzó a funcionar la Reforma Procesal Penal, en la región de Tarapacá tanto Carabineros como la PDI alternan mes a mes la custodia de estas personas cuando son detenidas, a la espera de que evacúen la droga que cargan, y luego puedan ser conducidas hasta el juez de garantía, y realizar su audiencia de control de detención y posterior formalización por infracción a la Ley 20.000. 

Esta custodia se realizaba en un anexo del Hospital Regional de Iquique, inmediatamente al costado de Urgencia. La razón para hacer la custodia policial y el proceso de evacuación de los ovoides en una unidad de salud es el alto riesgo de quien tiene contenedores con droga en el organismo y, por lo mismo, la necesidad de hacer revisiones periódicas del estado de salud de la persona detenida, proporcionando medicamentos o insumos especiales que faciliten la evacuación. En 2017, la Defensoría Penal Pública y el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentaron un recurso de amparo solicitando se mejoraran las condiciones de seguridad y dignidad de las personas detenidas, razón por la cual la Ilustrísima Corte de Apelaciones ordenó dichas mejoras y la elaboración de un protocolo que estandarizara la atención y cuidados que debían recibir las personas en custodia. Lo anterior, sobre la idea que las personas privadas de libertad son depositarias de la misma dignidad que todas las demás personas, junto a la obligación internacional según la cual el Estado —en este caso, a través de las policías y todos los actores del sistema de justicia penal— tiene un rol de garante a la hora al respecto.

En marzo de 2023, la dirección del Hospital Regional de Iquique manifestó la imposibilidad de continuar manteniendo bajo modalidad de observación médica a las personas detenidas por este delito, argumentando la falta de capacidad y espacio para ello, puesto que no hay camas disponibles ni personal que pueda dedicarse a su cuidado. Carabineros de Chile debió, entonces, trasladarlas a sus dependencias. Se estableció temporalmente para ello a la Primera Comisaría de Iquique, ubicada al centro de la ciudad, con cuatro calabozos y capacidad de hasta doce detenidos. Como en toda unidad policial, la estadía allí no puede exceder las veinticuatro horas, pues no se cuenta con recursos de alimentación ni otros requerimientos específicos.

El cambio de contexto para los casos de body-packers ha puesto en riesgo su integridad física y psíquica. En septiembre pasado, representantes del Comité para la Prevención de la Tortura visitaron la Región de Tarapacá y comprobaron que las unidades policiales no cuentan con la infraestructura ni equipamiento para que su evacuación de los ovoides sea en condiciones dignas y seguras, considerando el altísimo riesgo vital al que se encuentran expuestos quienes ingieren droga para contrabando. Recordemos que los estándares internacionales de derechos humanos ponen al examen médico de las personas detenidas como una de las principales garantías de su integridad personal.

La actual situación de los body-packers en la Región de Tarapacá es un problema que excede casos puntuales de infractores de la ley, afectando incluso al propio personal que trabaja en Comisarías, así como a detenidos junto a ellos por otras causas.

QUIÉNES SON LOS BODY-PACKERS

Según datos entregados por ambas policías [CPT 2023], desde el año 2017 a la fecha se han detenido a 1.979 personas por ingesta de ovoides. Sólo este año 2023 se ha detenido a 221 personas. La información refleja que Carabineros es la institución a la que cada año le ha correspondido custodiar a mayor cantidad de personas por estos delitos (en los meses que le corresponde efectuar esta tarea). De este modo, se identifica que Carabineros tiene a su cargo entre el 54% y el 77% del total de los casos de cada año, mientras que la PDI sólo lleva los restantes casos.

i) edad: Respecto a las edades de las personas detenidas por este tipo de delito, la información entregada por Carabineros muestra a una mayoría de jóvenes: 65% está entre los 18 y 29 años en el periodo reportado; contra un 34% de mayores de 30 años. Preocupa la presencia de 6 casos de detenciones a adolescentes menores de edad, que si bien representan un bajo porcentaje del total de personas detenidas (inferior al 1%) es un problema en sí mismo que estén siendo partícipes de este tipo de prácticas criminales que ponen seriamente en riesgo su vida. Si se observa la situación para cada año del reporte, tenemos que anualmente la superioridad de jóvenes detenidos por ingesta de ovoides es evidentemente mayor que el resto de personas adultas. A su vez, si se observa la información de las detenciones efectuadas por la PDI, se observa que entre 2017 y 2018 es mayor el número de personas mayores de 30 años que eran detenidas por este tipo de delitos, mientras que, a partir de 2020, la tendencia cambia siendo mayor el número de detenciones a jóvenes de 18 a 29 años.

ii) sexo: entre lo/as detenido/as, las cifras de carabineros dan cuenta que la mayoría son hombres, a excepción del año 2020 donde hubo detención similar de hombres y mujeres. Todos los otros años el porcentaje de hombres es bastante superior que el de mujeres, desde el 65% al 80% del total de los casos. Asimismo, al observar la información respecto entregada la PDI se confirma superioridad de detenciones de hombres, con un porcentaje promedio de 68% de los detenidos por este delito versus el 32% correspondiente a mujeres.

iii) nacionalidad: se observa que casi la totalidad de estas personas son de origen boliviano (95%), y de forma muy marginal se encuentran personas de otras nacionalidades como peruanos, chilenos y otras (colombianos, venezolanos y ecuatorianos). Igual tendencia se observa en las personas detenidas por Carabineros de Chile como por la Policía de Investigaciones.

El próximo 10 de diciembre se conmemoran 75 años de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el diseño de ese nuevo sistema de protección internacional de derechos humanos, uno de los pilares es el reconocimiento de la igual dignidad que tenemos todos los seres humanos solo por el hecho de nacer y pisar esta tierra. Una forma concreta de reafirmar el compromiso del Estado de Chile con esa obligación es disponer a todas las autoridades del sistema de justicia penal, para que, en la región de Tarapacá, al igual que en las otras regiones del país, las personas detenidas que han ingerido ovoides con droga hagan la custodia en unidades de salud donde se proteja su vida. Como decía el abogado de la novela de Tabucchi, la vida de hombres y mujeres debe tener el mismo valor.