El «cuento del tío» de las energías renovables

A pesar de los cambios en la regulación de licitaciones, no baja el precio que los ciudadanos pagamos por energía eléctrica, ni siquiera con el beneficio que trae el uso de energías renovables. ¿Por qué? El autor de esta columna para CIPER, director ejecutivo de la Fundación Energía para Todos y miembro de la Red de Pobreza Energética, presenta a continuación dos propuestas que fomentarían un ajuste en este sentido: «Más allá de los detalles, estimo que lo importante es pensar en que el Estado sí puede elaborar políticas públicas para disminuir la tarifa eléctrica y favorecer a sus habitantes.»

El avance y desempeño de las energías renovables en Chile es brutal. Es normal que cada mes leamos o escuchemos buenas noticias: «Energía solar y eólica superan al carbón»; «Año récord para las energías renovables», y así. Además, la energía es por lejos el sector que atrae mayor inversión extranjera a Chile.

En términos de cambio climático, lo anterior es buenísimo, pues avanzamos de manera decidida hacia una matriz energética sostenible. Si hacemos memoria, debemos llevar al menos unos diez años escuchando que tenemos la mejor radiación solar del mundo o que nuestros vientos son estupendos. El relato siempre es el mismo, y gira en torno a la idea de «energía limpia, barata y segura para los hogares».

Si es verdad que somos los «jaguares de Latinoamérica» de las energías renovables, yo me pregunto: ¿y cuándo le toca a la ciudadanía?; ¿cuándo es que toda esta maravilla llega al bolsillo de los habitantes de Chile?

Al parecer, nunca.

Para ser justos, las energías renovables han logrado que nuestra cuenta de electricidad no aumente en exceso, y que, en zonas como Coronel o Tocopilla, podamos desconectar centrales a carbón que generan gran perjuicio socioambiental. Pero eso no quita que, para «el ciudadano de a pie», la eterna promesa de energía más barata nunca se cumple. Es un verdadero «cuento del tío».

En mi columna previa para CIPER [ver «La caja negra del mercado eléctrico», en CIPER Opinión 03.01.2023], explicaba que la generación de energía eléctrica, dependiendo del lugar, representa entre el 50% y el 65% del costo final de «la cuenta de la luz»; que está asociada al dólar; y que su precio se calcula en función de licitaciones públicas que generan contratos de largo plazo entre generadoras y distribuidoras para que el costo sea pagado por los usuarios (pero, como hay contratos con distintos precios —caros y baratos—, se realiza un promedio llamado Precio de Nudo Promedio, que es el que finalmente pagamos lo/as ciudadano/as).

Solo para enredar un poco más el cuento, sumemos el que, a través de dos leyes aprobadas («PEC 1: Ley 21.185» [2019] y «PEC 2: Ley 21.472» [2022]), se estabilizó el precio de la energía eléctrica, para que vaya subiendo de a poquito, a cambio que no baje hasta el 2032 (recomiendo leer primero la columna recién citada).
 

***

Comprender cuáles y cómo son los contratos de largo plazo es clave para poder entender por qué las energías renovables finalmente nunca llegan a bajar la cuenta de la electricidad. Esta historia la dividiremos en dos: contratos realizados entre los años 2006 y 2014, y aquellos desde el 2015 hasta ahora.

Los contratos de largo plazo, explicados muy en simple, se generan con licitaciones donde, por ejemplo, se dice «necesito X cantidad de energía por veinte años, pero necesito que me la comiences a entregar en cuatro años más», y así las generadoras participan de la licitación, compiten con precios, y los mejores precios «se ganan» el contrato. Entonces, las generadoras quedan con contratos amarrados; llamados «de largo plazo».

Hasta antes del año 2010, el precio de la energía eléctrica que se le cobraba a la ciudadanía era fijado completamente por el Estado. La Comisión Nacional de Energía (CNE) hacía un par de cálculos y determinaba el precio máximo que las distribuidoras (ENEL, CGE, SAESA, Chilquinta, etc.) nos podían cobrar. Pero, producto de un cambio legal realizado en 2005 (Ley 20.018) esto iba a cambiar: el precio ya no sería establecido por el Estado, sino que por contratos de largo plazo que las distribuidoras debían generar mediante licitaciones privadas (las que comenzaron en 2006, pero rigieron a partir de 2010).

En otras palabras, el Estado les entregaba a las distribuidoras la responsabilidad de abastecernos de energía eléctrica y acordar contratos con las generadoras para llegar a un precio que sería traspasado a la ciudadanía.

El resultado de lo anterior ha sido terrible, pues producto del cambio regulatorio —sumado al corte del gas argentino en 2007— llevó a que precios que comenzaron relativamente acotados, subieran estrepitosamente en los años siguientes. Muy pocas empresas participaban de las licitaciones; por tanto, existía poca competencia. Esto generaba que, licitación tras licitación, no hubiera incentivo alguno en bajar los precios.
 

***

Ahora viene la segunda parte de esta historia. En el año 2015, el entonces ministro de Energía (segundo gobierno de Michelle Bachelet), Máximo Pacheco, realizó un nuevo cambio regulatorio. La Ley 20.805 devolvía al Estado la responsabilidad de asegurar el abastecimiento de la energía eléctrica a la ciudadanía, aunque, esta vez, utilizando la misma metodología de los contratos de largo plazo, pero generados a través de licitaciones públicas. Como la responsabilidad ahora quedaba en manos del Estado, se cambiaron las reglas de las licitaciones, favoreciendo enormemente la entrada de las energías renovables.

Ahora el resultado sería absolutamente el contrario: el precio que se ofrecía en las licitaciones era mucho más bajo, llegando a un 70% menos que las licitaciones previas, pues las energías renovables serían ahora las protagonistas. Muchas más empresas comenzaban a competir, y Chile se transformaba paulatinamente en —ahora sí— el «jaguar de Latinoamérica» de las energías renovables.

De hecho, incluso Al Gore, ex vicepresidente de Estados Unidos, recorría el mundo mostrando un documental en el que Chile aparece como una inspiración.

El siguiente gráfico permite visualizar de manera muy clara todo lo descrito. El tamaño de las barras representa el volumen o cantidad de energía adjudicada; la línea naranja, el precio por la cual se licitó dicho volumen de energía. 

En síntesis, y como explicaba en un principio, el precio final de la energía eléctrica que pagamos como ciudadanos se basa en un precio promedio de todas las licitaciones, las caras y las baratas. Todo esto me lleva a pensar si acaso no podrá hacerse algo para revertir esta situación.

A continuación presento dos propuestas que fomentan las energías renovables para la disminución de la tarifa eléctrica en los hogares de Chile. Más allá de los detalles, estimo que lo importante es pensar en que el Estado sí puede elaborar políticas públicas para disminuir la tarifa eléctrica y favorecer a sus habitantes.


1. RENEGOCIACIÓN DE CONTRATOS
Renegociar contratos es bastante común en la industria privada. Desde hace un buen tiempo, con la llegada de las energías renovables y precios más bajos, los grandes consumidores de energía eléctrica, como la minería, han comenzado a renegociar sus contratos con las generadoras. Se entiende como un buen negocio para todas las partes, pues los grandes consumidores logran precios más bajos, y las generadoras mejores condiciones para seguir operando y ampliando su oferta en base a energías renovables.

Sin duda, quienes más destacan en esta práctica son los representantes de la gran minería. La mayoría aspira a que para 20230, el uso de energías renovables sea de un 100%. Por ejemplo Antofagasta Minerals declaró en abril del año pasado haber cumplido con su meta de descarbonizar sus operaciones a 2022, gracias a la renegociación de algunos de sus contratos. Otro ejemplo notable es la estatal Codelco, cuyo presidente del directorio en octubre del año pasado planteaba que «Codelco firmó una modificación a uno de sus contratos con Colbún que le permitirá eliminar parte del suministro eléctrico en base a carbón por uno de energías renovables».

En países como Honduras o Colombia se han impulsado planes y políticas de Estado para renegociar contratos de energía eléctrica, y de esa manera lograr bajar el precio de energía para sus ciudadanos. Ambos países siguen la idea matriz de renegociar contratos vía ley. En Colombia se ha impulsado el «Pacto por la Justicia Tarifaria», que en su primera etapa de negociaciones sumó a más de 80 empresas y modificó 952 contratos; y, en Honduras, la «Ley Especial de Energía Eléctrica» ya en octubre anunciaba la renegociación de 16 contratos entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y 14 empresas generadoras privadas.

Dicho todo esto, podemos decir que en Chile se renegocian contratos de energía eléctrica entre empresas privadas y entre empresas privadas y estatales, y que además otros Estados también renegocian contratos de energía eléctrica. Entonces, ¿por qué el Estado de Chile, en nombre de sus ciudadanos, no podría renegociar contratos y bajar las tarifas? De haber voluntad política, se podría perfectamente. Los puntos importantes serían: i) limitar  las renegociaciones a los contratos realizados antes del 2015, concentrándonos en los contratos caros y protegiendo aquellos que permitieron el ingreso de las energías renovables; ii) realizar renegociaciones sí y sólo sí éstas generan un impulso aún mayor de las renovables; iii) explorar formas de renegociación como: extender contratos a cambio de disminución de precios, inyección de recursos estatales a través de ENAP (cosa que es posible desde 2016, a través de la Ley 20.897, la cual amplió el giro de esa empresa entregándole la facultad para incursionar en el mercado eléctrico y desarrollar proyectos de generación), compensación a suministradores de energía mediante sistema take or pay, etc.

Puede haber más formas de renegociar, por supuesto, pero lo importante es tener la convicción de que se impulsen aún más las renovables, pero para que a los y las chilenas la energía eléctrica nos sea efectivamente más barata.


2. COMUNIDADES ENERGÉTICAS LIBRES
En Chile tenemos dos tipos de clientes o usuarios de energía eléctrica, los regulados y los libres. Los primeros consideran a la ciudadanía en general, a través de las tarifas para clientes residenciales (personas) y «no residenciales» (PYMES). En su caso, el precio de la energía se les calcula en base a todo lo que ya he explicado más arriba. Por otro lado están los clientes «libres», que básicamente son consumidores de grandes cantidades de energía, lo que les permite negociar directamente el precio.

Con la llegada de las renovables y los precios más bajos, los clientes regulados con posibilidad de cambiarse se comenzaron a cambiar. ¡Natural! El precio que ofrecen las generadoras a los clientes libres es más barato que el de los contratos de largo plazo. En los siguientes gráficos se puede apreciar cómo ha disminuido en los últimos años el consumo de los clientes regulados, producto de la notable baja en el consumo de los clientes regulados «no residenciales». Además, se puede observar cómo la venta de energía a clientes libres pasó a superar a la energía vendida a los clientes regulados. 

En el grupo de los clientes libres, un grupo de empresas puede asociarse y realizar una licitación conjunta. También existen casos de edificios de oficinas que se transforman en clientes libres. Pero lo más notable a mi parecer, son el caso de aquellos edificios residenciales que ahora se transforman en clientes libres, para, en vez de tener cada departamento conectado a la red de manera independiente, compran entre todos la energía más barata. Para realizar todo esto, existen empresas especializadas en la comercialización de energía, que aseguran que pueden bajar los costos de la energía entre un 20% y 30%.

De hecho, cambiarse de regulado a libre es tan buen negocio, que el propio Estado retira sus edificios de las tarifas reguladas que el propio Estado regula, y compra energía a precios más bajos. La licitación ID: 1122317-4-LR21 muestra cómo el Estado licitó energía para cárceles, universidades, un hospital, Carabineros, un gobierno regional, etc., logrando un precio de la energía 60% más barato que el costo de la energía para clientes regulados.

Dicho todo esto, si acaso es tan buen negocio pasar de cliente regulado a cliente libre, ¿por qué no modificamos la ley para que la propia ciudadanía se pueda organizar y constituirse como cliente libre? Imagino que para las empresas generadoras puede ser muy atractivo vender energía para el consumo de cinco mil hogares, por ejemplo (naturalmente habría que ver muy bien cómo funcionaría el pago y los potenciales atrasos, el número mínimo de viviendas que se pueden agrupar, si pueden o no ser regiones diferentes, etc.). Pienso que si existe un cambio regulatorio de esta manera, podremos aprovechar los bajos precios de las energías renovables e impulsarlas aún más, logrando que las y los ciudadanos paguemos menos en «la cuenta de la luz».