Inmuebles donde se denunciaron torturas son ocupados por la PDI, Carabineros y Armada como centros recreacionales y de hospedaje

La actual “casa de huéspedes” que la PDI tiene en Ñuñoa perteneció a un grupo dedicado a la meditación que era integrado, entre otras personas, por el astrólogo Pedro Engel. El inmueble les fue arrebatado en marzo de 1974. La casa estaba a nombre de una persona que fue detenida y torturada, y que después le traspasó la propiedad a la PDI en 1976. Ese mismo lugar aparece en un fallo del ministro Mario Carroza como sitio de detención y tortura, aunque una de las víctimas involucradas asegura que no estuvo allí. Carabineros y la Armada también mantienen propiedades para fines recreativos o de hospedaje con antecedentes de haber sido centros de tortura: el refugio Las Melosas (San José de Maipo) y el exsanatorio naval de Los Maitenes (Limache).

La tranquilidad del barrio ñuñoíno se quiebra por los autos que transitan por José Domingo Cañas. La casa blanca, de dos pisos, se emplaza en la esquina de esa calle con Obispo Orrego. Este lunes no se detecta mucho movimiento, a pesar de que hay dos autos estacionados en su interior y algunas ventanas abiertas. En este inmueble de la Policía de Investigaciones (PDI) que se ofrece como “Casa de Huéspedes” para alojar a sus funcionarios, según un fallo del juez Mario Carroza que espera su ratificación en la Corte Suprema, habrían sido torturados en 1980 dos estudiantes de Periodismo de la Universidad Católica.

Carroza estableció que los estudiantes Eduardo Jara (militante del MIR) y su compañera, Cecilia Alzamora, fueron secuestrados el 23 de julio de 1980, en plena dictadura, y trasladados al cuartel central de la PDI en General Mackenna. Después, cuando un magistrado inspeccionó esa sede policial, fueron llevados a la casa de Obispo Orrego. Allí “vuelven al cautiverio y continúan los interrogatorios con apremios físicos y psicológicos”, dice el fallo de Carroza. No obstante, Cecilia Alzamora envió una carta a CIPER en la que señala que, a su juicio, “no hay evidencia suficiente respecto de que hayamos estado en la casa de Obispo Orrego 241”.

Al menos hay otros dos bienes inmuebles en manos de instituciones militares o policiales, destinados a usos recreacionales o de hospedaje, con antecedentes de haber sido sitios donde se torturó. Uno pertenece a Carabineros y el segundo a la Armada. El de la policía uniformada es el refugio de montaña Las Melosas, ubicado en San José de Maipo. El de la Armada es el recinto del antiguo Sanatorio Naval de Los Maitenes, en Limache.

Para dirigentas de organizaciones de víctimas, estos sitios deberían ser destinados a recordar lo que ocurrió allí. “Tienen que ser lugares de memoria, y una memoria activa; si es de recreación, que no esté en manos de las Fuerzas Armadas, porque ellos fueron los que violaron los derechos humanos”, señala Alicia Lira, de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP). En tanto, Marta Cisterna Flores, directora ejecutiva de la Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas, afirma que el inmueble de la calle Obispo Orrego “no debería ser de huéspedes: lo que debería ser es un sitio de memoria que dé cuenta de lo que significó ese lugar durante la dictadura”.

Casa de Obispo Orrego con José Domingo Cañas, comuna de Ñuñoa

"DALES LA CASA, PARA QUE NOS PODAMOS IR"

La historia de la casa que la PDI ocupa como centro de hospedaje en Ñuñoa tiene, además, un controvertido episodio respecto de cómo la policía civil la adquirió. El bien raíz era de un grupo de meditación llamado Misión de la Luz Divina. La Policía de Investigaciones tomó posesión de la propiedad, de hecho, en marzo de 1974, seis meses después del golpe de Estado. La persona que tenía a su nombre la casa, Francisco Arce Araya, fue detenido y torturado. Los registros del Conservador de Bienes Raíces de Santiago indican que dos años después, Arce la vendió a la PDI. 

Personas que integraban el grupo de meditación dijeron a CIPER que la venta se hizo bajo presiones. Un decreto del 6 de marzo de 1975, firmado por Augusto Pinochet, demuestra que la PDI había ocupado la casa mucho antes de que se produjera la compra, la que se concretó en 1976. El documento indica que la policía civil había “tomado posesión material, el 27 de marzo de 1974, habiéndose habilitado en ella un Internado Femenino que alberga a las alumnas de la Escuela Técnica de ese Servicio (la Policía de Investigaciones)” (vea ese documento).

La adquisición no se materializaría sino hasta marzo de 1976, cuando dos de los principales dirigentes de la Misión de la Luz Divina ya se habían ido de Chile luego de haber sido detenidos y liberados. Mónica Izak vivía en la casa antes del golpe de Estado. Ella cuenta a CIPER que con su dinero se compró el inmueble, pero que quien compareció en la escritura fue Francisco Arce, fallecido en 1992. Arce, según el testimonio de Izak, se fue del país luego de pasar por Tejas Verdes, donde fue torturado.

–Un día alguien toca el timbre y es Francisco, pero hecho mierda. Lo llevaron unos soldados y lo botaron ahí en la casa. Se demoraron todo ese tiempo en ver que realmente había vivido en Canadá, y tenía pasaporte canadiense–, relata Mónica Izak.

La historia de la compraventa de la casa ubicada en Obispo Orrego 241 la contó en su momento, y de manera breve, el astrólogo Pedro Engel, quien formaba parte del grupo de meditación. Lo hizo en el canal La Red, en una entrevista con la ahora embajadora en México, Beatriz Sánchez. Engel dijo que su cuñada (Mónica Izak) había donado dinero para comprar este sitio que usaban como ashram (lugar de meditación), hasta que Fuerzas Armadas y policías los empezaron a perseguir e incluso los detuvieron. “Lo pasamos bastante mal, pero al final lo que quisieron era esa casa”, aseguró Engel.

Mónica Izak relata a CIPER que en Obispo Orrego “nos juntábamos a meditar, y seguíamos a una persona de la India, que andaba por todo el mundo enseñando a meditar”.

–Teníamos charlas de meditación todos los días. Algunos vivíamos ahí, otra gente venía en las tardes. Yo vivía ahí. Francisco Arce también. Éramos unas cinco o seis personas las que vivíamos –dice.

La casa la adquirieron el 8 de agosto de 1973. Quien compareció en nombre de la Misión de la Luz Divina fue Francisco Arce Araya. Un mes después vino el Golpe de Estado. Y luego la persecución en contra de la agrupación, la que quedó registrada en la prensa. Un artículo de Las Últimas Noticias, del 22 de marzo de 1974, informó que la Policía de Investigaciones había concurrido a la casa y detenido a diversas personas. “Las autoridades, considerando que la concurrencia de los fanáticos en la ‘Misión de la luz divina’ era un síntoma de desquiciamiento social y de claro escapismo a la realidad que vive el país, determinaron terminar con la secta”, se indicó en el artículo.

Notas de La Tercera, de marzo de 1974, señalaron que sobre la Misión de la Luz Divina pesaban denuncias de “atentados sexuales, robos, abandono de trabajo, de estudio y agresiones a personas de edad”, todas descartadas por las fuentes ligadas a esta agrupación que hablaron con CIPER. Uno de los artículos finalizaba identificando a “Francisco Arce director también de la secta, quien ha manifestado que su deseo es vender esa mansión y abandonar el país”.

Recorte de prensa de Las Últimas Noticias. Fecha: 22 de marzo de 1974.

Pero cercanos a Francisco Arce explican que él nunca quiso vender. Mónica Izak cuenta que un tiempo antes de dejar el lugar, “vinieron a buscar a Francisco. Solo a él (…). Se lo llevaron a un edificio. Todo este rato con los ojos vendados. Era un edificio en alguna parte donde lo tuvieron amarrado tres días, vendado en una silla, y él escuchaba gritos y palos. No le dieron nada de comer en tres días”.

Luego, llevaron a Arce en un vehículo hasta Tejas Verdes, cuenta Mónica Izak, quien dice que esa versión se la dio el propio detenido: “Él insistía en que vivía en Canadá, pero no les importaba (…). Me dijo que no los dejaban ir al baño en Tejas Verdes, les pegaban, los torturaban, cuando lo interrogaron le pusieron corriente y esas cuestiones (…). Él estuvo en Tejas Verdes 30 días”.

Izak y Arce se fueron de Chile a fines de marzo de 1974. Antes de partir, Arce firmó un poder en favor de Felipe Oro Pérez, entonces un joven abogado de la Misión de la Luz Divina, para vender el inmueble a la Dirección General de Investigaciones. CIPER revisó ese documento, en el que Arce dice que está de acuerdo con que la institución policial ya estuviera usando la casa de Obispo Orrego desde el 27 de marzo de 1974. Según Izak, Arce firmó “porque no quería que lo detuvieran de nuevo (…). Yo le decía ‘dales la casa, para que nos podamos ir’”.

Finalmente, la compraventa se concretó el 3 de marzo de 1976. Según el archivo notarial, comparecieron Ernesto Baeza Michaelsen –director general de Investigaciones– y Felipe Oro Pérez, a nombre de Francisco Arce Araya. 

Oro señaló a CIPER que el pago por el inmueble le llegó cerca de 1984, o algo así. No tiene muy claro el año, pero sí recuerda que cambió el dinero por US$6 mil. Respecto de si cree que esta operación fue forzada, el abogado señala: “Sí, de todas maneras. El precio que se pagó creo que no correspondía. Pero no había nada que hacer. Nadie quiso vender la casa. Llegaron los milicos, nos echaron a todos, nos metieron presos, yo lo estuve dos o tres días, fue uno de los momentos de neurosis de mi juventud”.

1980: "LUGAR DE ENCIERRO Y TORTURA"

Unos años después de la venta, en 1980, y según la investigación del ministro Mario Carroza, hasta Obispo Orrego 241 fueron trasladados los estudiantes de Periodismo de la Universidad Católica, Eduardo Jara Aravena y Cecilia Alzamora Vejares, luego de ser secuestrados unos días antes en la esquina de Eliodoro Yáñez con Los Leones, en Providencia.

Todo esto ocurrió en el marco de la investigación del asesinato del teniente coronel Roger Vergara Campos, sucedido a mediados de julio de 1980. Un grupo de policías de Investigaciones resolvió  “iniciar por cuenta propia acciones operativas reñidas con los procedimientos institucionales y al margen de la legalidad, más violentas y vulneradoras de Derechos Fundamentales, con el solo propósito de dar rápidamente con el paradero de los autores del crimen del Teniente Coronel Roger Vergara”, señala el fallo del ministro Carroza.

A Jara y Alzamora los llevaron primero al cuartel general de Investigaciones, en General Mackenna. “En ese lugar, este grupo de funcionarios del equipo operativo designado en la investigación principal, procedieron a interrogarles mediante la aplicación de tormentos y solamente lo anterior concluye cuando se informa que un Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago concurriría al Edificio institucional de Investigaciones, situación que les lleva a modificar el lugar de encierro y tortura, trasladándolos a una casa ubicada en calle Obispo Orrego N°241 de Ñuñoa”, dice Carroza.

En Obispo Orrego, según el fallo –que está a la espera de su ratificación en la Corte Suprema–, continuaron “los interrogatorios con apremios físicos y psicológicos, para consultarles acerca de sus actividades políticas, en especial a Eduardo Jara”.

Jara y Alzamora fueron liberados en la madrugada del 2 de agosto de 1980. Los abandonaron en un sitio en La Reina, luego de 11 días de cautiverio. La declaración de Cecilia Alzamora está adjunta en el fallo del juez Carroza. En esta señaló que, al sacarse la venda de los ojos, se dio cuenta de que su compañero estaba en pésimas condiciones. Eduardo Jara murió en la Posta N°4 de Ñuñoa ese mismo día.

Cecilia Alzamora cree que no hay evidencia suficiente de que junto a Jara estuvieron detenidos en la casa de Obispo Orrego 241. De hecho, luego de la publicación de la versión original de este artículo, envió una carta a CIPER en la que indica no existen pruebas suficientes de que los hayan llevado a dicho inmueble. Dice que, a su juicio, la conclusión del ministro Carroza “ha llevado a más confusión que certezas”, ya que, según su parecer, sí existen antecedentes para afirmar que pasaron “por la Octava Comisaría Judicial de José Pedro Alessandri 1800, comuna de Ñuñoa” (ver carta de Cecilia Alzamora a CIPER).

CIPER se comunicó con la PDI para consultar sobre las razones para dar un destino recreacional y de hospedaje a un sitio que carga con un fallo que lo apunta como recinto de torturas y que fue ocupado de hecho, contra la voluntad de sus propietarios, quienes también fueron víctimas de la dictadura. A pesar de que inicialmente, en respuesta a un requerimiento hecho por Transparencia, la PDI catalogó la casa como “centro vacacional”, desde su departamento de comunicaciones matizaron su uso: “Corresponde a una casa de acogida que es administrada por la Jefatura de Bienestar de nuestra institución, utilizada por el personal que concurre desde regiones a Santiago para realizar tratamientos médicos”.

En el sitio web Guiature.cl, plataforma de lugares recreativos del Ejército, Armada, Carabineros, Fuerza Aérea y PDI, se describe el inmueble de Ñuñoa como una “Casa de Huéspedes”, donde hay que hacer reservas y se ofrecen servicios adicionales: “El inmueble aloja a los oficiales que se encuentran de paso por la ciudad de Santiago, ofreciendo a sus huéspedes desayuno en un espacio confortable, seguro y acogedor”. En los registros de Mercado Público hay licitaciones hechas por la jefatura de Bienestar de la PDI donde también se han referido a la propiedad como “Casa de Huéspedes”.

Antes de su muerte, Francisco Arce le dejó un poder a la hermana de Mónica Izak, Nancy, respecto de cualquier derecho sobre la casa. Ella intentó recuperarla en 2004 mediante una demanda civil. “Lamentablemente, fue rechazado y de ahí no he vuelto a hacer nada. Pero, la idea es recibir una indemnización, porque esta casa fue adquirida de mala manera”, dice a CIPER.

LOS MAITENES

Pedro Hugo Arellano Carvajal, empresario radial y exiliado durante la dictadura, dice que el Centro Recreativo Los Maitenes, perteneciente a la Armada, es el antiguo Sanatorio Naval de Limache, donde fueron torturados presos políticos durante la dictadura, según diversas sentencias ya ratificadas por la Corte Suprema.

En la investigación por la desaparición de Jaime Aldoney Vargas, interventor de la Compañía Cervecerías Unidas de Limache durante el gobierno de la Unidad Popular, el ministro en visita Julio Miranda Lillo mencionó en su fallo de noviembre de 2007 al “Sanatorio Naval ‘Los Maitenes’” como un lugar donde víctimas de violaciones de derechos humanos afirman haber sido detenidos y torturados.

Arellano cuenta que fue detenido el 11 de septiembre de 1973 y que las Fuerzas Armadas derribaron la antena de la radio que, para entonces, pertenecía a su padre. Lo soltaron, pero lo detuvieron a la jornada siguiente, cuando se acercó a firmar en una tenencia de Limache. Enseguida, dice, fue enviado al Sanatorio Naval que quedaba camino a Olmué:

–Fui recibido por uno de los más bestiales tenientes de la Armada, el famoso (Pedro Pablo) Arancibia Solar. Apenas llegué me dieron pateaduras, hacían el famoso corredor de la muerte, que se ponían marinos de los dos lados, y lo hacían pasar a uno por el medio y te daban patadas, puñetes, lo que cayera (…). Nos llevaban a la oficina del impresentable Arancibia Solar, nos metían corriente, jugaban a la ruleta rusa con un revólver. Cuando nos torturaban en las noches, nos sacaban afuera y nos amontonaban a todos los que estuvimos ahí dentro –dice Arellano en entrevista con CIPER.

Centro Recreativo «Los Maitenes» de la Armada (Fuente: Guía Turística Recreacional)

Testimonios como el de Hugo Arellano sirven como elementos de prueba en juicios que se siguen llevando a cabo en Valparaíso o que ya concluyeron. Un caso de estos fue el proceso por el homicidio de Óscar Armando Farías Urzúa, militante del Partido Socialista y quien fuera hasta antes del golpe el interventor de una industria conservera del sector.

El ministro en visita Miranda Lillo, mediante un fallo del 15 de diciembre de 2009 –confirmado por la Corte Suprema–, expuso distintos testimonios que acreditan las torturas en el Sanatorio Naval. Entre estos relatos, se encuentra el de un exfuncionario de la Armada, el que, según el fallo, “expresa que en el Sanatorio Naval se interrogaba con apremios físicos a los detenidos en una pieza que era ocupada como el Pañol de Farmacia e inflamables”. En el caso de Farías, al menos cuatro testimonios hablaron de torturas al interior del Sanatorio Naval.

CIPER se contactó el jueves 16 de febrero de 2023 con la Armada para confirmar el destino del sanatorio, pero no hubo respuesta hasta el cierre de este reportaje.

LAS MELOSAS

Camilo Salvo, diputado por la Unidad Popular hasta el Golpe de Estado de 1973, estuvo detenido en varios lugares –incluyendo Isla Dawson– antes de llegar a una helada pieza del recinto Las Melosas, en San José de Maipo, entre mayo y junio de 1974. Dice a CIPER que el frío era para “condenarse”, y que estaban allí “sujetos a la disposición del jefe del campo que se le ocurría que de repente teníamos que hacer gimnasia, y teníamos hacer gimnasia, o que de repente teníamos que repetir canciones”. Un día, le tocó vivir un episodio con distintos carabineros que le pareció “irreal”:

–Me dicen que me desnude. Yo pensé que me iban a hacer un examen médico, hasta que me llevan a una sala y en esa sala fui interrogado por tres altos mandos. No te podría decir quiénes.

Leopoldo Cáceres, uno de los hijos del exalcalde de San José de Maipo, Víctor Cáceres Riquelme (PS), cuenta que su padre, fallecido en 2018, le habló de lo ocurrido en Las Melosas: “Yo le escuché a mi papá hablar de Las Melosas y que había sido maltratado, que había sido torturado”, dice, sobre hechos ocurrido cuando él tenía solo un año.

Cáceres Riquelme era alcalde de San José de Maipo cuando fue detenido por fuerzas militares.  Estuvo cerca de tres años recluido en distintos recintos donde se torturó a personas, hasta que fue exiliado y viajó a México. A su regreso, en 1992, fue elegido nuevamente alcalde de esa comuna y en 2008 enfrentó un juicio, en el que fue absuelto, acusado de abusos sexuales.

Según registra el Centro Cultural de Derechos Humanos Salvador Allende, en su “Investigación de Derechos Humanos Provincia Cordillera”, Cáceres relató lo siguiente: “El jueves 13 de septiembre, fui enviado al regimiento de Puente Alto, y estuve detenido, torturado con electricidad y golpizas varios días. Pese a que estaba vendado en los ojos, reconocí al subteniente Varela como uno de los torturadores. Me hicieron simulacro de fusilamiento. Me daban comida con aceite de motor. Además, me llevaban a la Casa de Piedra en Lagunillas y a Las Melosas sector minero, para maltratarme”.

Refugio de Montaña «Las Melosas», ubicada en San José de Maipo (Fuente: Guía Turística Recreacional)

En Guiature.cl, el refugio de montaña Las Melosas, de Carabineros, es descrito de la siguiente manera: “Es un paradisíaco lugar que se encuentra ubicado en medio de la precordillera de la zona central, en la localidad de San José de Maipo, a 86 km. del centro de Santiago. Está abierto todos los días del año, ofreciendo a sus visitantes, previa reserva, servicios gastronómicos, de hotelería y de spa”.

Leopoldo Cáceres sabe que en el lugar donde fue torturado su padre hoy opera un lugar vacacional de Carabineros. Además, una declaración de un carabinero, en el contexto de la desaparición de ciudadanos uruguayos durante la dictadura, señaló que entonces el refugio Las Melosas estaba a cargo de la Dirección de Bienestar de la policía uniformada, la misma que lo administra hoy.

CIPER preguntó a Carabineros si el centro aludido como lugar de tortura es el sitio donde está emplazado el refugio de montaña. No respondieron esa consulta y solo indicaron que “la institución posee en la actualidad un refugio de montaña para oficiales, suboficiales mayores y personal civil, llamado Las Melosas y que depende de la Dirección de Bienestar de Carabineros, la que posee su administración y tutela. Este es un lugar de recreación y descanso”. 

Por último, desde la institución señalaron que no se referirán “a procesos que se mantengan judicializados, ello en virtud de la persecución judicial penal, civil, militar, y o administrativa que procedan en las respectivas investigaciones”.

(*) Colaboraron en esta investigación las estudiantes de la Escuela de Periodismo de la UDP, María Ignacia Ampuero y Juliette Hardy. Ellas hicieron una base de datos con antecedentes de los orígenes de los centros recreacionales de las Fuerzas Armadas y policías.

(**) Este artículo fue actualizado el 13 de septiembre de 2023, luego de que Cecilia Alzamora envió una carta a CIPER en donde señala que, a su juicio, no hay pruebas suficientes de que, junto a Eduardo Jara, hayan estado detenidos en Obispo Orrego 241, Ñuñoa.