Combate a la pobreza: ingresos laborales vs. subsidios

Los resultados de la CASEN 2022 han sido descritos como alentadores en sus cifras sobre reducción de la pobreza en Chile. Sin embargo, el período analizado no muestra un aumento en los ingresos de los hogares respecto a 2017, al contrario. ¿Cómo explicar esta paradoja? Responde un economista en columna para CIPER.

Los resultados de la CASEN 2022 (Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional) parecen ser alentadores para confirmar una tendencia de reducción de pobreza en Chile. Pero pese a que las cifras indican que en los últimos dos años se ha logrado sacar a casi 700 mil personas de la pobreza, un análisis de la evolución y composición de los ingresos de los hogares arroja una realidad más preocupante. Los ingresos laborales del 40% más pobre es menor que en 2017, y para el resto de los hogares son prácticamente los mismos. El desempeño de los mercados laborales en Chile ha empobrecido a una parte importante de los trabajadores y ha estancado el ingreso. ¿Cómo es posible, entonces, que exista una reducción en la pobreza?

La respuesta a esta aparente paradoja está en que la reducción de la pobreza se explica principalmente por un aumento de los subsidios otorgados por programas sociales. Es el Estado quien ha subsidiado los mediocres desempeños del mercado laboral, lo cual vuelve incierta la sustentabilidad de la tendencia de reducción de la pobreza en los próximos años, como también hace necesario replantear cuáles son las metas económicas y sociales que tenemos como país.

Según los resultados de la última CASEN, un 6,5% de la población en Chile vive bajo la línea de la pobreza. En 2017 la tasa de pobreza fue de 8,6%. La comparación permite concluir que en el período hubo un aumento de los ingresos en Chile, pero ello debe tomar en cuenta que las familias pueden recibir ingresos tanto del trabajo, como autónomamente de otras fuentes (por ejemplo, al arrendar una casa) o mediante subsidios del Estado. Si comparamos el año 2022 con respecto a 2020 todos los tipos de ingresos de los hogares aumentaron. Esto obviamente representa un avance positivo para la población, pero debemos tener en cuenta que cuando comparamos el año 2022 con 2020 estamos contrastando la situación actual con la crisis económica más profunda en Chile desde 1982. Por eso, nuestro punto de comparación debiese ser el periodo previo (encuesta 2017), y entonces los resultados no son alentadores, ya que el único componente de los ingresos de los hogares que se ha incrementado son los subsidios.

Si observamos cómo se distribuye el ingreso laboral en la población, el problema es aun más grave y preocupante. A pesar del incremento de los ingresos laborales en relación al año 2020, en comparación a 2017, el 40% más pobre (los cuatro primeros déciles) tienen un ingreso estadísticamente menor. Eso significa que casi la mitad de los hogares más pobres en Chile es hoy más pobre que hace seis años (si solo consideramos sus ingresos laborales). Por otro lado, el resto de los hogares ha visto estancado su ingreso laboral en relación a 2017.

Una situación similar ocurre al analizar los ingresos autónomos totales de los hogares (que se componen de los ingresos laborales y no laborales).
 
 
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El factor determinante para sostener los ingresos de los hogares e impedir el incremento de la pobreza en Chile ha sido el rol de los subsidios. Desde los hogares más pobres a los más ricos, la contribución que hace el Estado para complementar los ingresos de las familias ha aumentado, especialmente a partir de la pandemia. Tanto el proceso de recuperación de los mercados del trabajo después de la pandemia, como el incremento de los subsidios del Estado explicarían, así, la reducción de la pobreza. Pero es importante destacar que el incremento de los ingresos laborales no ha sido lo suficientemente fuerte en los sectores más vulnerables de la población para reducir por sí solo la pobreza. El Estado ha jugado un rol clave en los últimos años para sostener las deficiencias de los mercados laborales y los ingresos de los hogares.

Esta dinámica de deterioro de los ingresos laborales y aumento del rol del Estado se ve reflejado en un cambio en la composición de los ingresos de las familias en Chile. Desde 2006 hasta 2017, los ingresos del trabajo han representado en promedio alrededor de un 85% de los ingresos monetarios totales de los hogares. En 2020, esta participación cae a 80%, y en 2022 sube a 82% siendo obviamente menor que en 2017. La comparación por deciles es mucho más abrumadora. El ingreso del 60% de los hogares más pobres depende en menor medida de los ingresos laborales que en 2017. La contrapartida de esto es el incremento en la importancia de los subsidios monetarios de los hogares en todos los deciles de distribución del ingreso. 

Lo aquí expuesto no implica que todo el gasto social del Estado sea negativo. El rol de los programas sociales fue fundamental para sostener los ingresos de millones de personas durante la pandemia. De la misma forma, el aporte que realiza el Estado para subsidiar las pensiones de millones de jubilados es indispensable. Lo mismo ocurre con los gastos sociales en niñez, invalidez, en desempleo mediante el fondo de cesantía solidario, etc. El problema es que no estamos atacando la raíz del problema. Nuestro sistema económico tiene la capacidad de elevar los ingresos del trabajo de los hogares, pero dicha capacidad no es explotada. El peso de la reducción de la pobreza debiese estar anclada a nuestro sistema económico. Sin embargo, la forma de funcionar de nuestra economía en los últimos diez años ha puesto un freno al crecimiento del ingreso de los hogares, volcando el peso de la reducción de la pobreza en el Estado. En este sentido, no han existido intentos serios ni sistemáticos para resolver los problemas de desempleo, informalidad y bajos salarios que afectan a millones de personas todos los días.

La inclusión laboral es fundamental para reducir la pobreza de forma sostenible. Las personas pobres en Chile se caracterizan por una baja participación en el mercado laboral y una altísima tasa de desempleo (30%). Las barreras para su integración social y laboral también impactan en su modo de inserción. Casi la mitad de las personas pobres que trabajan lo hacen como trabajadores por cuenta propia, y el resto son asalariados. Mientras, las personas no pobres que trabajan en Chile son en su mayoría asalariadas (75%), y solo un 22% trabajadores por cuenta propia. El trabajo por cuenta propia en Chile está asociado a la pobreza y vulnerabilidad. Esto se refleja no solamente en una deficiente inclusión laboral, sino también en la exclusión de las personas de los sistemas de protección social. De hecho, seis de cada diez personas pobres en Chile no cuentan con cotizaciones previsionales.

 
 
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Según el economista argentino Raul Prebisch, una de las características principales del capitalismo latinoamericano es ser un sistema excluyente. Su forma de funcionar margina de la vida social, económica y política a millones de personas. El estancamiento económico, la inercia que ha tenido la pobreza, y la inestabilidad política y social han sido características de los países latinoamericanos desde 2014. Según el mismo autor, esta forma de operar genera una hipertrofia en el Estado; es decir, este tiende a agrandarse a consecuencia de la deficiente absorción productiva de la fuerza de trabajo que genera el mercado laboral. Así, el Estado se ve forzado a cumplir una función social absorbente, pero sin solucionar los problemas de exclusión de raíz. 

Por eso no basta con una política de cuidados ni de formalización laboral para reducir la pobreza: debe existir un compromiso político para considerar el empleo como un objetivo de política económica. Tal como el Banco Central tiene una meta de inflación que es independiente del gobierno de turno, como sociedad debemos discutir sobre cuáles son las metas que queremos lograr, sea quien sea esté en el gobierno. Debiesen existir metas de desempeño del mercado laboral, si es que se quiere eliminar la pobreza seriamente en sus múltiples formas. Un punto de partida sería establecer una tasa de desempleo objetivo, o apuntar a volver a tener la tasa de participación laboral prepandémica. La política económica debiese estar anclada a garantizar empleo a todo quien desee trabajar. Asimismo, todas las políticas económicas implementadas debiesen comunicar masivamente sus costos y beneficios para el mercado del trabajo ¿Acaso se discutió públicamente cuántos empleos iba a costar que el Banco Central elevara la tasa de interés? ¿Qué tanto iba a frenar el crecimiento de los salarios? ¿Cuáles son sus impactos en la informalidad laboral?

La gran mayoría de las personas en Chile tiene que trabajar para sustentar su vida. El trabajo es algo esencialmente obligatorio si queremos tener ingresos. Un estándar mínimo que deberíamos garantizar como sociedad es que exista empleo para todas las personas que estén buscando trabajo. Contar un buen trabajo es algo indispensable para mejorar la calidad de vida de las personas. Si queremos hablar de una política de pleno empleo, se debe garantizar que, al salario vigente, las empresas prefieran siempre emplear a más trabajadores que los que actualmente contrata; o, dicho de otra forma, garantizar de forma sostenida que existan más ofertas/puestos de trabajo que trabajadores disponibles en un rango amplio de ocupaciones y localidades, especialmente en las zonas de menores ingresos laborales. De esta forma se incrementarían los ingresos laborales mediante la reducción del desempleo y del desempleo parcial (haciendo que las personas que trabajan part-time puedan trabajar las horas que ellos deseen); incrementando la participación en el mercado del trabajo, que las personas transiten de empleos informales y vulnerables a empleos más estables, formales y de mayores ingresos; y también mediante incrementos salariales de los trabajadores de menores ingresos.

Pero para conseguir todo lo anterior, se debe englobar la política de cuidados, de formalización laboral y migratoria (con el fin de controlar el crecimiento de la oferta de trabajo) en una política macroeconómica activa. Sin este elemento articulador la lucha real contra la pobreza no podrá darse por finalizada. 

Como sociedad no podemos tolerar tener una tasa de desempleo del 9% en el mediano plazo, ni que casi un tercio de los trabajos sigan siendo informales. Es impresentable que la mitad de los trabajadores en Chile ganen menos de 500 mil pesos al mes. Se discute muy poco públicamente que la tasa de desempleo de los jóvenes chilenos de entre 15 a 24 años esté actualmente por sobre el 20%, que el empleo siga estancado en los niveles que tenía en 2019 o que aún existan más de 600 mil personas que la pandemia expulsó del mercado laboral y que no han retornado a este. También debiese discutirse el hecho de que el desempleo reduce la capacidad de negociación de los trabajadores, reduciendo sus pretensiones salariales y su capacidad de optar por buenas condiciones laborales. Asimismo, la persistencia de desempleo genera desajustes entre las habilidades de los trabajadores y aquellas requeridas para los puestos de trabajo que terminan obteniendo, lo que genera un desperdicio y subutilización del capital humano acumulado por los trabajadores a lo largo de toda su vida. La vida de los trabajadores y las condiciones de trabajo debiese tener un estatus prioritario al momento de pensar e implementar políticas económicas. Lamentablemente esta no es la situación actual y parece que seguimos anclados a la idea de que solo basta tener una inflación y deuda pública baja para celebrar que se alcanzaron los equilibrios macroeconómicos.