La riesgosa insistencia en el Embalse Nueva la Punilla

Por diferentes razones, este megaproyecto hidroeléctrico en la Región de Ñuble fue demorando su realización por casi dos décadas, aunque ahora el gobierno ha confirmado su reimpulso. El problema, sostiene en esta columna para CIPER el director de la ONG Defensa Ambiental, es que sus estudios de impacto y calificación ambiental se encuentran obsoletos.

El estudio que evaluó ambientalmente los impactos del Embalse La Punilla data de 2004, y la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que finalmente lo aprobó —y gracias a la cual se ejecutará, ahora bajo el nombre Nueva La Punilla— cumplirá trece años. Sin embargo, el reciente anuncio por parte del gobierno ha sido el de llevar adelante este megaproyecto hidroeléctrico sin modificaciones al diseño original, a pesar de los evidentes cambios en el territorio, correspondiente a San Fabián, en el sector cordillerano de la Región de Ñuble.

El Embalse Nueva La Punilla es una obra pública fiscal que desde 2016 estaba en manos de la sucursal chilena de la constructora italiana Astaldi SPA, la que por concesión del Ministerio de Obras Públicas debía hacerse cargo de su construcción y ejecución. Sin embargo, una crisis financiera en la firma sumada a un grave error del MOP en el cálculo de la capacidad de almacenamiento en el proyecto original dejó el proyecto no solo paralizado sino que además con una demanda del ministerio a la empresa (por «extinción de contrato de concesión»), que al fin concluyó en 2021 con la firma del fin del contrato para ambas partes. Con ello, el MOP quedó como titular del proyecto e inicia un llamado a relicitación, con fechas que han sido postergadas desde ese entonces.

Recordemos que, incluso antes de iniciar su ejecución, el proyecto Embalse Nueva La Punilla tenía ya a su cuenta una demanda por daño ambiental y la formulación de diez cargos de la Superintendencia de Medio Ambiente por incumplimientos de la RCA. Pretender, entonces, hacer el mismo proyecto sin actualizar ni mejorar sus condiciones estructurales es anticipar una serie de problemáticas y dificultades que nos llevan de frente a un nuevo fracaso. 

A inicios de este año, el Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Riego habría recibido recomendaciones de parte del Comité Interministerial para la Transición Hídrica Justa de realizar una reevaluación del proyecto, acordando incluso una reducción de hasta el treinta por ciento de la superficie de inundación. No obstante, durante el mes de junio la Ministra de Obras Públicas, Jéssica López, afirmó la intención de licitar el proyecto durante el primer semestre de 2024 y sin modificaciones. O sea, la actual postura del gobierno es seguir adelante con un accidentado proyecto en las mismas condiciones que en su diseño original, abandonando la posibilidad de una revaluación o actualización estructural, o la búsqueda de alternativas más factibles (y menos dañinas) de materializar y responder de igual forma a las necesidades hídricas y de riego de la región.

En los hechos, el Embalse Nueva La Punilla se encuentra obsoleto desde la perspectiva de sus permisos ambientales. La ley es clara: el artículo 4 transitorio del reglamento del SEIA dispone que los titulares disponen de cinco años para comenzar a ejecutar un proyecto desde que este es aprobado ambientalmente. Resulta del todo razonable esta exigencia, dado que las condiciones del territorio sobre las que se evaluan los proyectos pueden cambiar notablemente en 15 ó 20 años, por lo que dicha evaluación ambiental ya no responde a la realidad del lugar que se intervendrá, perdiendo así su eficacia. En 2011, la UNESCO declaró como Reserva de la Biosfera Corredor Biológico Nevados de Chillán – Laguna del Laja al lugar en el que estaría eventualmente emplazado el embalse del que hablamos, lo cual remarca el perjuicio de su impacto ambiental actualizado, con al menos la pérdida de 1.700 hectáreas de inundación y su consiguiente afectación a la flora nativa y fragmentación del hábitat de la fauna presente (como el huemul, especie en peligro de extinción). Debemos considerar, además, la arista de los riesgos vulcanológicos asociados a construir este gran muro de concreto y el lago artificial en las cercanías del activo volcán Nevados de Chillán.

Junto con lo anterior, las familias arrieras cordilleranas serán forzadas a salir de donde históricamente han vivido (ya vimos el cuestionado proceder en el año 2018 con las primeras familias desalojadas), además de producirse la saturación de la ruta N-31, único camino de acceso a la cordillera, con las consecuentes implicancias para la actividad turística. Se seguirá postergando la proyección de la zona cordillerana de San Fabián, apagada bajo el fantasma del Punilla que nunca llega. Tampoco se responderá de manera efectiva y oportuna a las necesidades de riego de los agricultores de Ñuble, debido a las continuas apuestas en una fórmula de proyecto obsoleta y que no aplica a las condiciones actuales (considerando, también, el vigente decreto de escasez hídrica de la región).

El llamado es a la responsabilidad y fundamentación por parte de las autoridades al justificar sus decisiones y garantías respecto de una obra que, por ahora, carece de estándares mínimos para que su implementación pueda ser algo factible en el territorio.