El rol del Estado en el Sistema Nacional de Cuidados

En nuestro país, son las familias las que se ocupan del cuidado de personas dependientes (ancianos, niños, enfermos), y, dentro de estas, las labores las asumen mayoritariamente las mujeres. El gobierno ha comprometido la implementación paulatina de un Sistema Nacional de Cuidados, que incorpore al Estado a tal obligación. Dos especialistas describen en esta columna para CIPER por qué los cuidados son un tema público y de creciente urgencia.

El gobierno del presidente Gabriel Boric ha comprometido un Sistema Nacional e Integral de Cuidados como una necesidad central, el cual tiene como antecedente las políticas públicas al respecto de la expresidenta Michelle Bachelet. En Chile, el 70% de las personas con algún grado de dependencia son cuidadas por una mujer [ENADE 2022], y el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados representa el 25,6% del PIB según datos del Banco Central en 2020. La promesa planteada por el gobierno es ir implementando paulatinamente el Sistema Nacional de Cuidados desde 2024 como un nuevo pilar de protección social que «integrará a las familias, el Estado, las comunidades y los privados», en palabras de la ministra de Desarrollo Social y Familia. Dentro de los avances conocidos, en la presentación del Presupuesto 2024, el presidente anunció un aumento de un 25% de los recursos destinados a cuidados; es decir, $87.825.674 que serán destinados a infraestructura de apoyo para personas mayores, adultos, niños y niñas, y personas dependientes con el fin de crear redes locales de apoyo, residencias y centros comunitarios de cuidado, entre otros.

Si bien la discusión parlamentaria está pendiente, es clave tener presente que el Sistema Nacional de Cuidados es un asunto urgente. Existen contundentes cifras que demuestran la feminización en los cuidados y sus efectos en el desarrollo integral de las mujeres (pobreza, desigualdad, informalidad, desempleo, dependencia económica y su correlato con la violencia de género), lo que constituye una preocupación para Chile y Latinoamérica. Esto genera que varios países se comprometieran en avanzar hacia una «sociedad de los cuidados» con enfoque de derechos, como parte de la agenda 2030 [CEPAL 2022].

Inmediatamente surgen varias preguntas respecto del rol del Estado en estas tareas, pues durante siglos se han pensado y ejercido como asuntos «privados» al interior de las familias. Es la familia el núcleo para asumir el soporte del cuidado de la infancia, personas mayores y personas con algún grado de dependencia; y cada vez que esta discusión se instala en el espacio público, se vuelve a presentar una falsa dicotomía entre su rol y el del Estado. Los sectores más conservadores señalan que uno no debiese reemplazar a la otra como responsable exclusiva y «natural» de tales labores. Levantan posiciones como «el deber de cuidado mutuo», el cual centra la obligatoriedad de proveer las labores de cuidados dentro de la familia —en su mayoría, por sus integrantes mujeres—,  a través de sus propios medios y subsecuentes sacrificios personales. Este modelo es el que ha imperado en Chile, y que es causa directa de la denominada «crisis de los cuidados» que ahoga a las familias chilenas y que se agudizó en pandemia.

La familia es un núcleo que nos produce pertenencia, pero la realidad es que muy pocas pueden sostenerse sin externalizar los cuidados en el mercado (salas cunas, jardines infantiles, after-school, cuidados paliativos, residencias, senior suites, entre otras), trabajando además remuneradamente a tiempo completo para sostener las deudas y la economía doméstica. Sostener la familia sin servicios o prestaciones públicas es impagable para las mayorías. La realidad, entonces, es que el cuidado en las familias se aloja en la postergación y sacrificio gratuito de las mujeres y niñas; debiendo sumar a este cruel panorama, la proliferación de personas mayores que están solas, sin redes ni familia y con pensiones bajísimas. Una desoladora realidad que solo va en aumento, porque nuestro país se encamina a una etapa muy avanzada de envejecimiento poblacional.

El cuidado sin Estado es desigualdad socioeconómica, aislamiento y soledad. Es el modelo que ha instaurado el Estado subsidiario, produciendo, precisamente al contrario de lo que señalan quienes lo defienden, desprotección y crisis al interior de las familias chilenas.

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Los cuidados recorren todo el curso de la vida; por ello, no solo es necesaria una articulación entre Estado y familias, sino que es imperativo incorporar también a comunidades y privados sobre la base de un modelo de corresponsabilidad social que redistribuya esta labor, para así ayudar y cuidar la vida cotidiana desde el nacimiento a la muerte, y sin discriminación a ninguna familia en Chile. Una discusión democrática en torno al tema de los cuidados es sin duda deseable, pero debe darse al alero de datos concretos. Por un lado, es importante acusar recibo de la diversidad de tipos de familia en Chile; es decir, mirar a las familias realmente existentes y no a la idea de ellas que queremos instalar desde un plano ideológico. Lo cierto es que hoy las familias monoparentales están en aumento y ampliamente encabezadas por mujeres que, en su mayoría, no tienen con quién ser corresponsables. Vemos también familias ensambladas («los míos, los tuyos y los nuestros»), familias homo y lesbomarentales, y familias nucleares tradicionales, entre otras. Levantar la defensa de la familia, parte de la base de reconocer su realidad en nuestro país. En caso contrario, lo que realmente se busca es proteger un tipo de familia por afinidad ideológica, en desprotección de la amplia diversidad que nos compone.

Un Sistema Nacional e Integral de Cuidados debe apuntar al reconocimiento de las personas que cuidan y de quienes necesitan cuidados en su real dimensión, de modo de aspirar a una política pública que tenga en el horizonte la redistribución económica y la corresponsabilidad social. En esto es clave tener en cuenta cómo están compuestas las familias hoy en Chile, y cómo ellas generan sus redes de cuidado, asumiendo el alto grado de feminización de la carga. En nuestro país las mujeres cuidan solas, y eso es una realidad. No se trata, entonces, de generar una falsa dicotomía entre el Estado y «los verdaderos» responsables del cuidado, sino de observar y aceptar el autorreconocimiento de las personas cuidadoras, que se están organizando en torno a demandas que reconozcan el trabajo de cuidados no remunerados, visibilizando su agobio y exigiendo que el Estado sea un articulador de lazos sociales e instituciones, transformando el cuidado en bienestar social y no una carga impuesta a las familias y principalmente a las mujeres, a costa de su empobrecimiento y pérdida de libertad para decidir sobre su propia vida.