«La escolaridad incompleta es un problema innegable en Chile, con cifras preocupantes en todas sus regiones. Pero lo más dramático de la situación es que está asociada a un enorme déficit del sistema para garantizar el derecho a educación», recuerda esta columna de Opinión para CIPER, sobre la urgencia y condiciones para la educación de adultos en nuestro país.
La cifra es llamativa —incluso, difícil de creer— pero la encuesta CASEN 2017 expuso que en Chile existían entonces cerca de 5 millones de adultos que no habían concluido sus doce años de escolaridad, incluyendo a 500.000 analfabetos. Las cifras no mejoraron tres años después, cuando un 49.81% de los encuestados mayores de 19 años decía no haber completado su Educación Media. La escolaridad incompleta es un problema innegable en Chile, con cifras preocupantes en todas sus regiones. Pero lo más dramático de la situación es que está asociada a un enorme déficit del sistema para garantizar el derecho a educación. Según el Centro de Estudios del MINEDUC, en 2022 la matrícula para la educación de adultos alcanzó a 114.293 personas, considerando educación Básica (15.065), Media científico-humanista (91.986) y Media técnico-profesional (7.242); es decir, tuvo apenas un 2,29% de cobertura nacional para el total de adultos que lo necesitan. En 2019, María Eugenia Letelier, la actual directora del área de Trayectorias educativas y aprendizaje a lo largo de la vida del Ministerio de Educación, advirtió sobre los problemas de matrícula, subvención estatal y metodología de cálculo para la asignación de recursos en la educación de jóvenes y adultos en nuestro país. Son problemáticas que están vigentes en la actualidad. Hoy, la subvención de la matrícula para la educación de adultos sigue dependiendo de la asistencia, lo cual evidencia una política desconectada de una realidad en la que los estudiantes de educación vespertina tienden a ser personas con precarización laboral, empleos inestables y dificultades para comprometerse con una asistencia regular. Las leyes y normativas vigentes no ayudan a cambiar esta realidad, en la que muchos proyectos educativos de sostenedores públicos y privados son rechazados por incumplimiento de una normativa que no responde a las particulares de la educación de jóvenes adultos. Por ejemplo, el DS n° 548/1988 de Educación, que regula la infraestructura de establecimientos escolares, no tiene normas específicas para la educación de adultos, quedando atados a la exigencia de la normativa para la educación regular diurna. La gestión de todo ello podría ser más expedita si la autoridad a cargo acogiera sugerencias y ajustes que derivan de inquietudes muy sencillas: ¿qué hacemos para realmente consagrar el derecho a la educación de todos/as?; ¿cómo construimos un país que avance hacia el desarrollo, si casi el cuarenta por ciento de su población adulta no ha terminado sus estudios?; ¿cómo disminuimos las brechas de género, si más de la mitad de esos cinco millones de chilenos/as con estudios escolares incompletos son mujeres postergadas?; ¿cómo frenamos la deserción en NNA, si en esas casas los adultos también fueron desertores? La falta de respuestas para todas estas fundamentales interrogantes refleja que la urgencia de que jóvenes y adultos puedan completar su escolaridad en Chile es pasada por alto en el debate público, y figura lejos de las prioridades de la agenda social en políticas de Estado. Gobierno tras gobierno, las medidas para afrontar este problema han sido parches para una enfermedad que necesita de operaciones más profundas. Incluso el Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, ha mencionado el querer desburocratizar y terminar con el exceso de papeleo en las escuelas. Si lo anterior ya es un lastre para la educación pública general, en el área de escolaridad para adultos se trata de un peso aún más difícil de despejar. Es una buena noticia el reciente Plan de Reactivación Educativa 2023, especialmente al considerar que en el período 2021-2022 cincuenta mil NNA en Chile desertaron del sistema escolar. Sin embargo, es insuficiente para subsanar el grave problema que tenemos como país con la educación, no considerando la educación de jóvenes y adultos en una mesa de educación que, a la luz de las estadísticas, sigue coja.
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Lamentablemente el concepto de ed. de adultos se restringe única y exclusivamente a la escuela y se deja de lado su aplicabilidad en la comunidad, los sindicatos, clubes deportivos, centros de padres, etc. ¿Cuáles son los ajustes curriculares, o son los mismos para todo el mundo? Además, me parece urgente discutir cuáles son los fundamentos de esta área, los cuales la hacen distinta a la educación normal. Creo que mientras se siga tratando al alumno adulto tal y como a los del sistema normal, lo que se logrará es alejarlos del aula. Esto porque no se considera que sus motivaciones son distintas, sus experiencias también y, sobre todo, sus motivaciones. Finalmente, creo que separado de lo que es el desarrollo comunitario auténtico, y no el de oficina, la ed. de adultos pierde fuerza. Para finalizar¿ están las empresas comprometidas en este proceso? ¿ Cómo afecta le ed. de adultos el desempeño laboral? ¿Ayudan las empresas a estos trabajadores, con los horarios por ej.? Saludos
Antonio Ovando | 29.04.2023
Seria una mesa coja nivelada con una tapa de bebida. Si fuera solo por ahi. La Educacion de Adultos que no llega es un atentado a los derechos humanos y no es ruta del progresismo, digo la pobreza. Buena nota
Macarena | 25.04.2023
Problemática real que resulta indispensable llevar a la mesa... con directa relación a los salarios, pensiones de vejez y desarrollo social.
