¿Cuánto cuesta abandonar a un niño en la calle?

El proyecto de Ley de Presupuestos 2024 no contempla recursos para proteger a la infancia en la calle. Según denuncia esta columna para CIPER, la decisión de la DIPRES no sólo va en contra de declaraciones previas de personeros de gobierno sobre la prioridad para el tema, sino que además pone en riesgo la continuación del programa “Red Calle Niños”, de positivos resultados hasta ahora, comenta uno de los coordinadores de ese trabajo.

A pesar de que la niñez en situación de calle en Chile es un fenómeno antiguo en la historiografía de la infancia pobre, los niños, niñas y adolescentes que viven en la calle suelen pasar inadvertidos entre nosotros. Su ocultamiento e invisibilidad se explica entre otras razones por la masividad con la que la niñez ha sido institucionalizada. Así pues, la internación y confinamiento forzoso en dispositivos estatales de «protección» ha devenido política pública. La institucionalización de la niñez vulnerable, huacha o expósita como estrategia de administración de la población es una prueba maciza de la eficacia del control estatal. En otras palabras, a diferencia de lo que se suele apreciar en países vecinos del continente, el ciudadano de a pie no logra observar con total lucidez la magnitud de la niñez errante. En Chile, la deambulación, desescolarización, disfunción parental y estigmatización de la infancia ha sido controlada en gran medida, por el Estado a través de diversos dispositivos de coerción jurídica y psicosocial [RAULD 2021].

He aquí que el control de la vida infantil se ha expresado a nivel individual y en términos de población. No solo se ha construido ciencia social a partir de la infancia pobre, sino que más precisamente se ha fundado toda una historiografía del bajo pueblo. Sin embargo, no toda la niñez pobre ha sido sometida al control institucional o a las tecnologías de gobierno. En la medida que la institucionalización nunca ha admitido la voz y participación protagónica del niño como sujeto de derechos, una gran cantidad de ellos ha escapado incesantemente de los centros de Mejor Niñez (ex SENAME) o de sus organismos colaboradores. En otra gran proporción de casos, el férreo control de los dispositivos «proteccionales» no ha alcanzado a inmiscuirse en la vida familiar de cientos de niños y niñas desprotegidos.

Frente a la pregunta «¿Cuáles son los principales motivos por los que has pasado la noche o dormido en la calle?», el 53,2% de los niños, niñas y adolescentes encuestados manifestó que las razones obedecían a «problemas familiares» [GOBIERNO DE CHILE 2019]. Según reportes de la Defensoría de la Niñez [2022], en el año 2018 hubo 478 niños, niñas y adolescentes en la red de protección de derechos con causal de ingreso por situación de calle. Dos años después, solo entre julio y septiembre del año 2020, «295 niños, niñas y adolescentes que vivían en centros residenciales de la red Sename, presentó alguna orden de búsqueda». En efecto, hoy sabemos que un 41% de los adultos que están en situación de calle, admite haber iniciado su trayectoria vital en la calle antes de los 18 años de edad. No obstante, al desagregar este porcentaje según el Registro Social de Hogares 2020, advertimos que un 15% de los entrevistados inició su vida en la calle entre los 0 y los 10 años, mientras que un 25% de ellos comenzó a vivir en la calle entre los 11 y los 17 años de edad respectivamente [Ibíd].

 
 
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En las últimas dos décadas, diversas instituciones y organismos de la sociedad civil han intentado visibilizar la anterior problemática. Desde 2020, el proyecto «Red Calle Niños» está orientado a la atención ambulatoria de adolescentes en situación de calle en las tres regiones que concentran la mayor cantidad de casos (Los Lagos, Valparaíso y RM), con un equipo multidisciplinario de atención tendiente a «disminuir la permanencia en calle de niños, niñas y adolescentes, y con ello interrumpir la exposición a los graves riesgos que amenazan y/o vulneran el ejercicio de sus derechos fundamentales, impactando en su desarrollo biopsicosocial». Al no depender burocráticamente del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia («Mejor Niñez» o «Sename 2.0»), sino que del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, su quehacer no está instrumentalizado por una racionalidad técnica tutelar. Los adolescentes que adhieren al proyecto lo hacen por voluntad y no por órdenes judiciales. Luego de tres años de experiencia, y pese a las adversidades derivadas del trauma de vivir en la calle, los jóvenes han disminuido su consumo de drogas, han establecido vínculos significativos con la comunidad, han aumentado su actividad ocupacional y han disminuido su compromiso delictual. En efecto, la mayoría no está condenada en cárceles. Hasta la fecha, el programa ha exhibido la efectividad de funcionar como un antidestino en la vida de los jóvenes pobres que allí atendemos. En suma, el proyecto se ha desplegado «en contra de la asignación de un futuro ya previsto», en palabras de Violeta Núñez.

Pese a que la coalición de gobierno prometió cuidar y fortalecer la salud mental de su niñez, habría que preguntarse a qué niños, niñas y adolescentes les hablaba. Lo cierto es que la DIPRES no incluyó ni aprobó los recursos necesarios para atender a la niñez en situación de calle en el marco del Proyecto de Ley de Presupuesto 2024. He aquí que el término «situación de calle» corre el riesgo de vaciarse de significado, en la medida que nos sugiere algo circunstancial. Parafraseando a Pedro Aznar, me parece que tendríamos que hablar más exactamente de «los chicos de la calle», como una identidad en sí misma.

Evidentemente no pretendo responder aquí la acuciante pregunta que titula esta columna. Hacerlo técnicamente sería como ponerle precio a una sistemática violación de derechos humanos. ¿Cuánto cuesta atender a la niñez en situación de calle?; ¿Cuánto la atención de alta complejidad?; ¿Qué precio tiene cuidar a niños con trauma complejo?. Desde luego, estas preguntas son relevantes para cualquier gobierno, y tienen respuesta desde las neurociencias, ciencias del comportamiento y las ciencias sociales. Pero existe una dimensión política que no resulta admisible por quienes trabajamos con la niñez; a saber, la dimensión negativa de la biopolítica de la infancia pobre [RAULD 2021]. He aquí un Estado que sacó a niños, niñas y adolescentes pobres de la calle y les permitió vivir, llevándolos hacia la protección de la vida. Pero hoy, luego de tres años, se los conduce nuevamente a la calle y el arbitrio de los acontecimientos que allí ocurren. En suma, no se trata de que estemos frente a una forma violenta de aniquilación de la población ni a autoridades que intencionalmente busquen hacer daño; algo así sería absurdo. Basta con que el gobierno de turno no contemple en un proyecto de ley «hacer vivir» a su población menos prioritaria. He aquí que la biopolítica se expresa en una simple pero radical pregunta de un adolescente. La siguiente frase es real, aunque mantenemos el anonimato de a quien se la escuchamos: «¿Para qué me sacaron de la calle, si después me van a volver a dejar en ella?».