¿Es legítimo priorizar a niños y niñas chilenas en la asignación de matrículas escolares, tal como plantea una iniciativa de ley presentada por senadores de derecha?
El pasado 2 de noviembre se conoció en el boletín del Senado 15.439-06 una iniciativa de ley presentada por la senadora Ebensperger y los senadores Coloma, Duran, Sandoval y Sanhueza que propone abordar la actual presión en el sistema de educación pública en el país, señalando como una causa de esta el aumento de la migración experimentado por Chile en los últimos años. En concreto, se propone agregar al art. 16 de la ley 21.325 lo siguiente:
… clarificar el concepto de igualdad de condiciones, en cuanto a que no puede significar un mejor trato para extranjeros respecto a chilenos en la misma situación. En ese sentido, sí hay servicios (jardines infantiles, consultas médicas) que se encuentren colapsados por exceso de demanda, habiendo solicitantes chilenos no podrá preferirse a los extranjeros.
Aunque esta iniciativa de ley conlleva varias implicancias para el acceso a distintos derechos, en esta columna queremos concentrarnos en el concepto de «igualdad de condiciones», y la propuesta de priorizar a niños y niñas chilenas en la asignación de matrículas escolares.
Actualmente, el enfoque de protección de parte del Estado se basa en los análisis de vulnerabilidad indicados en el Registro Social de Hogares. Este enfoque nace de los avances que se han realizado en materia de protección a la infancia, ya que garantizar la escolaridad es una forma de proteger y brindar herramientas a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Es importante recordar, también, que nuestra legislación reconoce la educación como un derecho humano universal, sin discriminaciones de ningún tipo e incluyendo a niños y niñas extranjero/as, lo que se explicita en la ley 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez. En la historia reciente, los procesos de iniciativa ciudadana para mejorar el sistema educativo en Chile tienen ya casi dos décadas, desde la «revolución pingüina» (2006) a las movilizaciones estudiantiles de 2011. Así también se han dado importantes avances en el fortalecimiento de la educación pública, como el Estatuto Docente y reformas al sistema de financiamiento de la educación escolar. Para contextualizar, las demandas por acceso, cobertura y calidad se dieron en un momento en que la población extranjera viviendo en Chile durante 2010 era del 1.8% según cifras del SERMIG. Fueron tres las regiones con mayor porcentaje de matrícula escolar migrante durante 2021: Arica y Parinacota (10.26%), Tarapacá (13.6%) y Antofagasta (13%). Estos porcentajes han estado en expansión, aumentando durante el período 2018-2022 en tres puntos porcentuales. Ahora bien, si observamos el crecimiento de las matrículas totales —dentro de las cuales se insertan los porcentajes de la matrícula migrante—, en el mismo período el crecimiento más alto lo registra Tarapacá, con un 12,16% de crecimiento para los establecimientos públicos y un 4,03% en los particulares subvencionados, mientras que Arica registra un crecimiento de 0,61% y 3,57%. Por el contrario, en Antofagasta se registró un descenso de 0,33% en la matrícula en establecimientos públicos y un aumento de 4,77% en particulares subvencionados. Sin embargo, es preocupante observar que hoy se constata una disminución de los colegios que reciben financiamiento fiscal en las mismas regiones. De acuerdo a datos extraídos de MINEDUC, sumando los establecimientos de educación municipal, particular subvencionado, Servicio Local de Educación y Corporaciones de Administración Delegada, se registra una pérdida de 28 instituciones en el período 2016-2022: seis en Arica y Parinacota, diecinueve en Tarapacá y tres en Antofagasta, lo que disminuye la capacidad de brindar educación en un periodo de crecimiento de las matrículas. Esto contrasta con un aumento de los recursos asignados en concepto de escolaridad (de 9.18% en la Media y un 5.94% en las tres regiones indicadas) [1].
La respuesta a tan complejas problemáticas no se encuentra en priorizar a un grupo de niños por sobre otros, sino que en reconocer la responsabilidad del Estado en generar políticas públicas acordes a los nuevos contextos, permitiéndonos responder de forma adecuada a todo niño/niña y adolescente con prescindencia de su lugar de nacimiento.
También es fundamental elevar la mirada y reconocer que la presión en los sistemas educativos es un problema estructural. De acuerdo a datos del MINEDUC, durante 2021 se registraron 186 mil menores y jóvenes (de entre 5 y 21 años) que abandonaron el sistema escolar. Además, hay otros 39.498 niños y niñas que no se matricularon en ningún establecimiento. En esta línea, las propuestas que pretendan excluir a la infancia migrante del sistema educativo chileno sólo agravan estos altos índices de abandono educacional, y además resultan una discriminación inaceptable que contradice nuestras propias leyes (como la Ley de Inclusión Escolar aprobada en 2015, así como nuestra Constitución y compromisos internacionales ya suscritos).
El Estado chileno suscribió en 1971 la Carta Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 26 señala que «toda persona tiene derecho a la educació». Diecinueve años más tarde, Chile ratificó la Convención de los Derechos del Niño, que establece que «los países deben asegurar que todos los niños y niñas se beneficien de una serie de medidas especiales de protección y asistencia; tengan acceso a educación y a salud; puedan desarrollar plenamente su personalidad, habilidades y talentos; crezcan en un ambiente de felicidad, amor y comprensión».
Un paso acertado para gobernar con enfoque de derechos humanos y dar respuestas a la presión del sistema escolar, va en la línea de aumentar los cupos disponibles en escuelas y liceos, invirtiendo en infraestructura, habilitando nuevas aulas o instalando salas modulares en establecimientos existentes, el arriendo de otros inmuebles en desuso y reabrir escuelas que han sido cerradas. Considerando que actualmente en Chile las personas migrantes representan casi el 8% de la población total del país, en vez de de propuestas políticas que tiendan a inferiorizar, racializar y deshumanizar, se debería avanzar hacia reformas en políticas educativas para favorecer la educación intercultural, alternativa que favorece dinámicas inclusivas en todos los procesos de socialización, aprendizaje y convivencia dentro del entorno escolar [ver «No sobran niños migrantes, faltan voluntades políticas», en CIPER-Opinión 14.11.2022].
En una sociedad fragmentada como el Chile de hoy, resulta clave promover la convivencia respetuosa entre personas y comunidades que reconocen sus diferencias en diálogos sin prejuicios ni exclusiones, de tal manera que podamos proteger a todos los niños, niñas y adolescentes que habitan en nuestro país. Proyectar el futuro pensando en la niñez que va creciendo, conlleva generar en las escuelas espacios inclusivos y seguros para todas y todos, incluyendo la niñez migrante apostando por construir una sociedad más cohesionada.
De nada sirve, porque nada resuelve, insistir en el uso político de la migración como chivo expiatorio para distraer a la población de los problemas de fondo de la grave crisis del sistema escolar chileno.
REFERENCIAS:
[1] Cálculo realizado a partir de información del MINEDUC, variación calculada a partir de los recursos adjudicados por asistencia de alumnos total, ajustados al IPC octubre 2022.
COMPARTIR
CONTENIDO DESTACADO
Caso Convenios en La Araucanía: director de Fundación Local reconoció a la fiscalía que la ONG fue creada por estrecho asesor del gobernador Rivas
Este articulo de opinion no considera como la mayoria de los que escriben los academicos desde sus atalayas de conocimiento la dura realidad, esa que dice que si tienes la mala suerte de que cerca de ti viva una familia de extranjeros tu tranquilidad se acaba producto de la musica a todo volumen, los gritos y el alcohol que corre dia y noche, si andas en locomocion colectiva debes soportar que los extranjeros NO paguen el pasaje nunca y ademas suban con coches y paquetes incomodando a todos y si vas al consultorio ten por seguro que a un ngro lo atienden primero (lo he vivido) sin nombrar que a todo lugar que llegan dejan la montaña de basura principalmente botellas, ejemplo en la vega ahi en mapocho trabajaban cuidando autos 5 o 6 viejos curaditos... Hoy tenemos una mafia de ngros traficando y si no les pagas lo que piden se te van encima en horda, mi hija era el primer promedio del colegio, no solo del curso y gracias a este sistema que nivela para abajo NO quedo en el colegio que ella queria, tenia 2 compañeras de color con promedios de 5 para abajo y adivinen en donde estan estudiando.... Me acuerdo que una vez en tv esa modelo tomka tomicic se escandalizo cuando alguien dijo que los ngros olian mal, la invito a subirse a una micro en Quilicura a las 6 de la tarde. Chile al abismo mientras no solo se pare la inmigracion sino que se devuelvan a sus paises la mayoria de los que ya estan aca.
Doris | 25.11.2022
Es importante señalar que en países desarrollados y con mayor evolución de ley migratoria como Estados Unidos, Canadá y hasta México, dan prioridad en primer lugar al nacional en temas de educación y salud. Tanto es así, que Canadá a denegado permisos de viajar al país, a los mismos norteamericanos que necesitan consumir remedios en forma permanente, por considerar que serán carga del estado. Lo mismo, en educación si no estás regulado o legal, no puedes matricularte en una escuela, ni tener derecho a acceder a un sistema de salud. Debes pagar todo en forma particular y es carísimo si lo haces de esta forma. Esto en Chile no ocurre, porque en forma indiscriminada gastan el erario público en salud dando atención gratuita a extranjeros ilegales, situación que ni si quiera en México, país latino se hace. Para poder matricularte allá debes tener tus documentos legales migratorias tanto en educación como en salud. Todos aducen que no debes ser carga para el Estado sino aportar.
Beatrice Ávalos | 24.11.2022
Muy importante comentario. La educación en Chile es para todos, obligatoria. Por tanto, es responsabilidad del Estado asegurar el cumplimiento de la legislación vigente.
