CARTAS: Dignidad, derechos humanos y transmisión del pasado

Señor director: Las sucesivas conmemoraciones del Golpe de Estado de 1973 en Chile nos muestran cómo el escenario político-gubernamental performa las prácticas de memoria. En 1993, por ejemplo, el gobierno decidió no conmemorar la fecha, respondiendo a su política de no alteración de los consensos de una frágil transición a la democracia. En 2003, luego de la detención de Pinochet en Londres y la apertura del debate público acerca de la tortura como práctica sistemática de la dictadura, se realizaron una serie de medidas simbólicas y prácticas, tales como la reapertura del acceso de Morandé 80 al Palacio de La Moneda y la creación de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. En 2013 vimos una expresión inédita de diversas formas de rememoración, que logró permear incluso a sectores que históricamente relativizaron o negaron lo ocurrido. Muestra de ello, fue la crítica que el expresidente Sebastián Piñera señaló respecto de los “cómplices pasivos”.

Hoy la conmemoración se instala en un escenario de transformación política, demarcado por el rechazo, en septiembre de 2022, a la propuesta del texto constitucional emanado de la Convención Constituyente, así como el desinterés masivo hacia el actual proceso e iniciativas del gobierno en materia de DD.HH., y el reforzamiento en la agenda de seguridad que ha traído consigo la reactivación de discursos negacionistas, punitivistas, xenófobos y racistas.

La pregunta hoy no es sólo si la memoria histórica y los derechos humanos serán elementos clave en el rediseño constitucional, sino que, sobre todo, en qué medida la experiencia del Golpe y de la dictadura representa un encuadre ético acerca de lo que no queremos repetir y de lo que deseamos para el futuro. Este ejercicio de memorialización colectiva se inscribe en el reposicionamiento social, político y cultural del concepto de “dignidad”. No se trata sólo del reforzamiento de esta noción luego del denominado “estallido social” de 2019 y su utilización como término fundante de un nuevo ciclo político, sino que, asimismo, se relaciona con la actualización del debate acerca de los sujetos de derecho, las violencias y los derechos humanos.

Ofrecer nuevas lecturas que articulen las vejaciones del pasado con las del presente es, precisamente, la clave interpretativa de la dignidad como concepto que conecta con la fundamentación del “derecho a tener derechos”. Ante la revitalización de las discusiones acerca de cómo conceptualizar las violaciones a los derechos humanos contemporáneas, en tanto “dignidad transgredida”, es necesario reconocer que la transmisión de la memoria debe ser problematizada. Esto se debe a que para este nuevo Once de Septiembre, más del 40% de nuestra población está compuesta por personas que no vivieron la dictadura. Esta situación no sólo destaca la relevancia que adquiere la cultura como espacio de desarrollo de recuerdos que son transmitidos, sino que, además, da cuenta de la importancia de los diálogos intergeneracionales en torno al pasado reciente de nuestro país. En tal sentido, la memoria de los “treinta años”, así como la represión vivida durante el denominado “estallido social”, serán elementos clave para la relectura de los DD.HH. durante esta conmemoración.

No se trata sólo de evaluar qué tanto se conoce del pasado dictatorial para fundamentar el “nunca más”, sino que cómo ese conocimiento se traduce en discursos, valores y prácticas que fundamenten la democracia y descarten el negacionismo y las violencias actuales.