Las lógicas incompatibles del proceso constituyente

La jurídica, la principista-identitaria, la electoral y la coreográfica: son cuatro las lógicas que han dominado los dos últimos procesos constitucionales, describe esta columna para CIPER que advierte los riesgos de imponer una sobre la otra: «El ‘guiso constituyente’ debe tener un poquito de cada aliño, pero no demasiado de ninguno.»

El análisis de la deriva en la que nos hemos visto ocupados estos últimos años para que Chile tenga una nueva Constitución pone demasiado énfasis en los errores de los actores involucrados: lo de «pasar máquina» desde la izquierda (primer intento) o la derecha (intento actual), la falta de prescindencia del presidente Boric en el proceso pasado, el desborde de los independientes, la rigidez del Partido Republicano, etc. En esta columna sostengo que tales errores (y pequeñeces) no son el único problema. El largo e inacabado proceso constituyente obliga a la convivencia entre distintas lógicas de acción que son contradictorias, y que en tiempos normales —es decir, no constitucionales— corren por carriles paralelos. Una lógica de acción es un conjunto de principios o directrices que orientan las motivaciones, creencias y comportamientos de los individuos, y que habitualmente lo hacen de manera inconsciente o semiconsciente para ellos mismos. Observando el proceso constituyente desde 2021, creo que podemos identificar cuatro lógicas.

(1) La lógica jurídica, según la cual los actores (convencionales, consejeros, expertos) buscan redactar una Constitución que se ajuste en sus formas y contenidos a los estilos constitucionales imperantes en el mundo (por ejemplo, una Constitución «minimalista»), que siga la tradición constitucional del país y pueda conectarse con las prácticas jurídicas nacionales, y que sea consistente con los acuerdos internacionales y el ecosistema jurídico global. Ésta es la lógica que manejan los/as expertos/as constitucionalistas, pero es poco comprensible para las personas comunes y corrientes.

(2) La lógica principista-identitaria, que consiste en tratar de incorporar en la Constitución los deseos, valores y aspiraciones de grupos específicos de la población, pero que no representan necesariamente a la mayoría de la sociedad chilena. Estas identidades particulares (justificadas por principios universales, tales como la inclusión, la equidad, la libertad o el orden) se entroncan con sufrimientos personales y demandas colectivas postergadas o ignoradas. Durante ambos procesos constituyentes (el de 2021-22 y el actual) se habló de lo identitario de manera despectiva, como «gustitos». Pero sin estas identidades particulares, muchas veces camufladas en principios universales, la política no tendría sangre, y eso no es bueno (recordemos la política anémica de los noventa y los dos mil).

(3) La lógica electoral es la que navega por el proceso constituyente con la mira en cómo las enmiendas que se van aprobando o el resultado global del plebiscito de salida favorece o perjudica electoralmente a los partidos y candidaturas futuras.

(4) La lógica coreográfica mira cómo se presenta el elenco político (en el sentido teatral de «elenco») ante el público (también en el sentido teatral). Esta lógica se nutre de la vestimenta y el disfraz, el ademán ante las cámaras y el eslógan pegadizo. El elenco político-constitucional, ¿habla con tono Catchagua o con tono sureño? ¿En mapudungún o en clave trapera urbana? ¿Peinado a la gomina o de pelo rosado? La política cotidiana tiene mucho de coreografía; y la constitucional, también.

Armados de estas categorías podemos entender el juego constituyente más allá de los errores o aciertos de los convencionales, consejeros o comisionados. Mi hipótesis es que estas lógicas son hasta cierto punto contradictorias, y que si alguna de ellas se impone a las demás no lograremos tener una buena Constitución con apoyo popular mayoritario. Por ejemplo, una Constitución cooptada por una lógica principista-identitaria sería una Constitución de nicho, que o bien no se aprobaría, o lo haría rozando el cincuenta por ciento, generando resistencia en quienes no la apoyaron. Sin embargo, una Constitución excesivamente «jurídica», aunque quizás excelente técnicamente, no crearía cohesión social u orgullo nacional. Lo opuesto pasaría con una Constitución excesivamente coreográfica: encantaría al electorado durante la campaña, pero no dejaría una arquitectura sólida para abordar los problemas nacionales. Finalmente, una Constitución demasiado basada en la lógica electoral sería sospechosa para un electorado desconfiado e impaciente. La gente leería las intenciones electorales detrás de la propuesta y votaría en contra o en blanco. El «guiso constituyente» debe tener un poquito de cada aliño, pero no demasiado de ninguno.

 
 
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El segundo momento constitucional en el que hoy nos encontramos ha sido una reacción a las lógicas que guiaron a la Convención previa (2021-22), dominada por las lógicas principista-identitaria y coreográfica. La mano se inclinó luego excesivamente hacia la lógica electoral. El diagnóstico de los partidos políticos, que vertebraron el proceso y definieron doce «bordes», fue que esta vez debía primar la lógica política (construir «grandes acuerdos nacionales») y la jurídica (una Constitución «seria» y «minimalista»). Los independientes habían sido un problema porque eran inexpertos y no sabían hacer política. Ahora se buscó la mesura, la sabiduría y la experiencia. Pero al bajarse los decibeles al rupturismo coreográfico e identitario apareció una oportunidad para la lógica electoral.

El temor de muchos era que este segundo momento, diagramado por los partidos, fuera poco participativo. Pero la razón principal de su eventual naufragio ha sido el poner la carreta electoral por delante de los bueyes de los mínimos comunes. La derecha transó más de lo que hubiera querido por razones electorales. Aprobar un texto emanado de un Consejo bajo su control significa una señal de gobernabilidad que puede hacer valer en las próximas elecciones municipales, legislativas y presidenciales. A la izquierda puede que le gusten secretamente varias de las concesiones de la derecha, pero no lo puede admitir. A esta altura apoyar una Constitución «republicana» equivaldría a reconocer ante la opinión pública que se doblegaron ante sus adversarios (lo que es aún más vergonzoso al tener un gobierno de izquierda).

Haga este experimento mental: mañana, Republicanos y Chile Vamos conceden a la izquierda todo lo que ella quiera. ¿Eso haría que la izquierda cambiara de parecer y apoyara la nueva propuesta? ¿Con qué cara miraría a su electorado después de apoyar «la Constitución de Kast»?

La primacía de la lógica electoral no quiere decir que lo principista-identitario haya desaparecido. Pero estos principios e identidades conmueven menos que en el primer intento. Ni la promesa de eliminar las contribuciones para la vivienda principal —apelando al «principio» del bolsillo— está seduciendo a la gente. El intento de conmover la fibra patriótica y declarar el rodeo deporte nacional no funcionó (estamos en 2023). Por otra parte, el principio de libertad de elección (en educación, salud, pensiones) es demasiado abstracto para los problemas cotidianos de la gente (que sí se prende con propuestas más concretas, como «Con mi plata NO»).

Una vez más se verifica la escasa capacidad de la derecha para entibiar los corazones con principios positivos. Su fuerte para conmover son los principios negativos en contextos de amenaza, como combatir la delincuencia o frenar la inmigración. De todas formas, estos principios no necesariamente convencen a toda la población: quizás vivimos en una sociedad demasiado plural para acordar principios comunes. Todo esto puede cambiar ahora que la derecha se está alineando y preparando una campaña probablemente demoledora a favor de la propuesta: se viene una nueva fase coreográfica.

Una vez más la lógica jurídica, que uno esperaría hubiese dominado este nuevo proceso, parece haber estado sumergida. Es razonable que los consejeros y expertos debatan si cambiar el «que» por el «quien» permitiría o no declarar inconstitucional la ley de aborto en tres causales, o si el tribunal Constitucional dejaría de actuar como «tercera cámara». En ese tipo de cosas se juega la calidad de la propuesta. Pero si la lógica jurídica no se traduce de manera balanceada en política, coreografía e identidades, sin dejar por otra parte que éstas se la traguen, es difícil llegar a buen puerto.