«En Atacama todo es distinto»; también la crisis

87 días de paralización docente (hasta ayer) tuvieron a los miles de estudiantes de la educación pública de Atacama sin clases ni rutina escolar alguna, en una pausa probablemente irrecuperable. A las causas inmediatas del conflicto debe sumarse un diagnóstico más extendido, aún lejos de solucionarse, advierte esta columna para CIPER: «La falta de clases por paralizaciones esconde la falta de profesores, y la mayor crisis se agudiza por la ausencia de política pública ante una próxima crisis de provisión educativa.»

Comprender la actual crisis educativa de la Región de Atacama es internarse en un espacio atemporal, de múltiples omisiones y falta de gobernanza de los agentes o stakeholders de las políticas públicas, que trascienden la contingencia. Sucede en un territorio con arraigo minero, de una desarrollada cultura sindical y demandante, que florece como el desierto de semillas triangulares en medio del viento del relave y enfrenta una sequedad constante de voces que esperan soluciones de sus autoridades educativas. Por algo, en sus capacitaciones a los docentes, las autoridades ocupaban expresiones como «en Atacama, todo es distinto». Veamos sus distinciones.

Atacama no solo llegó a estar 87 días en paralización docente. En marzo de este año, el Colegio de Profesores inspeccionaba las obras prometidas en los establecimientos, y expresaba que «estos problemas llevan varios años sin ser solucionados y dificultan directamente los aprendizajes de los estudiantes, ya no podemos esperar más». El Liceo de Caldera inició el año 2023 en toma por malas condiciones del establecimiento. En junio, la Junta nacional de jardines infantiles de Atacama (Junji) y los asistentes de la educación se movilizaron por demandas en las condiciones laborales que incluían problemas en la infraestructura escolar. Recientemente, la presidenta del colegio de profesores de Copiapó, Yariela Ardiles, comentó en entrevista: «Nos dijeron que hagamos clase online de mentira», aludiendo a lo dicho por la autoridad ministerial de educación Mónica Aravena, por la demanda en las condiciones habilitantes para realizar las clases. Esto da cuenta de las «distinciones» de la región en materia educativa, una constante levedad y falta de rigor para brindar orientaciones a las comunidades educativas.

La distinción de Atacama se expresa en un problema de desigualdad estructural que sigue socavando la educación en todas las dependencias, porque en el territorio la educación privada y pública es golpeada por la falta de clases cuyo origen arrastra una problemática aún más aguda y de difícil solución, pues no solo han sido 30.000 estudiantes sin clases en sistema público que lleva a declarar a UNICEF una grave vulneración de derechos. Existe una sostenida falta de profesores en la región. En el estudio de Idoneidad disciplinar de los profesores y mercado de horas docentes en Chile [MEDEIROS 2018] se releva la inequidad en la distribución geográfica, siendo Atacama la primera y de mayor porcentaje en la proyección de un déficit de 42% de profesores para el año 2025. Es una preocupación compartida por la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE), que establece la falta de docentes idóneos en el encuentro con la autoridad de la Subsecretaría de Educación (agosto 2023). Porque en Atacama los profesores son ingenieros en minas, periodistas, contadores, administradores, traductores. Fuera del marco legal de la idoneidad docente (Ley 20.370) sin regularizar estudios de pedagogía por cinco, diez o más años. No es de extrañar que sea la región que logre resultados más bajos en todo Chile en las pruebas estandarizadas Simce [AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN].

Otros datos llamativos, tan «distintos»: sus segundos medios muestran un rendimiento 65% más bajo en matemática en comparación con el promedio nacional, y sus cuartos básicos obtienen en pruebas de lectura 258 puntos, cuando el puntaje nacional es 267. Efecto de las pérdidas de clases por huelgas sindicales y falta de docentes idóneos. Además, la cultura familiar es de ausencia a clases, en especial en primera infancia, deserción escolar en primeros medios y desmotivación por los estudios, porque en Atacama existe solo una universidad, que tampoco forma profesores de Enseñanza Media, precisamente, el principal déficit proyectado en la región.

Los datos del Censo 2017 para la tercera región de Atacama y sus tres provincias (Chañaral, Huasco y Copiapó) y nueve comunas en total arrojan estadísticas de 282.105 habitantes, concentrados en un 70% en las ciudades de Copiapó y Vallenar.  Al 2018, había allí 4.263 profesores (1.750 en educación Básica, 1.133 en Media y 380 a nivel parvulario), de un total-país de 198.548 docentes de aula. Como comparación, la RM tiene 82.710, lo cual da cuenta de la concentración de profesionales en el territorio. Si bien es coherente con la distribución poblacional, es importante saber que en la región de Atacama en los años 2005 y 2006 la matriz de recambio bajó de 3.225 a 3.222, y que en 2014 hubo solo 19 profesores más en el sistema [MINEDUC 2023].

En la política educativa sigue pendiente, y de forma urgente, abordar la falta de profesores en Chile, en especial, en la región de Atacama. Para 2025 habrá un déficit de 32 mil docentes, lo cual podría hacer colapsar al sistema educativo del país [ELIGE EDUCAR 2021].


 
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La sesión solicitada el año pasado al rector de la Universidad de Atacama por la Comisión de Educación de la Cámara con el fin de solicitarle el fortalecimiento de la Facultad de Educación y crear carreras de pedagogía para la provincia del Huasco nunca se concretó  [Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y Diputadas, sesión N°32 del 4.10. 2022]. Por consiguiente, denominar la «distinción» regional como crisis es un acto de honestidad con el territorio, que suma la violencia entre sus habitantes, en una región abandonada por muchas autoridades de ocasión y nula política de distribución pertinente a las necesidades de educación por los territorios y las comunidades.

En su obra cumbre, Chañarcillo, (1936), Antonio Acevedo Hernández hablaba de la idiosincrasia de «descubrir» la plata. Plata «pública», plata «fácil». De todos y de nadie.

Lo «distinto» en Atacama, entonces, son las políticas de probidad. Lo distinto e indeterminado de las decisiones que soslayan delitos de corrupción y que atentan contra la fe pública de caminar sin asidero, como de los mismos socavones de Tierra Amarilla, que tuvo su propio terremoto de autoridades destituidas por fraude al fisco en 2021. 

En septiembre pasado, el Ministerio de Educación hizo pública la auditoría sobre el Servicio Local de Educación Pública Atacama, y en ella se señala que «el Sistema de Control Interno es insatisfactorio, debido a graves debilidades en los controles evaluados, los que no proporcionan una garantía razonable en la gestión de los riesgos, lo que ha dificultado el logro de las metas y objetivos de cada proceso». El informe detalla una serie de transferencias entre cuentas corrientes desde 2022 a marzo de 2023 por miles de millones de pesos que no concuerdan o en las que existen diferencias no aclaradas. Inconsistencias en dineros para el Programa de Integración Escolar (PIE), subvenciones escolares (SEP) y JUNJI. Además de pagos de licencias médicas a exfuncionarios y un sinfín de sumarios abiertos que, tal como determina el informe, muestra que el Servicio Local «no mantiene un control de los ingresos y gastos efectuados por cuenta corriente, además de la inexistencia de encargado permanente en rendiciones de cuentas».

Plata pública, de parte de un Estado que estuvo y está presente en el territorio que contiene a 26.099 habitantes en condición de pobreza, siendo un 13% pobreza infantil [CASEN 2022]. En contextos escolares de delincuencia y narcotráfico, con asentamientos descontrolados en los cerros del desierto. Farrearse esos recursos, por dolo u omisión, es impresentable, y amerita un sentido de urgencia que va más allá de visitas a terreno y declaraciones de conciencia de un abandono anterior. La falta de clases por paralizaciones esconde la falta de profesores, y la mayor crisis se agudiza por la ausencia de política pública ante una próxima crisis de provisión educativa.