El Golpe de Estado como proyecto refundacional

Pocos días después del bombardeo a La Moneda, la Junta Militar en el poder fijaba como una de sus prioridades la redacción de una nueva Constitución para Chile. A quienes acompañaron ese esfuerzo de hace cincuenta años y bajo qué criterios, se refiere esta columna para CIPER.

El lunes 24 de septiembre de 1973, a trece días de ocurrido el Golpe de Estado en nuestro país, se reunió por primera vez una Comisión Constituyente convocada por la Junta Militar que hacía poco se había tomado de facto el poder. El encargo a los presentes en esa sesión original fue elaborar un anteproyecto de nueva Constitución. Estaban Sergio Diez, Jaime Guzmán, Jorge Ovalle, Rafael Eyzaguirre y Enrique Ortúzar; todos ellos abogados de pensamiento conservador y con experiencia en la política. Este último fue elegido presidente de la Comisión —conocida por eso hasta hoy como «Comisión Ortúzar»—, y Eyzaguirre actuó de secretario.

Enrique Ortúzar [foto superior] había nacido en Santiago en 1914. Estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en la Universidad de Chile, y durante el mandato de Jorge Alessandri (1958-1964) ejerció como ministro de cuatro carteras: Secretaría General de Gobierno, Interior, Justicia y Relaciones Exteriores. Para las elecciones de 1970 era uno de los organizadores del «Movimiento Independiente Alessandrista» que buscaba la reelección del ex presidente.

La temprana organización de esta Comisión Constituyente, a pocos días del Golpe, muestra el evidente interés del régimen de proyectar una transformación mayor en el sistema político chileno. Contrariamente a la expectativa de algunos actores de la época que imaginaban la intervención militar como algo pasajero, quienes llegaban al poder buscaron desde el inicio refundar las bases de la república.

Las primeras palabras de Enrique Ortúzar aquel 24 de septiembre de 1973 mostraban precisamente tal motivación. Reproducimos los pasajes principales de su intervención en aquella sesión inaugural, y que constan en las actas constituyentes de la Comisión por él presidida [Tomo I]. Planteaba entonces el abogado que  «el espíritu que anima a la Junta de Gobierno es de carácter nacionalista y que, por consiguiente, es necesario afianzar los valores de nuestro sistema democrático mediante la integración de la ciudadanía y la participación del pueblo para obtener el desarrollo y progreso de la comunidad, evitando la intromisión de elementos extraños en la conducción de los destinos de la Patria» [p. 5].

Pero, ¿en qué se traduciría este espíritu nacionalista que mencionaba Ortúzar? Él mismo lo delinea al destacar algunos elementos centrales que debía considerar la nueva Constitución, los cuales son reveladores de los temores de la élite civil-militar que asumía el poder:

 
(i) Una Constitución antimarxista, al promover «el establecimiento de un precepto constitucional, similar al contemplado en la Carta de Alemania Federal, que declare contrarios a la Constitución a los partidos o movimientos que sustenten ideas o doctrinas marxistas». Agrega que se requeriría establecer «la prohibición de que las personas que profesen dichas ideologías puedan ocupar cargos de elección popular, sancionando a los infractores con la destitución de tales cargos».

(ii) La reforma al sistema de elección presidencial, incluyendo un sistema de segunda vuelta en elecciones presidenciales para evitar que candidatos minoritarios puedan imponerse sobre la mayoría.

(iii) Aumentar los cuórum para la reforma constitucional, estableciendo «un cuórum de los dos tercios de los miembros en ejercicio de cada rama del parlamento para modificar las garantías constitucionales y aquellas disposiciones de la Carta Fundamental que aseguran la vigencia del régimen democrático y del Estado de derecho».

(iv) Se agrega la necesidad de «afianzar el régimen de propiedad en general y, en forma especial, el de la agricultura, industria y minería, y de destacar la función social que le corresponde, la que obliga a emplearla en el fin que le es natural y en armonía con los intereses colectivos». Agrega que la nueva Constitución debe asegurar la iniciativa privada a través de la empresa como gran motor que impulsa el desarrollo.

(v) Sostiene que se requiere dar participación efectiva a los gremios, colegios profesionales, mujeres, juventud y de las Fuerzas Armadas estableciendo un Consejo Económico y Social donde estos pudiesen integrarse. Llama la atención que se incluye como un grupo intermedio de la sociedad a las FF. AA.

(vi) Se plantea además que se requiere establecer un Senado con una composición mixta, con integrantes electos por votación popular y otras autoridades designadas en virtud de su prestigio, y que incluya a ex presidentes, ex contralores, ex rectores y representantes de gremios, entre otros.

(vii) Se indica que, en relación al llamado a retiro de los altos mandos de las FF. AA., y «para evitar actitudes arbitrarias y odiosas de los gobernantes», este debía hacerse con acuerdo del Senado. 

(viii) Se propone además que los estados de emergencia no debían hacerse por parte de la autoridad política, sino que por ésta en consulta a las FF. AA. «o bien sólo por estas últimas». 

A continuación, el comisionado Sergio Diez planteó una serie de propuestas asociadas a la formación de la ley y de los partidos políticos. Sostuvo la necesidad de entregarle a las FF. AA. atribuciones especiales, como tener a cargo «el manejo y aplicación de las restricciones de las libertades públicas; el aparato elector de la Nación y la posibilidad de que en un momento determinado, en atención a circunstancias de seguridad nacional que deben precisarse cuidadosamente, pudieran actuar en la rectificación de ciertos actos emanados de las autoridades sin sujeción a la subordinación que se le debe al Ejecutivo» [p. 10].

A partir del 25 de septiembre, esta Comisión Constituyente actuó no solo discutiendo ideas para un proyecto de nueva Constitución, sino que además en la propuesta de proyectos de decretos de leyes que serían sometidos a la Junta Militar. Ese día se propusieron decretos para declarar disueltos y fuera de la ley a partidos o agrupaciones que sustentaran la doctrina marxista, declarar en receso a los partidos políticos, y suspender el proceso de inscripción en los registros electorales. Al día siguiente, la Comisión aprobó en forma unánime una minuta que definía las metas fundamentales para la nueva Constitución: se trataría de una Constitución nacionalista, que promovería la estabilidad del régimen democrático prohibiendo partidos de ideología marxista; fortalecería el derecho de propiedad; buscaría estimular la participación de las FF. AA.  gremios, juventud y mujeres en la vida nacional; establecería las bases para el desarrollo económico centrado en la seguridad jurídica y la iniciativa privada; afianzaría la independencia del Poder Judicial y de la Contraloría; promovería la descentralización regional; fijaría normas para las FF. AA. y Carabineros para asegurar su más amplia participación en el quehacer nacional; y promovería el respeto del orden jurídico, poniendo atención en la definición de cuórum especiales.

Muchas de las ideas planteadas en los primeros días de la Comisión quedarían plasmadas en la Constitución del año 1980. A diferencia de tantas otras intervenciones militares provisionales que se habían vivido en Chile y América Latina, este Golpe buscó materializar desde el primer día un proyecto institucional nacionalista y antimarxista, que fortalecía el mercado y la propiedad privada, y que aspiraba a otorgarle un nuevo rol a las Fuerzas Armadas. Tal espíritu refundacional ubicó a la elaboración de una nueva Constitución para Chile como una de sus prioridades.