CARTAS: Migración criminalizada y servicios públicos

Señor director:

El homicidio del cabo de Carabineros Daniel Palma Yañez, a manos de al menos dos ciudadanos venezolanos, ha traído consigo no sólo el luto de todo un país, sino también el resurgimiento de una oleada xenófoba. No tengo intenciones de relativizar el trágico crimen ni de cuestionar las medidas adoptadas por el gobierno en materia delictual. Tampoco de poner en duda el evidente influjo que ha tenido la inmigración irregular en el alza de la criminalidad y la violencia en el país. Pero sí deseo denunciar la precariedad jurídica a la que se ven expuestos miles de migrantes que han hecho de Chile su país de residencia.

El Servicio Nacional de Migraciones reconoce abiertamente un atraso en cientos de miles de trámites administrativos, habiendo llegado a mi conocimiento casos de más de tres años sin un pronunciamiento, superando con creces el plazo máximo de seis meses establecido en el artículo 27 de la Ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Afortunadamente, nuestro ordenamiento jurídico reconoce el derecho de los administrados de acudir a la justicia ordinaria cuando sufran una vulneración, y es de esta forma en que los letrados podemos ayudarles. Sin embargo, contra todo fundamento legal y jurídico, los tribunales superiores de justicia han tenido un repentino giro en sus fallos sobre migración, sin que exista un cambio legislativo que lo justifique y sin siquiera referirse a la documentada falla en el Sistema B3000, la principal base de datos del Servicio Nacional de Migraciones.

En mi labor como abogado en el tema, sólo recibo clientes sin antecedentes penales, aunque, sé de quienes sí llevan ese minoritario grupo de casos (todos tenemos derecho a la defensa). Recalco que es un grupo residual, ya que la regularización es una amenaza a la criminalidad. Por lo mismo, los esfuerzos (e influencias) del gobierno debieran enfocarse en el resguardo de las fronteras, la intervención de las comunidades o el control ciudadano estratégico, pero no en dilatar los procesos de quienes legal y pacíficamente han optado por la vía de la justicia en resguardar sus derechos.

A modo de conclusión, entrabar la migración regular incentiva la irregular, atrayendo mayoritariamente a quienes están dispuestos a vivir al margen de la ley.