Más cesáreas que nunca en Chile

No hay razón que justifique que más de la mitad de los partos en Chile sean cesáreas. Con cifras recientes a su disposición, dos especialistas en el área detallan en esta columna para CIPER estadísticas que cuadruplican las recomendaciones al respecto de la OMS, y que además cargan de un alto costo financiero tanto a usuarios privados como a Fonasa: «Hacemos un llamado a la autoridad sanitaria a implementar estrategias para revertir esta situación […]. La contención de la tasa de cesáreas de un país es un indicador de calidad en salud materna».

Se cumplen siete años desde nuestra publicación de una serie de cinco columnas en CIPER que abordaban lo que parecía una epidemia de cesáreas en nuestro país [ver serie en CIPER-Opinión, marzo a julio de 2015]. Seis años han pasado desde que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) incluyera en su informe de 2016 las tasas de cesáreas por región según sistema de salud (público y privado), reforzando las alarmas que ya habíamos encendido al respecto: así nos enterábamos de que la tasa nacional de cesáreas de 2015 había sido del 50% del total de partos ese año; con un 41% en el sector público y un 69% en el privado.

Tras esto, siguió un sospechoso mutismo en torno al tema; tanto así, que las cifras de cesáreas del sistema privado se convirtieron en un secreto difícil de conocer. Nos tomó cuatro solicitudes de información vía Ley de Transparencia y una visita al Senado poder disponer de los datos que alimentan esta columna. Son impactantes. Los adjetivos resultan insuficientes, pues las cifras recibidas son peores que lo que pudo haber previsto hasta el pronóstico más pesimista.

Para dar contexto a las cifras es importante mencionar que la Organización Mundial de la Salud recomienda que los países no superen un 10 a 15% de cesáreas del total de partos que se atienden cada año. Pues bien, la realidad chilena en 2021 cuadruplica esta recomendación. En el país, en 2021 alcanzamos una tasa promedio de 59% de cesáreas: 49% en el sistema público, y 73% en el privado [FUENTE: Ovo-Chile]. En el mismo año, de los 150 establecimientos que reportaron más de 10 egresos hospitalarios por nacimiento, sólo 18 tenían menos de un 30% de cesáreas, y 86 instituciones mostraban más de un 50%. No hay razones sanitarias para justificar dichas cifras.

•Por el lado del sistema privado, apenas tres clínicas (un 5% del total) —todas ellas, ubicadas en la Región Metropolitana— tienen estadísticas de menos de un 50% de cesáreas en 2021. La verdad es que ninguna de las dieciséis regiones del país tiene una tasa de cesáreas que sea inferior al 60%. Leyó bien: ninguna.

Doce de las dieciséis regiones del país superan el 80% de cesáreas. Y las regiones del Maule y de Ñuble incluso superan el 90%.

•En el sistema público, en tanto, un 30% de los hospitales chilenos tuvo más de un 50% de cesáreas en 2021, siendo dos hospitales de regiones aquellos con la tasa más alta, de un 87%. Nueve de las dieciséis regiones del país muestran más de un 50% de cesáreas para el total de partos atendidos; y es la Región de Tarapacá la que alcanza el porcentaje más alto, con un 70%.

***

Suponíamos que la situación de cesáreas injustificadas en regiones sería mala, pero no que llegaría a los ribetes de escándalo que aquí compartimos, sobre todo considerando que muchas, sino la mayoría, recibe financiamiento público para sus hospitales por medio de la modalidad PAD.

Mediante la modalidad PAD (Pago Asociado a Diagnóstico), las mujeres afiliadas a Fonasa (con excepción de aquellas del tramo A) que presenten embarazos de bajo riesgo y más de 37 semanas de gestación pueden optar al copago de un bono para trasladar la atención del parto al sector privado. Se trata de mujeres saludables con embarazos de término, y sin embargo esta modalidad presenta tasas de cesárea incluso más altas que las de aquellas mujeres aseguradas en isapres. En 2017, un 72% de los partos en modalidad PAD fueron cesáreas. El 75% del costo de este bono lo financia Fonasa, constituyendo un traspaso exorbitante de recursos del sector público al privado. En 2017, Fonasa financió 56 mil nacimientos a través del PAD, lo que significó un gasto de aproximadamente $60 mil millones de pesos, lo que representó el 51% del total de gastos de todo el sistema PAD (que incluye 55 condiciones de salud) en ese año.

Es por todo lo anterior que no exageramos al decir que nos cuesta encontrar los adjetivos que describan la situación actual del nacimiento en Chile. Hace más de una década venimos alertando que las cesáreas aumentan sin justificación año a año, llegando hoy casi a un 60% del total de nacimiento del país. Hemos alertado sobre la necesidad de revisar el bono PAD-parto, pues se trata de una modalidad que no sólo contribuye al aumento sostenido de cesáreas sino que además desvía valiosos recursos para otras necesidades de la salud pública.

Hacemos un llamado a la autoridad sanitaria a implementar estrategias para revertir esta situación; estrategias que vayan más allá de recomendaciones —que no han resultado efectivas— para incluir sanciones del tipo «pérdida de convenios con Fonasa» (como ocurre con las instituciones que no acreditan, y que no pueden ser prestadores GES). Para que esto sea posible, es fundamental contar con información transparente y actualizada, y que tanto las instituciones públicas como privadas reporten continuamente sus indicadores de atención.

La contención de la tasa de cesáreas de un país es un indicador de calidad en salud materna. Esto, porque las cesáreas tienen tres veces más riesgo de mortalidad y/o enfermedad materna grave que los partos vaginales normales. Muy fresco está el recuerdo de lo ocurrido hace unos meses con la diputada Camila Flores. Relativizar el riesgo de la cesárea es dañino para la salud de las mujeres del país y condiciona también la salud futura de las nuevas generaciones, aumentando la prevalencia de algunas enfermedades asociadas al sistema inmune. También eleva los costos económicos, ya que por cada punto porcentual de cesáreas en el país, hace casi una década se calculó un aumento del costo cercano a los US$9 millones.

Hoy estamos cuadriplicando la tasa recomendada de la OMS, a costa de la salud futura de las mujeres y sus hijos e hijas. Si estas cifras no son materia de debate urgente, ¿Qué tiene que pasar para movilizarnos?