La oportunidad que abre la crisis de las isapres

Sabemos del colapso del sistema de salud pública en Chile, y hoy se nos advierte de una eventual caída también del privado. Más allá de las versiones e intereses en juego, «llegó el momento de la transformación por el derecho a la salud», invita el autor de esta columna para CIPER, médico y profesor universitario.

Vemos activadas las alarmas en el sector privado de aseguramiento de la salud, ese engendro chilensis creado en dictadura que administra el 7% de cotización obligatoria de sus usuarios para luego ofrecer un servicio discriminado por ingreso económico, estado de salud y edad. Las vocerías públicas de parte de las isapres han conseguido instalar en estos días hasta en las más altas instancias la idea de que el sistema se encuentra en riesgo de quiebra. Incluso la autoridad ha debido salir al paso de las múltiples versiones al respecto.

Para algunos, estamos ante la amenaza de una crisis sanitaria de proporciones —en realidad, y considerando la realidad de la salud en Chile, debería precisarse con la expresión «de aún mayores proporciones»—; un escenario de caos futuro en el que los actuales afiliados a isapres podrían pasar a ser Fonasa D, y por lo tanto hacer frente a las mismas dificultades que hoy mantienen la mayoría de los chilenos dependientes de la salud pública (además, con niveles de copago mucho más elevados de lo que acostumbraban, y a los que sí estamos adaptados los beneficiarios de Fonasa en la modalidad de libre elección). Algo así como el temido «nivelar para abajo», que estaría siendo provocado por la codicia de una industria que nunca quiso hacerse cargo del derecho a la salud de su población. Podríamos llamar a este entuerto «crónica de una desaparición anunciada desde 1990».   

Al respecto, son dos las opciones de solución que están sobre la mesa hasta el momento:

La primera es «rescatar» a las isapres a través de una modificación de sus indicadores de estabilidad financiera y/o ignorando el fallo de la Corte Suprema que obliga a la aplicación de la tabla de factores dictada por la Superintendencia de Salud (diciembre de 2019), la cual eliminó la discriminación por sexo, pero mantuvo aquella por edad), junto con ordenar la restitución a los usuarios de los cobros en exceso una vez que se implemente dicha adecuación.

La segunda solución es rescatar a los beneficiarios de estos seguros privados con fines de lucro, generando una situación de excepción en que sean considerados Fonasa, para que el Estado garantice que no cambiará su contrato ni las coberturas pactadas.

En ambos casos, es el Estado —vale decir, todos los chilenos— el que «rescata».

El rescate de las isapres implica que la Superintendencia de Salud (SIS) implemente soluciones que las viabilicen en el corto plazo y, de común acuerdo con el tribunal, precisen un período de prescripción de la devolución de los pagos en exceso, se fijen plazos para ejecutar las devoluciones y aplicar la tabla de riesgos definida en 2019, y además contemple en los ajustes de precios futuros el impacto de estos cambios [SÁNCHEZ 2022].

En columna publicada previamente en este medio [ver «Isapres: una bola de nieve financiera», en CIPER-Opinión 07.12.2022], David Debrott plantea que es necesario que el foco esté puesto en el rescate de los personas, para lo cual propone que la SIS tenga la facultad de transferir los contratos individuales y las cotizaciones totales (obligatorias y voluntarias vigentes) a Fonasa, tal como se puede hacer entre isapres. Esto permitiría una migración ordenada y sin cambios en las coberturas para las personas (constituyéndose el «Grupo E»). Todo esto con carácter «transitorio», hasta que se haga la reforma «de fondo» del sistema.

Es momento de recordar la gran cantidad de tiempo transcurrido entre el dictamen del TC que declaró inconstitucionales las tablas de riesgo utilizadas por las aseguradoras (2010) y el cambio a través de resolución de la SIS de dichas tablas (2019), elementos que son causa y consecuencia de la forma en que el Estado ha regulado esta industria. Se debe recordar también la falta crónica de acuerdo político para legislar en estas materias, cuya fuente principal de discrepancia es de carácter ideológico: salud como derecho v/s salud como bien de consumo.

Otro elemento que traer a colación en este debate es que en 2014 la Comisión Asesora Presidencial para la Reforma del Sistema Privado de Salud tomó como primer acuerdo mayoritario (16 de 18 comisionados) que no se podía acometer la tarea de reformar un solo sector, y que necesariamente la propuesta debía ser integral, culminando ese trabajo con una propuesta de mayoría (10 de 16 comisionados) de creación del Seguro Único de Salud con una transición para completar la reforma de diez años.

Desde mi punto de vista, lo fundamental en debate no es si Fonasa tendría la capacidad administrativa de absorber a los beneficiarios de las isapres y sus contratos, sino cuál es el rol que debe cumplir el Estado frente a la protección del derecho a la salud. La solución propuesta hasta ahora es como admitir que el Estado (a través de Fonasa) no resguarda el derecho a la salud, y por eso es que hay que inventar un nuevo grupo «E» para quienes hoy tienen tal derecho asegurado (actuales afiliados a isapres), pero que lo perderían si es que la industria quiebra.

De plano, tal planteamiento resulta impresentable.

El traspaso de contratos es, considero, inconstitucional, ya que genera un grupo con condiciones desiguales ante la Ley (diferentes coberturas de protección financiera y posibilidad de cotizar voluntariamente), profundizando así la inequidad en salud que padece nuestra sociedad.

Que el sistema público está colapsado es evidente hace décadas, pero eso es solo para una parte de la población. De quebrar las isapres, tal colapso se extendería a casi toda la población chilena (la excepción serían los beneficiarios del sistema de FF.AA. y de Orden). Existen reglas del juego y deben ser respetadas. Si efectivamente estamos ante la amenaza de una crisis, esta se debe manejar como no se ha hecho en cuarenta años, con medidas de fondo, y no sólo de forma.

Hoy es el momento de dar suma urgencia a una reforma profunda: la mancomunación de todos los aportes de lo/as trabajadore/as en un «Fondo Universal de Salud» de primer piso, tal como se plantea en el programa de gobierno del entonces candidato Gabriel Boric, y el establecimiento de las isapres como seguros complementarios de segundo piso. Además, se debe definir un plazo de instalación del nuevo sistema en régimen (cinco a diez años), pero sin soluciones tipo parche que sólo aumente la inequidad que caracteriza a la salud en Chile. La crisis que hoy enfrentamos puede al fin llevarnos a hacer la transformación de largo plazo que garantice el Derecho a la Salud, bajo los principios de justicia social, solidaridad y equidad colectiva que nos merecemos como nación.