#7M ¿Quién tiene la última palabra?

«No basta con que el electorado acuda a las urnas. Es indispensable que los elegidos este 7 de mayo sean capaces y estén dispuestos a actuar de forma concertada bajo el objetivo común de redactar un buen texto […] Si las fuerzas moderadas salen victoriosas este domingo, ese resultado será el mejor dique para tensiones refundacionales y contrarreformistas. Garantizar una asamblea más dialogante es un imperativo.» [más de CIPER-Opinión, en #NuevaConstitución]

La nueva Constitución aún no está escrita ni definida. Esa es justamente la tarea que tendrá el Consejo Constitucional, cuyos cincuenta integrantes elegiremos democráticamente este domingo 7 de mayo.

Se ha querido instalar que la propuesta que se discute y redacta actualmente en la Comisión Experta ya es aquella que nos va a regir por las próximas décadas. Pensarlo así es un desacierto. La tarea de la Comisión Experta es proponer una redacción para no partir de la llamada «hoja en blanco», y así evitar el exceso de entusiasmo de la pasada Convención que llegó a los quinientos artículos. Este anteproyecto servirá como una base que guíe la discusión al interior del Consejo, un recurso moldeable sobre el cual las y los consejeros construirán el texto final.

Tras la entrega de esa propuesta, será la responsabilidad del Consejo Constitucional —con plena legitimación democrática dada por las urnas— de modificar, suprimir, sustituir e incluso agregar normas a lo planteado por los expertos. El único requisito es que esas enmiendas respeten los límites demarcados por las doce bases institucionales establecidas para el proceso.

Como lo consigna el Reglamento, aquella labor la realizará en diálogo con la Comisión Experta [ver infografía, más abajo], pero la última palabra siempre la tendrá el Consejo. Lo que este determine será lo que se le propondrá al país para su votación. Ellos tendrán sobre sus hombros la responsabilidad de definir los límites de los poderes del Estado y los principios que guiarán nuestra sociedad a futuro.

Estamos entonces ante un momento decisivo. Tras la fallida Convención, una compleja negociación para no dejar caer el proceso e intensas semanas de trabajo de la Comisión Experta, en pocos días la ciudadanía tendrá una segunda oportunidad para decidir quiénes discutirán y aprobarán una propuesta nueva Constitución. Oportunidad que quizás sea la última en mucho tiempo.

Sin duda, el devenir —exitoso o no— de este nuevo órgano depende, en gran medida, de la próxima votación popular. Exenta de las tensiones de un plebiscito binario y el interés de la ciudadanía, se estima que la participación estará por debajo de los 13 millones de votantes de septiembre pasado, a pesar del sufragio obligatorio. A ello hay que sumar una «fatiga constitucional» producida por el proceso anterior, un cansancio por la avalancha de elecciones de los últimos años y una creciente indiferencia hacia la política. Además, la franja televisiva no ha ayudado mucho. Los partidos perdieron la oportunidad de encauzar y entusiasmar a la ciudadanía al transformar la discusión constitucional en un debate por mayor orden y seguridad con demandas inmediatas. Este vacío en el debate nacional ha replegado la discusión lejos de la ciudadanía.

Pero no basta con que el electorado acuda a las urnas. Es indispensable que los elegidos este 7 de mayo sean capaces y estén dispuestos a actuar de forma concertada bajo el objetivo común de redactar un buen texto. El Consejo operará por 3/5, el umbral que determinarán qué fuerzas lograrán articular mayorías y qué colectivos se verán condenados al testimonio.

El camino para la búsqueda de esos treinta escaños no está pavimentado. Bien lo sabemos a la luz del proceso anterior, en el que el desbalance político impidió al centro jugar un rol relevante. Ahora es indispensable, para la elaboración del texto y la legitimidad del proceso, lograr conformar mayorías lo más amplias posibles, donde se trabaje en conjunto por propuestas que den estabilidad de largo plazo al país. Si las fuerzas moderadas salen victoriosas este domingo, ese resultado será el mejor dique para tensiones refundacionales y contrarreformistas. Garantizar una asamblea más dialogante es un imperativo.

El desafío que enfrentará el Consejo Constitucional es enorme. Los elegidos deberán construir un acuerdo que consagre los principios y valores que nos unen y que nos permitirán desarrollarnos en un marco democrático. Y ese éxito comienza con el voto de todos nosotros. De esa opción por darle el mayor de los poderes, el poder constitucional, a quienes buscan unos 3/5 sólidos y constructivos.

Esta es posiblemente la última oportunidad que tendremos de elegir un órgano redactor que nos dote de un marco estable y reconocido, dentro del cual todo el ordenamiento político y jurídico pueda desarrollarse. El Consejo no será una asamblea meramente decorativa o ajena a la deliberación. Al contrario. Ellos tendrán la última palabra de este nuevo intento constitucional. No lo desperdiciemos.