Resiliencia en las escuelas frente a la crisis climática

Centenares de escuelas en varias regiones se vieron afectadas por los temporales del mes pasado. Ante los nuevos desafíos que plantea la emergencia medioambiental, los autores de esta columna para CIPER piden repensar cómo planteamos la construcción de los espacios educativos en Chile, y la relación con su entorno natural.

El dato es lamentable: debido a las lluvias e inundaciones de fines de junio recién pasado, 327 establecimientos educaciones entre las regiones de Valparaíso y de La Araucanía han tenido que afrontar reparaciones, habilitación de nuevos espacios e incluso su reubicación en otros sectores, lo cual es elocuente de las malas condiciones en las que se mantenían hasta entonces. Se trata de una triste evidencia, que sin embargo puede convertirse en una oportunidad que obligue a las instituciones del Estado responsables a repensar dónde debieran ubicarse y cómo debieran ser los ambientes físicos de aprendizaje de jardines, escuelas y liceos. El valor pedagógico de los espacios educativos es indiscutible: el rendimiento, la motivación o la capacidad cognitiva de los alumnos está condicionada a la interacción entre infraestructura y dinámicas sociales en su interior.

La naturaleza ha vuelto a mostrarnos cuán frágil y precaria es la infraestructura educacional en Chile. La realidad de los impactos de la crisis climática obliga a pensar nuevas tipologías arquitectónicas educacionales que, junto con la incorporación de soluciones basadas en la geografía, permitan el desarrollo de ciudades resilientes. Pensamos, por eso, que los vigentes protocolos y normativas para la autorización de nuevos establecimientos educacionales requieren de una actualización, que entre otras cosas incluya de forma concreta la experiencia vivida en los últimos «desastres» socionaturales. Actualmente, los requerimientos técnicos para la instalación y funcionamiento de una escuela se remiten al decreto n°47 (1992) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y se materializan en el nuevo texto de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en el capítulo n° 5 sobre «Locales Escolares y Hogares Estudiantiles». Dicha normativa fue la que, por ejemplo, aprobó la instalación de escuelas en sectores altamente contaminados, como es el caso de la Bahía de Ventanas, o en comunas con crisis hídrica; sin prever medidas de adaptación, mitigación ni incluso restauración en los territorios donde se emplazan esos recintos educativos. En Chile, el 40,4% de las escuelas rurales municipales no cuenta con abastecimiento normado y regular de agua potable; es decir, 1.350 establecimientos, lo que equivale a más de 27.100 de estudiantes, además de su respectivo personal educativo y funcionario [AMULEN 2021].

Se necesita planificar social y ambientalmente los territorios: ofrecer espacios seguros para el desarrollo de clases dentro y fuera del aula. Entender que el derecho a la educación es más que ir a la escuela, e incluye habitar y convivir con el territorio. Es aprender de él.

Adicionalmente, deben planificarse las distintas fases de la gestión de riesgo de desastres. Así, si un establecimiento educacional se utiliza como albergue sea por un tiempo breve, siendo esta una excepción y no una normalidad; para poder retomar cuanto antes su uso original como espacio de enseñanza y de aprendizaje.

La educación necesita de la dimensión territorial para el desarrollo de identidades culturales y locales, con el fin de formar ciudadanos capaces de comprender las dinámicas espaciales y de afrontar los desafíos que lamentablemente nos demanda la actual crisis ambiental. Es también relevante contar con una escuela planificada, pensada en y para el territorio, que favorezca además las competencias y habilidades de su comunidad educativa en el cuidado, protección y restauración de la naturaleza. El traspaso de conocimiento que a través de la oralidad hacían las comunidades originarias, debe ser liderados en la actualidad por las comunidades educativas en torno a sus espacios de aprendizaje.

Por eso es primordial pensar correctamente el diseño, ubicación e instalación de un recinto educacional. Que las instituciones responsables (MINEDUC, Servicios Locales de Educación, Servicio Nacional de Respuesta ante Desastres, MINVU, gobiernos regionales y municipalidades, entre otros) se coordinen pensando en el bien superior de la educación de niños, niñas y adolescentes. En especial, debe relevarse el rol del Ministerio del Medio Ambiente y de Ciencias como fuente de información y conocimiento que aporta al desarrollo de una educación ambiental situada.

Sin duda, uno de los grandes desafíos a corto y mediano plazo es implementar estrategias de reducción del riesgo climático para las ciudades. En este escenario, se reconoce una oportunidad en replantear la localización y desarrollo de establecimientos educacionales, pensando en resguardar no solo su funcionamiento, sino también el desarrollo de ambientes facilitadores del aprendizaje. En el contexto anterior, no debiera volverse costumbre cerrar escuelas producto de una mala gestión y planificación de los espacios, como lo vivido en estos últimos meses. Los aprendizajes escolares se nutren de la cultura que habita en su entorno, así como de las formas de relación que tienen sus habitantes con la naturaleza. El regreso a clases de aquellas 327 escuelas afectadas por los temporales de junio debiese venir cargado de aprendizajes que nos permitan realmente avanzar en resiliencia.