El «Plan Z»: una operación de guerra psicológica

Advertencias sin base, peligros inventados y operaciones subversivas fantasiosas caracterizaron al llamado «Plan Z», un mito que permitió a la naciente dictadura justificar el Golpe de Estado y represión posterior. Colaboraron en él uniformados, civiles y medios de comunicación. En esta columna de opinión, preparada para la serie especial de publicaciones de CIPER por los 50 años del Golpe de Estado, el académico Pablo Seguel repasa toda la documentación que hace referencia al «Plan Z».

  
La existencia del llamado «Plan Z» constituye uno de los temas no esclarecidos fehacientemente ni por las comisiones nacionales de Verdad y Reconciliación (1990-1991) y sobre Prisión Política y Tortura (2003-2011), ni por los informes policiales que forman parte de las más de 2400 causas llevadas adelante por el Poder Judicial desde el retorno de la democracia. La información de inteligencia desclasificada por Estados Unidos en diversos periodos de tiempo tampoco es categórica al respecto, pero esboza que constituye una operación de guerra psicológica. 

Lo anterior no deja de ser importante de resaltar, teniendo en consideración el rol que, durante las primeras semanas de implantada la dictadura, el «Plan Z» tuvo como justificación del Golpe de Estado, así como de la represión a continuación desatada en diversas regiones del país. Está en los orígenes del mito, que el Golpe de Estado fue una medida preventiva en contra del intento de la Unidad Popular de instalar una «dictadura del proletariado» a través de una macabra operación encubierta de asesinato de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y dirigentes políticos de la oposición de entonces.

A cincuenta años del Golpe de Estado, incluso a partir de un levantamiento sistemático de la información existente y el cruce de diversos tipos de fuentes documentales no existe ninguna fuente que pruebe la veracidad de tal advertencia. Por el contrario, todas las piezas que reunimos para esta investigación nos llevan a sostener que, ante la ausencia de un proyecto político consensuado y definido, el «Plan Z» más bien constituyó una operación de guerra psicológica ideada para justificar el Golpe de Estado y dotar de cohesión interna a la Junta Militar en un periodo inicial en el que el factor bélico-militar la dotó de coherencia política, histórica y razón de ser. La revisión de actas de la Junta Militar, oficios reservados —material que forma parte del repositorio «Papeles de la dictadura», en CIPER—, prensa de época, entrevistas dadas por las autoridades de la dictadura y las últimas investigaciones académicas [1] nos permiten reconstruir una de las operaciones más oscuras de la dictadura militar en Chile.

TRAS LAS HUELLAS DEL «PLAN Z»

En los primeros momentos de la dictadura, el movimiento golpista carecía de un proyecto político que lo unificara, más allá del consenso en torno a poner término al gobierno de la Unidad Popular [2]. En los actores militares que llevaron adelante el Golpe de Estado, tal proyecto fue revertido en torno a objetivos bélicos y militares, motivos por el cual ese factor dotó de unidad y coherencia al mando bajo la ficción de una guerra civil en curso [3]. 

El primero de octubre, todas las acciones recabadas fueron remitidas al general Augusto Lutz, director de Inteligencia del Ejército a quien se «le imparten instrucciones precisas a fin de que impulse la organización y desarrollo del Plan de Propaganda y Contrapropaganda a nivel nacional», como precisa el Acta N°12

Semanas antes, en el Acta N°6 del 20 de septiembre, la Junta acordó «designar al Coronel (R) Raúl Toro del E.M.G.E. para que proceda a elaborar el Libro Blanco sobre el problema chileno actual y su gestión. Deberá tomar contacto con el Sr. Almirante Merino a la brevedad». 

Pero dos días antes, en las dependencias de la ex Intendencia de Valparaíso —que la Armada se apropió a partir del Golpe hasta la actualidad—, el almirante Merino convocó a una conferencia de prensa para informar que habían encontrado material sobre acciones que preparaba la UP. Toda esta información, señaló Merino, iba a ser publicada en un «Libro Blanco con las inmoralidades del antiguo régimen». Es decir, antes de Informar a la Junta, la Armada da a conocer la existencia de información que formaría parte del Libro Blanco [4].  

El material al que aludía el almirante Merino fue publicado los días 17 y 18 de septiembre en los diarios El Mercurio y la Tercera. En la nota del 17, se informa que los servicios de inteligencia habrían encontrado una «operación macabra» que llevaría al poder a aquellos «ultristas de izquierda» que iban a asesinar a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, políticos de oposición a la UP y periodistas [5].  

La narración de los hechos va cambiando a medida que transcurren las semanas, hasta que finalmente se le da publicidad en el Libro blanco del cambio de gobierno. No obstante, uno de los componentes centrales del «Plan Z» lo da a conocer un mes antes, el 17 de agosto de 1973, Julio Arroyo Khun, periodista del diario Crónica de Concepción y corresponsal de El Mercurio de Valparaíso y Santiago [5], quien, como muestra la investigación de Danny Monsálvez, venía publicando diversas notas de prensa con información que le entregaba el Servicio de Inteligencia Naval. 

Semana tras semana los hechos se fueron ampliando, y lo que surgió como una planificación conspirativa rápidamente se fue ampliando hasta contemplar el supuesto asesinato del presidente Salvador Allende, de los altos mandos de las FF. AA. y de políticos de la oposición a la UP. Los hallazgos de la prensa incluso llegaron a presentar antecedentes de lo que iba a ser la nueva bandera de la «República Socialista Popular de Chile» [6], así como listas de personas que supuestamente serían ejecutadas por la UP en diversos lugares del país. [7] 

Los medios regionales comenzaron asimismo a reproducir públicamente secciones locales de «la macabra planificación de la izquierda», que implicaba el asesinato en masa de personalidades locales, familiares de militares y los sectores conservadores [8].

DISCORDANCIAS

El plan reproducido en el Libro Blanco del cambio de gobierno en Chile sintetizó todos los hechos recabados hasta el momento de su publicación con el título de «Plan de movilizaciones y operaciones para el Golpe de Estado.  Nombre de código: ‘Plan Z’», pese a que con posterioridad a su publicación las minucias del macabro plan seguían ampliándose semana a semana. La fecha de elaboración indicada en el documento reproducido por el Libro Blanco es el 25 de agosto de 1973, pero a partir de ahí comienzan una serie de discordancias. 

Primero, la fecha de elaboración del Plan se data cinco días después de lo que el periodista Julio Arroyo Khun publicó en Crónica el 17 de agosto, lo que nos hace preguntar: ¿cómo un supuesto plan de inteligencia de los aparatos militares de los partidos de la UP tiene como componente central un elemento de información que le entregan los servicios de inteligencia a un periodista de un medio regional cinco días antes? 

Segundo, los objetivos publicados por la prensa en septiembre no corresponden con la información publicada en el Libro Blanco. En este se señala que los objetivos del supuesto plan eran «descabezar a los mandos superiores y unidades de las FF. AA.; retener a las unidades militares descabezadas en sus asientos en la capital y en provincias; controlar el acceso caminero, ferroviario y aéreo a Santiago, Valparaíso, Concepción y Antofagasta; ocupación y defensa de Centros Estratégicos; y cerco, hostigamiento y aniquilamiento de casos sediciosos, y detención sediciosos»; agregando que los hechos incluían «un autogolpe para mediados de septiembre, preferiblemente durante las festividades de conmemoración de la Independencia». 

Este elemento es discordante con lo que se señala en La Tercera el 17 de septiembre: «Según nuestro informante, las Fuerzas Armadas han comprobado que el plan de los marxistas era eliminar a los altos jefes de las Fuerzas Armadas. A los generales se les iba a asesinar donde estuvieran». 

Fuente: archivo digital Londres 38.

Se agrega que «este autogolpe se daría con equipos terroristas y paramilitares escogidos en todo el país, y en especial en Santiago. El más organizado de los equipos era, naturalmente, el GAP, dispositivo de seguridad del propio señor Allende, compuesto por unos doscientos hombres de selección, bien entrenados y perfectamente armados». 

Para efectos de dicha operación, «se acumuló una inmensa cantidad de armamento, guardada en lugares imposibles de pesquisar (como el Palacio de La Moneda y la residencia privada del señor Allende en calle Tomás Moro)». Para los fines de la formación de este virtual ejército paralelo, se señala que «el adiestramiento de los contingentes se hacía en diversas escuelas de guerrillas», para lo que se necesitaban «expertos en guerrillas que vinieron de todas partes del mundo; y, en especial, de Cuba, Brasil, Argentina, etc., reclutados entre los terroristas de esos países. Se calcula que su número oscilaba entre los diez mil y los trece mil».

Lo tercero y lo más categórico del «Plan Z» tenía como componente central subvertir la marinería de la Armada, y que para esos objetivos se habrían reunido tropas de marinos con Miguel Enríquez, secretario general del MIR; el senador Carlos Altamirano, secretario general del PS; y el diputado Oscar Guillermo Garretón, secretario general del MAPU. No obstante, en 1993 la Corte Suprema en sentencia firme declaró inocente de los cargos de sedición a Oscar Guillermo Garretón; es decir, la misma Justicia acreditó que una de las piezas claves del «Plan Z» no fue cierta. 

Finalizando, se afirma que para evitar las consecuencias de este autogolpe, las FF. AA. intervinieron; es decir, y según la propia dictadura, el «Plan Z» fue la justificación inmediata de la acción del Golpe de Estado. 

UNA EXCUSA PARA EJECUTAR Y DESAPARECER OPOSITORES

Al poco tiempo, esta operación de guerra psicológica se transformó en una verdad oficial que permitió movilizar la maquinaria represiva en las diversas regiones, en localidades tan contrapuestas entre sí como Colchagua, Concepción, los Ángeles, Valparaíso, Antofagasta y Valdivia [9]. 

En general, en todas las localidades en las que durante los meses de octubre, noviembre y diciembre hubo ejecuciones sumarias existió una versión local del «Plan Z», como una forma de justificar los asesinatos y el odio desatados en contra de los militantes de los partidos de la UP y todos aquellos identificados como agentes del marxismo.   

El «Plan Z» no sólo sirvió como una manera de instalar en la opinión pública la necesidad de la campaña de guerra contrasubversiva en curso, sino que también para darles unidad de acción a las propias filas militares. Por ejemplo, podemos señalar el testimonio del exagente DINA Samuel Enrique Fuenzalida Devia en declaración extrajudicial del 4 de junio de 1993, quien hacia fines septiembre de 1973 se encontraba efectuando su servicio militar en el Regimiento de Infantería Motorizada de Montaña Reforzado N°15 de Calama (Compañía de Ingenieros). Por orden del suboficial del Servicio de Inteligencia Militar del regimiento Carlos Minoletti, efectivos del regimiento allanaron el domicilio del gerente general de Cobrechuqui, David Silverman (quien con posterioridad será ejecutado y desaparecido por la Caravana de la Muerte). Según el testimonio de Fuenzalida: «En esa oportunidad, teníamos instrucciones de ubicar literatura de carácter marxista, armas y cualquier cosa relacionada con el famoso “Plan Z”». Es decir, la instrucción dada por el Servicio de Inteligencia era buscar antecedentes de los partidos políticos de la UP que pudiese servir para construir el «Plan Z».

EN LAS PROVINCIAS

Pese a que las notas de prensa eran contradictorias entre sí respecto a las fechas de inicio de las operaciones, los nombres claves y los alcances comenzaron de manera progresiva a replicarse [10]. En muchas partes se reprodujeron versiones locales, y se ampliaron los hechos. Por ejemplo, en Valdivia la prensa local informó que el «Plan Z» regional se ejecutaría un día antes de los hechos consignados por el mismo documento falso reproducido en el Libro Blanco. En la nota con que se informó de estos hechos se señaló que «donde los detalles adquieren una dimensión diabólica es en la forma cómo pensaban aniquilar a los cabecillas de unidades militares y jefes de partidos políticos a todo nivel —incluso el poblacional— para instaurar una dictadura marxista. Esto fue descubierto en varias provincias». 

A las semanas, el mismo medio publicó un reportaje titulado «siniestro Plan Z de Valdivia» En la noticia, sin ambages se señalaba que: 

Las versiones dadas en circular últimamente señalaban el comienzo del operativo en la noche del domingo 16 con la colaboración directa de alrededor de un millar de cubanos ilegalmente introducidos en el país y cuya misión sería la ocupación Militar del Cuartel Bueras. La acción se iniciaría con el desembarque de estos cubanos en la zona costera, los que serían trasladados a Valdivia, al amparo de la noche, en lancheros. 

Les correspondería a estos, junto a una fuerza no mayor de 800 personas seleccionadas de entre los cordones industriales, la inutilización del diario El Correo y radioemisoras de oposición y la ejecución de sus respectivos personales.

Una radioemisora socialista sería la encargada de operar permanentemente y la característica para la movilización sería una canción.  Simultáneamente, otro comando procedería a operar muy de madrugada ocupando el Coliseo Municipal donde serían mantenidos como rehenes conseguidos, también muy a mañana, en los distintos colegios, los hijos de los oficiales de más alta graduación en Valdivia. A través de la radioemisora se procedería luego de este operativo, simultaneo al del control de poblaciones, al llamado de los oficiales para que, desarmados, concurrieran al Coliseo a buscar a sus hijos. Para ello había un plazo a cumplir siendo la vida de los menores puesta en juego para el supuesto que el oficial llamado no se presentase a reclamar a sus hijos. Y cuando así ocurriese, el militar sería ajusticiado en el mismo sitio donde se mantenía como rehén a sus hijos [11].

Augusto Pinochet.

No obstante, la operación no se acotó a eso, y a los días nuevamente señalaron que el desembarco de los cubanos no sólo sería en Valdivia, sino que de modo paralelo en Mejillones, Corral, Valparaíso y Talcahuano [13]. El «Plan Z» permitió en dicha región justificar las detenciones y torturas en contra de líderes políticos, como fue el caso de Uldarico Figueroa, secretario regional del PS de Valdivia [14].  Justificar, además, la dureza desplegada en contra la zona y la gran cantidad de ejecutados que dejaron los operativos militares de la Compañía Antiguerrillas, que recorrió de norte a sur el Complejo Forestal y Maderero Panguipulli (COFOMAP) ejecutando una gran cantidad de personas en Liquiñe, Choshuenco y Chihuio.   

En diversas localidades, el «Plan Z» fue el argumento que permitió presentar los operativos militares y las ejecuciones posteriores como elementos de justificación defensiva de las FF.AA. y policiales. Por ejemplo, en Concepción, la detención del abogado Pedro Enríquez Barra (MIR) a comienzos de octubre fue la justificación de los allanamientos, detenciones y torturas practicadas en la Villa San Pedro. La prensa de Santiago informó el caso en los siguientes términos: «Su detención permitió, asimismo, ubicar a un verdadero comando de terroristas que pretendían poner en práctica el siniestro “Plan Z” en la Villa San Pedro, al otro lado del Biobío» [15].  Semanas más tarde, se informó que en un bosque que unía las localidades de Lota y Colcura había sido encontrado un armamento, «destinado en su uso al “Plan Z” que se iba a desarrollar en la zona del carbón a partir del 17 de septiembre.» [16]

En Antofagasta, los ejecutados por orden de Sergio Arellano Stark fueron presentados como miembros locales del «Plan Z». Fue el caso de cuatro dirigentes del PS: Mario Silva Iriarte, Eugenio Ruiz-Tagle Orrego, Washington Muñoz Donoso y Miguel Manríquez Díaz. En el comunicado se señalaba que el «plan, de acuerdo con la documentación recogida, consulta una fase inicial consistente en el asesinato a altos oficiales de las Fuerzas Armadas y Carabineros, y de personajes de la oposición y también de la Unidad Popular que propiciaban el diálogo y rechazaban la vía violenta». Agregado que, para conducir las acciones, utilizarían los cordones industriales organizados por Mario Silva. [17]

La trama del «Plan Z» no sólo se quedó en sus capítulos locales. A lo largo de noviembre y diciembre, a medida que se efectuaba un operativo de allanamiento o ejecución, el plan servía como una justificación para asesinar. Hacia comienzos de diciembre, se acusó directamente como autor intelectual y responsable del supuesto plan al ex gerente general del Banco Central, Jaime Berrios. [18]

Al paso de los meses, y tras ser consagrado como verdad oficial, el «Plan Z» quedó registrado en los manuales de Historia. Fue el caso de la publicación, utilizada en la Enseñanza Media, Manual de Historia de Chile (1974), de Francisco Frías Valenzuela, que en el capítulo «Hacia el autoGolpe», detalla que «el día 17 [de septiembre], unos 13.000 hombres bien armados, entrenados y decididos, de todas las nacionalidades, atacarían de improviso a las tropas mientras desfilaban en Parque [O’Higgins], desarticulándolas y dando muerte a sus jefes y oficiales. En la noche de ese mismo día, los extremistas asesinarían a los civiles adversarios al régimen. Semejante exterminio masivo era llamado “Plan Z”, en cuya gestación y puesta en marcha tuvieron papel decisivo un ministro de Fidel Castro y el jefe de su policía secreta.» [19] 

COMISIONES DE ESTADO

La tergiversación de parte de la prensa oficialista y de la Junta de Gobierno fue parte de las campañas de guerra psicológica. Así lo reconoce el Informe de la Comisión Nacional Sobre Verdad y Reconciliación (“Comisión Rettig”) en su Tomo I, página 124:  

Cooperó el ambiente de venganza política, y a las muertes indicadas en los dos acápites anteriores, la profusa difusión del llamado «Plan Z» del cual la opinión pública sólo conoció un facsímil publicado en el Libro Blanco del cambio de gobierno en Chile, el año 1973.  El documento reproducido allí es general, no específico ni detallado; no parece – por lo menos a los ojos de hoy día – realista ni fácilmente realizable; se refiere sólo a Santiago y no hay mayor información sobre su autor o autores, ni sobre el grado de avance en materializarlo. Sin embargo, el Plan Z por la vía del rumor y de la noticia intencionada – se convirtió en una minuciosa lista de personas opositoras a la Unidad Popular, que debían ser eliminadas, con variantes regionales y locales, y nuevas nóminas de esas personas, ya para cada pueblo, por pequeño que fuese. Se alimentó así una justificación interna de matar, o permitir o por lo menos condonar la muerte del adversario, atribuyéndole iguales intenciones

Estos hechos, también son reconocidos por el Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (“Comisión Valech”) en su página 163: 

Los esfuerzos de propaganda del régimen buscaron crear —con el apoyo de los medios de comunicación partidarios, que amplificaban la versión oficial de los hechos— un clima de opinión favorable a la aplicación de acciones punitivas. Resulta ilustrativo el presunto Plan Z, que habría definido genéricamente las víctimas en la mira de la izquierda abocada a la conquista del poder total por medio de la fuerza, y que evidencia, por parte de los militares y de sus colaboradores civiles, la pretensión de disculpar las medidas represivas, así presentadas como actos de legítima defensa. El Plan Z destacaba entre los alarmantes hallazgos consignados en el Libro blanco del cambio de gobierno en Chile, obra redactada para suscitar apoyo emocional al Golpe militar y sus consecuencias, ilustrada con fotos del «armamento de guerra pesado y liviano encontrado por las fuerzas militares y de orden en los arsenales de la Unidad Popular». Este libro, cuyas revelaciones nunca han podido ser validadas empíricamente, presentaba al pronunciamiento militar como la oportuna y justa reacción al inminente autogolpe de la Unidad Popular. «La parte más siniestra de dicho operativo —-se informaba a la desprevenida población del país— era el exterminio simultáneo, en todo el país, de los altos oficiales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, así como de dirigentes políticos y gremiales opositores. Se perseguía, con este Golpe criminal, que debía iniciarse el 17 de septiembre, paralizar por el terror toda resistencia a la dictadura de la Unidad Popular, que se implantaría de inmediato». Debe consignarse que el Libro blanco serviría como prueba inculpatoria en procesos llevados a cabo por tribunales militares, lo que constituía una violación a las normas imperantes de admisibilidad de los medios de prueba. Entre los partidarios del Golpe militar, tampoco debe desestimarse su papel legitimador de la violencia política, acompañada de indulgencia ante los atropellos al imperio del Derecho, incluso al interior del Poder Judicial.

SUS AUTORES INTELECTUALES Y COLABORADORES CIVILES

Los autores del Libro Blanco del cambio de régimen de gobierno tienen una responsabilidad histórica en los crímenes cometidos por los agentes de Estado y en los operativos montados por la dictadura para encubrirlos. En particular, el coronel (R) Raúl Toro, los periodistas que replicaron los comunicados emitidos por las comandantes de las CAJSI, y el historiador Gonzalo Vial Correa, quien en el año 2002 reconoció su autoría sobre el texto. Pese a ello, en diversas entrevistas siempre afirmó que a su juicio el «Plan Z» era cierto porque él lo vio en un documento que le entregaron los servicios de inteligencia de la Armada. Ante una pregunta sobre si cree en la veracidad del plan, Vial responde:

Yo creo en la veracidad del «Plan Z» ¿Por qué creo? Un ministro dijo que el «Plan Z» no lo creen ni los que lo inventaron. Entonces tengo que entregar mi versión, pero no por interés en la política, sino en la historia. Tengo razones para creer que el «Plan Z» es auténtico. El Libro Blanco (…) salió en octubre de 1973, cuando un grupo de personas que éramos partidarias del Golpe (…) le dijimos a la gente de gobierno que había que hacer el Libro de por qué había cambiado el gobierno de Chile, para contrarrestar lo que se estaba diciendo en el extranjero. Nos encontraron razón y nos encargaron su elaboración. Es un documento oficial. [20]

Más adelante ante una pregunta sobre cuál es su criterio para diferencia qué es un material auténtico y qué una farsa, Vial Correa responde: «Apareció este documento y nos encontramos con nuestro contacto, que era un oficial de la Armada. Tuvimos que movernos mucho, hacer incontables diligencias para que nos permitieran publicar la fotocopia del “Plan Z”. Esto para mí es un antecedente de que es auténtico».

Los cuestionamientos al Plan surgieron desde el interior de las propias filas militares y de los civiles colaboradores. A mediados de la década de 1980, el destituido excomandante en Jefe de la FACH, general del aire Gustavo Leigh, en una entrevista dada a revista Análisis nuevamente remitió la autoría del Plan a la Armada, ya que fue el vicealmirante Patricio Carvajal, ministro de Defensa, quien remitió una copia a la Junta: 

Del «Plan Z» dio cuenta a la Junta el actual ministro de Defensa, Patricio Carvajal, incluso nos llevó copias sueltas (…) no sé dónde. Eran hojas con grandes números al centro de la página. No tengo pruebas de su legitimidad, pero todos lo vimos. Se hablaba de que el 19 de septiembre se iba a producir una degollinada de generales y almirantes y lo creí de pie juntillas. ¿Qué quién debe responsabilizarse por esto? Bueno, Carvajal tendrá que decir de dónde llegó a sus manos. [21] 

Por su parte, Federico Willoughby MacDonald, primer vocero de prensa de la Junta, confesó en entrevista de 2003: 

Fue una gran maniobra de guerra sicológica. Yo no sabía la existencia del «Plan Z» y era funcionario de la Junta de Gobierno y, por lo tanto, tendría que haber sabido. Cuando vi el Libro Blanco que contiene el «Plan Z» no me interesó mirarlo, porque reconocí que eran papeles y fotos que había visto con posterioridad al 11 de septiembre en el Ministerio de Defensa. Eran todos los documentos que se habían juntado en todos los allanamientos en las sedes de los partidos políticos en Santiago. Estaban en una pieza llena de fotos de actas de los partidos marxistas. De allí se debe haber seleccionado un material especial… Yo tengo la impresión que la gente encargada de las operaciones de inteligencia discernieron que era conveniente generar un elemento de justificación del pronunciamiento militar para convencer a la población civil que los habían salvado. Entonces, se hizo este libro y se produjo —incluso— un efecto social. Había gente que decía con cierto orgullo: Ah, yo estaba en la lista de los que iban a matar y eso generaba un cierto estatus… Este libro, le repito, es producto de una campaña de guerra sicológica. [22] 

INFORMACIÓN DESCLASIFICADA NORTEAMERICANA Y SOLICITUD DEL CDE

Finalmente, en el Informe Hinchey de la CIA (septiembre de 2000), ante las consultas sobre eventuales responsabilidades de la agencia en la producción de la campaña de guerra psicológica, se remite la autoría intelectual del Plan al grupo de oficiales de la Armada que desde antes del Golpe de Estado venían conjurando contra Allende y mantenían contacto con la agencia; es decir, el grupo del vicealmirante Patricio Carvajal: 

Tras el Golpe de septiembre de 1973, la CIA suspendió la financiación para nuevas operaciones encubiertas, pero continuó con algunos proyectos de propaganda ya en marcha, incluyendo ayuda para los medios de comunicación comprometidos en generar una imagen positiva de la Junta Militar. Individuos chilenos que habían colaborado con la CIA pero que no actuaban bajo la dirección de la misma contribuyeron a la preparación del Libro Blanco, un documento con el que se buscaba justificar el derrocamiento de Allende. Contenía la alegación de que los militantes de izquierda tenían un Plan secreto, el «Plan Z», para asesinar al alto mando en los meses anteriores al Golpe, cosa que la CIA creyó ser probablemente una desinformación proveniente de la Junta.

[…]

La CIA también recibió información sobre el «Plan Z», supuestamente elaborado por la coalición de la Unidad Popular de Allende en el último período del Gobierno de Allende para asesinar a importantes personas políticas y militares opuestas a su agenda izquierdista. Cuando surgieron las acusaciones de la existencia del «Plan Z», la CIA señaló que probablemente la desinformación fue manipulada por la Junta para mejorar su imagen y justificar sus actividades. Las acusaciones de que los informes sobre el «Plan Z»» formaban parte de una operación conjunta de la CIA y Chile son inexactas, aunque los oficiales militares con quienes la CIA tuvo contacto antes del Golpe de 1973 estuvieron involucrados en la redacción del Libro Blanco, en el que las acusaciones de «Plan Z» fue una característica principal. [23]

A comienzos de 1974 el Consejo de Defensa del Estado (CDE) fue citado por solicitud del Ministerio de Justicia ante la Junta de Gobierno. En la oportunidad, se buscaba esclarecer eventuales responsabilidades sobre la tardanza de parte del CDE respecto a cargos por traición a la patria, malversación y sedición en contra de los líderes políticos de la UP.  Para ello la Junta inicialmente se decantó por la hipótesis de establecer responsabilidades individuales de cada uno de los líderes. Como quedó consignado en el Acta N°76 del 21 de enero de 1974, era mucho más rentable políticamente hacer un «verdadero enjuiciamiento a un sistema que había llevado al país a un descalabro económico, a la total desmoralización y desmotivación de los ciudadanos y, más que nada, al borde de la guerra civil con el significado que eso tiene en la destrucción de un Estado». Por otra parte buscaban también acelerar los procesos de investigación y de enjuiciamiento, por el costo político internacional que tenía el efecto de someter a Consejos de Guerra a personas sin delitos claros. 

En un punto de la discusión, el Ministro del Interior, general Óscar Bonilla, propuso que el argumento del enjuiciamiento girase en torno al problema de la seguridad interior y la contrasubversión, considerando que el problema «podría tomarse desde otro ángulo. Como algo concreto está la internación de armas a gran escala, las escuelas de guerrillas, el “Plan Z”, los cordones industriales. Se podría empezar por formular esos cargos, que no podían ser desconocidos por la plana mayor directiva de nación, iniciando un proceso con esos antecedentes, sin perjuicio de que el resto de las investigaciones siga caminando en forma más lenta». 

Ante aquello, el presidente del CDE, Lorenzo de la Maza le respondió que el conocimiento que tenía la institución de esos antecedentes y de la existencia de escuelas de guerrillas solo lo había «obtenido por los diarios», ya que ningún documento específico sobre ese tema se le había remitido por las FF. AA. para hacer una investigación y que sirviese como argumento de peso para enjuiciar a los responsables. Proponiéndose para revertir esa situación, una «necesaria coordinación constante entre los Servicios de Inteligencia y el Consejo sobre procesos militares que se estén iniciando». No obstante, y pese a ello, dicha coordinación no se realizó, y los antecedentes no fueron remitidos al CDE.

Un año más tarde, mediante un oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREL) dirigido a la SEGEGOB se informó que desde la Cancillería la dictadura estaba tratando de influenciar positivamente en sectores académicos de las universidades norteamericanas. En específico se señaló una investigación sobre el proceso político reciente que estaba realizando el académico Paul Sigmund. 

Para esos efectos, el profesor Sigmund solicitó que se le remitieran una serie de antecedentes para poder ser considerados entre las causas del quiebre del sistema democrático chileno. En específico, solicitó antecedentes para «saber más sobre el “Plan Z”,  fuera de lo que publicó el Libro Blanco. Sigmund cree que el «Plan Z» fue exagerado por el gobierno chileno para justificarse a sí mismo» [24]. Solicitó además información sobre los allanamientos efectuados entre el 29 de junio y el 11 de septiembre y la evidencia «sobre la relación de cubanos con el GAP de Allende».

El libro fue publicado en los años siguientes y no considera estos antecedentes dentro de las causas del Golpe de Estado. [25]

REFERENCIAS: