Nicanor Parra y la repartición de los panes: una analogía Constitucional

De aquí al plebiscito de diciembre que someta a voto popular la propuesta de una nueva Constitución para Chile, «el escenario puede cambiar, pero es improbable que cambie demasiado», estima el autor de esta columna para CIPER. A partir de cálculos estadísticos y datos no usualmente consignados por la prensa, la mirada de este investigador académico es que «estamos ante una propuesta de reglas básicas de convivencia democrática que es claramente del gusto de unos miembros de la clase política, pero no de sus adversarios.»

Aunque todavía falta un poco para conocer la versión final de la propuesta de nueva Constitución, lo que se terminó de votar el 4 de octubre en el Consejo Constitucional probablemente no tendrá muchos cambios. Por eso, ya es momento de que los ciudadanos empiecen a mirar con más atención al proceso para decidir su postura de cara al plebiscito del 17 de diciembre.

El Consejo votó 971 veces sobre el contenido de la propuesta presentada previamente por la llamada Comisión de Expertos. De estas, 804 normas (es decir, el 82,8%) fueron aprobadas, y muchas de estas votaciones fueron unánimes (n=414), aunque no siempre participaron los cincuenta consejeros en la votación (n=298). De lo anterior, podríamos concluir que se trató de un proceso de grandes acuerdos y que, por lo tanto, a la hora de definir las reglas básicas de la convivencia democrática las distintas sensibilidades elegidas por voto popular para integrar el CC lograron acordar un texto compartido.

No obstante, la realidad es que muchas de las partes aprobadas en estos meses ya estaban propuestas desde antes por el anteproyecto y, por lo tanto, no surgieron del ejercicio deliberativo del organismo. Por lo tanto, si queremos tener alguna noción sobre cuánto hubo en realidad de deliberación y de logro de acuerdos dentro del Consejo no podemos fijarnos en las cifras en bruto, sino que buscar otro mecanismo de indagación.

Para entender si todos los puntos de vista en el Consejo tuvieron la misma influencia en el texto emanado el pasado miércoles, se puede usar una herramienta llamada «índice de Gini», el cual mide el grado de igualdad o desigualdad en un grupo: si es 1, hay desigualdad total; si es 0, hay total igualdad. Para ejemplificar, parafraseemos al poeta Nicanor Parra: «Hay dos panes. Usted se come dos; yo, ninguno. Consumo promedio: un pan por persona». Claramente, en una circunstancia como aquella descrita por el antipoeta la cifra promedio esconde una total desigualdad entre ambas personas; en cambio, si efectivamente cada una se comiera un pan, habría completa igualdad. En el primer caso el índice de Gini sería 1; y, en el segundo, 0.

Aplicando la anterior idea a las votaciones aprobadas en el pleno del Consejo Constitucional, se puede constatar que hay casi total desigualdad entre los consejeros, debido a que el Índice de Gini de las votaciones aprobadas es de 0,98. Dicho de otro modo, hay un subsegmento de los consejeros que se comieron casi la totalidad de los panes. Al hacer doble click sobre quiénes son, los datos son elocuentes: en las 804 normas aprobadas, un consejero promedio de derecha votó a favor en 797 instancias, mientras que uno de izquierda lo hizo sólo en 491.

Por lo tanto, dado que aproximadamente el 90 por ciento de las 414 votaciones en las que todos votaron «a favor» provenían del anteproyecto redactado por la Comisión de Expertos, la realidad es que las normas que quedaron en la propuesta y no venían del anteproyecto fueron apoyadas exclusivamente por consejeros de derecha. Lo anterior se puede visualizar en el GRÁFICO 1: hubo en total 34.654 votos «A favor» en las 804 votaciones aprobadas. Cada punto del gráfico representa la proporción que aportó cada consejero a ese total. Como cada miembro del Consejo cuenta con la misma cantidad de votos, la línea amarilla representa lo que habría sucedido si todos aportan la misma proporción de votos «A favor» en normas aprobadas. Los puntos de colores muestran lo que realmente sucedió (azul y rojo para consejeros de derecha e izquierda, respectivamente). Se puede constatar una nítida separación entre derechas e izquierdas en el Consejo donde el promedio (la línea amarilla) esconde la real desigualdad ocurrida en los hechos: los consejeros con posturas de derecha se comieron los panes y los de izquierda miraron desde la galería.

 
 
Ya queda poco para conocer el contenido definitivo de la propuesta constitucional sobre la que los ciudadanos deberán pronunciarse el próximo 17 de diciembre. El escenario puede cambiar, pero es improbable que cambie demasiado. Por eso se puede afirmar que estamos ante una propuesta de reglas básicas de convivencia democrática que es claramente del gusto de unos miembros de la clase política, pero no de sus adversarios.

Lamentablemente, lo que podemos anticipar es que como los unos y los otros se seguirán encontrando recurrentemente en la arena política, estamos ante un problema mayor. El 2019, enfrentada a su propia incapacidad de darle conducción a un estallido social, la clase política resolvió encaminar al país por la vía de discutir nuevamente las reglas básicas de la convivencia democrática. Cuatro años después, la clase política le va a entregar a los ciudadanos (por segunda vez) una propuesta de texto constitucional que sólo interpreta a un segmento de ella. Y, como tal, con nulos incentivos a que esa Constitución se consolide de ser aprobada en el plebiscito por una exigua mayoría. Lo único que puede hacer cambiar ese destino sería que los ciudadanos le den un respaldo rotundo a la propuesta; digamos, de más de un 60 por ciento. Entonces, sólo entonces, podríamos empezar a dar por cerrado este capítulo. Si ello no acontece, se apruebe o se rechace, doscientos años después Chile corre el peligro de volver a enfrentarse a una era de ensayos constitucionales, o, lo que sería peor, a que una ciudadanía hastiada, siguiendo al antipoeta exclame:
 

Hasta cuándo siguen fregando la cachimba,
no soy de derecha ni de izquierda.
Yo simplemente rompo con todo.