No sobran niños migrantes, faltan voluntades políticas

El trabajo de campo en escuelas públicas le permite a la autora de esta columna para CIPER identificar que son nudos burocráticos y burdos prejuicios, y no un “colapso” de demanda, lo que hoy limita la integración de menores extranjeros al sistema educacional chileno: «La falta de humanidad en la forma en la que se abordan las noticias relacionadas con personas migrantes en Chile es aún más difícil de entender cuando la conversación gira en torno a niños y niñas.»

La portada del pasado 2 de noviembre de El Mercurio mostraba el siguiente titular: “MATRÍCULAS COLAPSAN EN EL NORTE POR PRESIÓN MIGRATORIA Y SENADORES PLANTEAN DAR PRIORIDAD A CHILENOS”. Siguiendo patrones que ya se han hecho costumbre, la redacción de la noticia abordaba la migración desde el sensacionalismo, la tragedia y con una perspectiva de crisis, reiterando palabras como ‘saturación’, ‘descontrol’ y ‘crisis migratoria’. Se detalla ahí la presentación de un proyecto de ley de parte de senadores UDI que, entre otras modificaciones, propone «clarificar el concepto de igualdad de condiciones, en cuanto a que no puede significar un mejor trato para extranjeros respecto a chilenos en la misma situación […]. Si hay servicios que se encuentran colapsados por exceso de demanda, habiendo solicitantes chilenos, no podrá preferirse a los extranjeros».

Pero lo cierto es que la presencia de estudiantes migrantes en escuelas chilenas podría ser una oportunidad si existiera la voluntad política para tomar ese camino. Esta afirmación no es un deseo aspiracional sin fundamentos, sino uno de los hallazgos de mi investigación doctoral, como paso a detallar brevemente a continuación.

En 2021 realizaba trabajo de campo para entender la experiencia de estudiantes migrantes en un colegio de Estación Central. Identifiqué entonces que, debido a la alta matrícula de estudiantes migrantes, el colegio dejaba de recibir algunos apoyos gubernamentales y recursos como los que asigna la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) porque el 61% de los estudiantes migrantes del colegio no tenían RUN. Estos fondos están destinados a apoyar el proceso educativo de estudiantes en los que hay que invertir recursos extra porque viven situaciones socioeconómicamente adversas. Lo que observé es que precisamente estudiantes que vivían en campamentos, no hablaban español o tenían rezagos educacionales de varios años eran aquellos por los que el colegio dejaba de recibir recursos. Para entender la justificación política de esta barrera estructural entrevisté a personas que ocupaban cargos de alto rango en el Ministerio de Educación [1].

Surgieron dos puntos importantes en relación con este tema:

1) que sí existen recursos disponibles para apoyar el proceso educativo de estudiantes migrantes. La ley SEP otorga recursos extra para estudiantes cuyas familias estén en el 30% inferior de ingreso y el proceso para entrar en este grupo es expedito, pero no el proceso para salir. Es decir, si una familia aumenta su nivel de ingresos, el colegio sigue recibiendo cursos SEP. La persona del Mineduc que entrevisté había calculado que, si se sumaban todos los recursos SEP que estaban siendo destinados por estudiantes que ya no calificaban como receptores de esta política, esos fondos serían suficientes para cubrir a todos los estudiantes sin RUN marginalizados de este beneficio. Si en términos prácticos y simples, lo necesario para atender las necesidades de estudiantes migrantes es una redistribución de recursos, y no una inyección de capital, «¿por qué no se hace?», le pregunté. Su respuesta es el segundo punto relevante de nuestra conversación;

2) no existe voluntad en ningún lugar del espectro político partidista para destrabar el nudo burocrático descrito. Luego de esta conversación y para entender esta falta de voluntad política, entrevisté a personas de alto rango del Servicio Nacional de Migraciones y la respuesta que obtuve fue mucho más directa: «Esta no es una opinión personal mía. La inclusión de migrantes no es… no vende. Lo que vende son las expulsiones». Para ser clara, esta no es una frase sacada de contexto. En otras partes de la entrevista hay afirmaciones similares como: «… generalmente ser duro con los migrantes es lo que es bien visto».

La falta de humanidad en estas declaraciones y en la forma en la que se abordan las noticias relacionadas con personas migrantes en Chile es aún más difícil de entender cuando la conversación gira en torno a niños y niñas. Relegado al final del artículo citado al inicio de esta columna, el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, plantea una alternativa viable y concreta para abordar el alza de matrículas: expandir los cupos de dos o tres niños por curso. El artículo podría haber destacado esta alternativa, pero la decisión editorial fue tomar la arista que genera una sensación de invasión y posiciona a estudiantes migrantes compitiendo con estudiantes chilenos. Mirado desde la vereda de la oportunidad, el aumento de estudiantes en escuelas municipales es precisamente el objetivo perseguido por las últimas reformas educativas que buscaban frenar la abrupta caída de matrícula en la educación pública, la cual pasó de educar a cerca de un 60% de escolares chilenos en 1990, a un 35% en 2020. De hecho, cuando yo hice clases de Lenguaje y Comunicación en un liceo municipal de Recoleta en 2012 y 2013 pasé tardes enteras en micros del recorrido 203 entregando panfletos y conversando con las personas sobre las bondades de mi establecimiento, como quien trata de vender agujas fáciles de enhebrar. El miedo entre nosotros, los docentes, era real: si no lográbamos atraer las matrículas necesarias para llegar a 25 alumnas por curso, no era posible solventar las contrataciones y el despido de docentes era inminente. La paradoja de nuestro sistema educativo es que siempre está en crisis. La misma sensación de angustia e inseguridad que tenía yo como profesora porque no teníamos suficientes alumnas, es la que imponen titulares sensacionalistas que buscan explotar sentimientos de pánico al tergiversar la realidad y hacer ver a nuestras instituciones al borde del colapso.  

NOTAS Y REFERENCIAS: