La negación del abuso sexual femenino y sus consecuencias

Desde el periodismo ético puede combatirse el negacionismo y propender por transformar las estructuras que garantizan la impunidad en torno a las agresiones sexuales a mujeres, comenta la periodista Mónica González: «No solo es un acto de justicia y de reparación con miles de mujeres que han guardado absoluto silencio de un hito en sus vidas que las cambió. Es aportar a eliminar una violencia que busca despedazar la integridad y la columna vertebral en la que se construye la dignidad y el respeto.»

  
«¡Yo sabía!, ¡yo sabía que no debía denunciar nada!». La voz de Alicia sonó dura, cortante, casi como una cuchilla a través del teléfono. Ese día se había enterado de que cuatro diputadas de la derecha chilena —Flor Weisse, Marta Bravo, Natalia Romero y Marlene Pérez; de la Unión Demócrata Independiente (UDI)— refutaron duramente la afirmación hecha por el presidente Gabriel Boric sobre cómo el control policial «sobrepasó los límites» durante el estallido social en Chile, con agresiones y violaciones a los derechos elementales de mujeres, hombres e incluso niños. Y que entre ellos hubo «abusos sexuales». Boric habló el 18 de octubre pasado, en el tercer aniversario del inicio de una rebelión masiva cuyas heridas aún están abiertas en la sociedad chilena. Y muy latentes en la profunda crisis política que vive mi país.

Las cuatro diputadas enviaron un oficio al Ministerio Público y al Poder Judicial pidiendo el registro de condenas por abuso sexual. Y advirtieron que, en su conocimiento, no había sanciones por este delito, por lo cual, sin estar acreditadas las acusaciones, esos abusos no existieron. «Lo que ha hecho el presidente Boric es absolutamente grave, porque da por sentado que hubo casos de abusos sexuales supuestamente cometidos por funcionarios policiales, sin que existan condenas al respecto», dijeron. Y llamaron al primer mandatario a pedir perdón público a Carabineros (policía militarizada) por sus dichos.

Más allá de calificar los dichos y acciones de las cuatro diputadas de la UDI, lo importante es el comportamiento ético que tuvo la mayoría de los profesionales de los medios de prensa, radio y televisión abierta que cubrieron o editaron las notas sobre el llamado de las diputadas. No obstante que al menos cuatro entidades de derechos humanos —nacionales e internacionales— denunciaron a las autoridades de Chile y a la opinión pública los abusos y violaciones a los derechos humanos en que incurrió personal policial durante el estallido social en Chile —entre ellas, los abusos sexuales—, esos periodistas reprodujeron los dichos de las diputadas sin aclaración. Y muchos de ellos son mujeres.

Los hechos. El gobierno de Sebastián Piñera —gobernó desde marzo de 2018 a marzo de 2022— reconoció abusos y violaciones durante el estallido social. Lo hizo el ministro del Interior, Gonzalo Blumel Mac-Iver (28.10. 2019 hasta 28.07. 2020)​, para sustentar la necesidad de «una reforma mucho más profunda» de Carabineros. Y luego la entonces subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, al asumir «con dolor» «graves vulneraciones a los derechos de las personas, incluyendo denuncias de abusos, malos tratos y violencia sexual», constatado por informes internacionales.

Amnistía Internacional es una de las instancias internacionales que denunció la violencia policial durante la revuelta de octubre de 2019, que provocó —entre otros flagelos— más de 400 heridos de trauma ocular severo con pérdida de uno o los dos ojos. Al término de una misión de investigación en Chile, en noviembre de 2019, su informe registró más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios públicos (denuncias a Fiscalía): «Las fuerzas de seguridad bajo el mando del presidente Sebastián Piñera —principalmente Ejército y Carabineros (policía nacional)— están cometiendo ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta. Estos ataques han dejado hasta el momento un saldo de cinco muertos y miles de personas torturadas, maltratadas o gravemente lesionadas». En el informe se lee que «la intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes».

Otra de las entidades internacionales que reportó la violencia policial durante la revuelta de 2019 fue la Oficina del Alto Comisionado Naciones Unidas para Derechos Humanos: recopiló 133 casos de torturas y malos tratos de agentes del Estado, entre ellos 24 casos de violencia sexual contra mujeres, hombres y niños. El Reporte de Human Rights Watch indicó: «Carabineros parecen ser más propensos a obligar a desnudarse a mujeres y niñas que a hombres».

Por último, está el Informe emitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH) el cual se da cuenta de 96 querellas por torturas o tratos crueles con violencia sexual en las que resultaron afectadas 131 víctimas. Ese registro multiplicó por seis las denuncias históricas. Eso, en el contexto de 2. 520 querellas que el organismo presentó por violaciones a derechos humanos en todo el país a fines 2019, con 3.203 víctimas de vulneraciones, maltratos y agresiones sexuales.

La primera respuesta a las cuatro diputadas de la UDI provino del Ministerio Público, que registra 364 por el mismo tipo de abusos. El fiscal nacional (S) Juan Agustín Meléndez informó: «Por violencia sexual en el estallido social estamos manejando más de 300 causas, de las cuales tenemos una con sentencia condenatoria, en Arica, y otra cuyo juicio oral está programado para noviembre en la Región de O’Higgins». Muchos de esos procesos están en pleno desarrollo.

Resulta interesante analizar la única condena —a la fecha— por violencia sexual durante el estallido social en Chile. Ocurrió en Arica y el tribunal condenó a la cabo segundo de Carabineros (sí, es mujer), Francisca Benavides, a 541 días de presidio remitido por el delito de apremios ilegítimos contra dos mujeres detenidas por violar el toque de queda. Las obligó a desnudarse y exhibir las zonas genitales y anal. Y para refrendar el enfoque apegado a normas internacional, cita la sentencia dictada en noviembre de 2018 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó a México por los vejámenes sexuales contra mujeres detenidas durante una protesta social (Caso mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco).

Yanira Zúñiga, profesora del Instituto de Derecho Público de la Universidad Austral de Chile, explica que, al «calificar los hechos como apremios ilegítimos u otros tratos crueles inhumanos y degradantes, el tribunal no le resta gravedad a la conducta ni la desposee de su significado sexual. Muestra que ese significado puede englobar, según los intervinientes y contextos, prácticas de control, degradación y deshumanización. Lo propio habían hecho antes un par de tribunales locales respecto de la violencia sexual durante la dictadura».

¿Cómo se explica entonces esta embestida por reescribir la historia de los abusos y violencia de los agentes del Estado en la revuelta de octubre de 2019? No hay una respuesta explícita. Pero si se rastrean los hechos que concluyen en este último tramo de la negación, se encuentran pistas. La primera es el intento de algunos de reducir todo lo que ocurrió a partir del 18 de octubre de 2019 a un estallido de violencia y destrucción de delincuentes, lumpen, hordas que se tomaron calles destrozando todo lo que encontraron a su paso sin tener motivos para ello.

Independiente de la destrucción, saqueos e incluso incendios de supermercados y otros establecimientos comerciales, que han protagonizado grupos que privilegian la violencia, muchas veces desprovista de discurso político, hay registro abundante de las declaraciones de importantes empresarios, dirigentes gremiales del mismo sector, así como de autoridades de todo ámbito, que asumieron las razones profundas del estallido comprometiéndose a modificar parámetros y actitud frente a la desigualdad.

No es ese el problema ético en este caso preciso. Se puede estar o no de acuerdo con las razones de la protesta, pero lo que no tiene alternativa es si hubo violaciones a los derechos humanos, y especialmente abusos sexuales. Y es allí donde se encuentra la trama de esta negación de lo ocurrido.

Un hito respecto a la violación que afecta a mujeres y que durante siglos ha sido asfixiada y triturada por una máquina de impunidad lo marcó el diputado del Partido Republicano Johannes Kaiser, antes de asumir en el Congreso en marzo de este año. Propuso una condecoración para violadores de mujeres feas; y descalificando a las mujeres que en gran cantidad salieron a protestar durante el estallido social, dijo: «El 62 por ciento de las mujeres tiene la fantasía de ser violadas y al mismo tiempo salen a la calle a protestar». El parlamentario republicano, partido de extrema derecha chileno y de férreos lazos con el grupo político de Jair Bolsonaro, presidente en ejercicio de Brasil y recientemente derrotado en su intento de reelegirse, también cuestionó el derecho a voto del que gozan las mujeres en Chile desde 1949: «Es una especie de esquizofrenia. Las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo a los inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente y tú te preguntas si el derecho a voto para ellas fue una buena idea».

Kaiser se permitió otro paso más. «Esas feministas que aparecen ahora diciendo haber sido violadas y no denunciaron a tiempo a sus agresores son cómplices de violaciones que estos pudieron perpetrar, gracias a su silencio», afirmó. Y abrochó diciendo: «Ya casi no quedan mujeres que quieran quedarse en la casa para servir y dar placer al marido, y para mantener a una ‘weona’ empoderada prefiero volverme maricón».

Otro hito lo marcó a fines de septiembre pasado también un parlamentario del Partido Republicano. Poco después que en Estados Unidos se diera un paso clave para derogar el derecho al aborto legal, el también diputado del Partido Republicano, Cristóbal Urruticoechea, junto a su compañero de partido Harry Jurgensen, presentaron un proyecto de ley que intenta derogar dos de las tres causales del aborto vigentes: salvar la vida de la madre, inviabilidad fetal o violación. Una ley que solo se pudo aprobar en agosto de 2017, tras una ardua batalla de organizaciones feministas. El proyecto de Urruticoechea y Jurgensen busca además castigar a la mujer que se practique un aborto con entre 5 y 10 años de cárcel.

Al presentar el proyecto de ley, Urruticoechea, afirmó: «Una mujer que ha sido violada y aborta no se ‘desviola’ ni física ni moralmente». Quiso, además, colocar un enorme signo de interrogación sobre las mujeres que se hacen abortos aduciendo que fueron violadas (una de las tres causales del aborto legal), y lo que reveló fue su completo desconocimiento de cómo funciona el sistema reproductivo: «Tiene que ser una violación reiterada para que una mujer quede embarazada».

Tras la indignación que provocaron sus dichos, fue una mujer, la presidente del Partido Republicano, Ruth Hurtado, quien salió en su defensa: «Yo a los 14 años fui violada, pero un asesinato de ese ser inocente… si yo hubiera, por ejemplo, quedado embarazada, probablemente no me hubiera hecho borrar todo lo traumático, lo difícil, lo doloroso que es pasar por una violación. Lo que el diputado Urruticoechea señala es cierto: un aborto no va a ‘desviolar’ a una mujer, lo aberrante y lo traumático que uno vive en situaciones así, sobre todo cuando eres niña. La verdad es que matar a un inocente tampoco lo va a borrar».

Hubo mucha réplica. Una de ellas, provino de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Tras una agresión sexual, dijo, a una mujer «no se le ‘desviola», sino que se le brinda atención de urgencia en un servicio de salud en donde se le provee de los primeros auxilios y la profilaxis, se impide que se le contagie una infección, y además, se la provee de la pastilla del día después. Y agregó: «Luego de eso se inicia un proceso no de ‘desviolación’, sino de reparación: se atiende, se repara y se busca justicia». Orellana concluyó: «Si se cumpliera esa ley que están proponiendo estos dos diputados republicanos, las 20 niñas menores de 14 años que desde el año 2017 han interrumpido voluntariamente su embarazo producto de violación, arriesgarían penas de hasta 10 años de cárcel. Para eso, como gobierno, no estamos disponibles».

Dichos similares a los de Urruticoechea se han escuchado en Brasil en boca de Silas Malafaia, pastor de la Asamblea de Dios, la mayor congregación evangélica de ese país, quien ha prestado decidido apoyo al presidente en ejercicio Jair Bolsonaro para su fallida campaña por su reelección. «Peor que la violación es el asesinato», dijo, aludiendo explícitamente al aborto que le fue practicado a una niña de 10 años que fue violada.

Esta ofensiva contra el aborto y las mujeres «liberales», ha buscado guarecerse bajo el paraguas de que todo ello obedece a una supuesta ideología de género transnacional que, según sectores de ultraderecha, busca destruir la familia, relativiza el matrimonio entre un hombre y una mujer y pone en jaque la masculinidad. La dominación masculina. Una actitud que también asumió la defensa del que fuera jefe de Carabineros, durante el estallido social, el general Mario Rozas, hoy en retiro. La justicia investiga su presunta responsabilidad de mando por los delitos de omisión en los casos de tortura y tratos aberrantes que miembros de Carabineros perpetraron en forma reiterada y en todo el país entre el 18 de octubre de 2019 y marzo de 2020. Quien dirige la investigación en el Ministerio Público es uno de los fiscales más brillantes de esa institución: Ximena Chong. Pues bien, los abogados que dirigen la defensa del general (r) Rozas pidieron marginar a Chong de la investigación. ¿La razón? La fiscal no da garantías de imparcialidad pues forma parte de la Asociación de Abogadas Feministas.


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Esta ofensiva de negación o relativización de la violencia de la que son objeto mujeres, en donde se busca recuperar la autoridad patriarcal, lamentablemente también tiene su corolario en la impunidad de la que gozan en Chile los abusadores de menores. De los más vulnerables incluso, aquellos que están bajo la protección del Estado, por haber sido abusados o abandonados y que arrastran una historia de carencias y traumas. La prueba de ello es la sentencia histórica que acaba de emanar de un tribunal de Valparaíso en Chile, por los delitos de estupro, explotación sexual y violación de una menor de 14 años. Por primera vez castiga con 17 años de cárcel a Daniel Cerda Bustos (la fiscalía pedía 57 años de cárcel), líder de una red de prostitución infantil de niñas del Servicio Nacional de Menores (Sename, institución del Estado que garantiza a los niños abusados o abandonados protección y derecho a la vida).

Todo ocurrió entre 2018 y 2020 con niñas que habitaban la residencia Anita Cruchaga, de Viña del Mar. Recorrer las páginas de ese expediente estremece. No solo porque la primera querella presentada en 2018 no prosperó a pesar de las innumerables pruebas que existían del abuso y explotación sexual al que eran sometidas en permanencia las pequeñas. También por la mala preparación de fiscalías y policías frente a niñas abusadas que eran tratadas como si hubieran aceptado su explotación sexual como una decisión voluntaria, a partir de una situación de normalidad y con un dejo de inmoralidad.

El impacto de ese mundo sórdido y que operaba a la luz del día, también sacudió al equipo de periodistas de Televisión Nacional que investigó los abusos y que resultaron ganadores del Premio de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado de Chile con su reportaje «Depredadores al acecho, explotación sexual en la puerta de un hogar de niñas». El testimonio de la periodista Patricia Berti en una de las mesas del último Festival Gabo remeció. El mismo sacudón tuvo la audiencia del Festival con otra historia de niños vulnerables abandonados también por el Estado: el reportaje ganador de la categoría Cobertura «No fue el fuego», de Agencia Ocote, que relata el incendio que devoró el Hogar Seguro en Guatemala.

En el caso de Chile, es el primer fallo en cuanto a dimensión del castigo y de sus víctimas: niñas de un hogar del Sename que, a cambio de ropa, maquillaje, drogas, fiestas, dinero o simplemente algo de cariño fueron explotadas para comercio sexual.

Si uno mira lo que ha ido pasando en el país en este ámbito, te das cuenta que es un fallo inédito, manda una señal a todo el sistema de depredación de que aquí vienen condenas duras y serias, por lo que siente un precedente importante. Es la primera señal de que este ya no es un terreno de abuso e impunidad, lo que históricamente ha sido, en parte por la tipificación histórica, muy difícil de probar, pero, además, por una actitud negligente, desinteresada, poco profesional del sistema (Paulo Egenau, director social del Hogar de Cristo, entidad a cargo de esa residencia del Sename).

En carta al diario El Mercurio (30 de octubre 2022), Egenau explicó por qué sus denuncias no fueron acogidas: «Este delito históricamente se ha abordado desde el prejuicio y el machismo, propios de una estructura patriarcal que lo contamina todo. Años atrás, la mayoría de estos explotadores de niñas, niños y adolescentes quedaban en la impunidad total, por lo que es un grandísimo avance en el reconocimiento de un delito que hasta hace poco ni siquiera se nombraba por su nombre: explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, mal llamado antes ‘prostitución infantil’ o ‘facilitación para la prostitución’, conceptos que tendían a que el sistema de justicia estigmatizara y responsabilizara por sus conductas a las víctimas, asimilando sus casos al del comercio sexual adulto».

El difícil camino de la justicia para ciertos delitos, incluidos crímenes, de los que son víctimas los más vulnerables, es a lo que apunta el director social del Hogar de Cristo. Un dato. El abogado Rodrigo Bustos, director de Amnistía Internacional en Chile y quien fuera director jurídico del Instituto Nacional de Derechos Humanos durante el estallido, cumpliendo una extraordinaria labor, informó de un balance que hace eco:  hasta ahora solo el 0,01% de las denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidas durante ese periodo ha terminado en sentencia condenatoria. De 10.813 denuncias solo 16 han tenido condenas, según información proporcionada por el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Una realidad que refiere directamente al estándar de verosimilitud exigido para los casos de abuso sexual. Una arista que la destacada académica chilena Yanira Zúñiga identifica cuando se refiere al desconocimiento que se quiere hacer ahora de los abusos sexuales cometidos por policías durante el estallido social. «Si a diario se adoptan decisiones públicas fundadas en estadísticas de denuncias, no de condenas, ¿qué genera esta reacción tan destemplada? Sin duda, una disputa sobre el significado de la revuelta, pero hay más: aquello que hace que la violencia sexual esté sujeta a mandato de silencio, tabú, tiene incidencia».

Zúñiga nos entrega otro antecedente: «En los años 90, la jurisprudencia penal internacional reconoció la violencia sexual no solo para satisfacer la libido individual, sino también como una herramienta de control. Esa capacidad de afectar la dignidad humana ha sido históricamente usada como arma en conflictos armados y convulsiones sociales».

Marina lo sabe bien. Ella fue secuestrada por agentes de la policía secreta de Pinochet a mediados de los años 80. Con los ojos vendados y maniatada fue llevada hasta un recinto donde fue violada por un grupo de sujetos que se turnaron. Nunca denunció. Ella es una mujer profesional y con personalidad. ¿Por qué entonces el silencio? 

Cuando me dejaron tirada en un piso sucio y maloliente y convertida en un guiñapo, entendí que eso era precisamente lo que ellos querían: anularme como luchadora, como mujer con autonomía, capacidad crítica y de organizarme con otros para terminar con el régimen. De irradiar confianza. Esperanza. Si denunciaba en la justicia, no habría acogida ni proceso; sería estigmatizada. Nadie investigaría. Sería incluso motivo de sorna o sindicada como «la pobrecita», «qué triste lo que le ocurrió». Eso no lo podía permitir.

Para Alicia, en cambio, todo ha sido distinto. Era estudiante de secundaria y tenía solo 15 años cuando durante el estallido fue detenida y violada por un grupo de cuatro policías en Santiago. Solo tres participaron en la violación. El cuarto observó. Alicia no quiso denunciar. Tuvo terror. A todo. Ni su madre ni sus hermanos saben lo ocurrido. Vivió un infierno ante la angustia de haber quedado embarazada. No ocurrió. De a poco recuperó alegría y confianza. Creyó haber superado el día en que se le partió la vida en dos. Pero los dichos del diputado Cristián Urriticoechea —«una mujer que ha sido violada y aborta no se ‘desviola’ ni física ni moralmente»— y la negación de los abusos sexuales durante el estallido de las cuatro diputadas UDI y su llamado a que el presidente Boric le pidiera perdón a la policía, la hicieron revivir paso a paso su historia.

Combatir con ética el negacionismo que persiste en nuestras estructurales patriarcales desde el periodismo no solo es un acto de justicia y de reparación con miles de mujeres que han guardado absoluto silencio de un hito en sus vidas que las cambió. Es aportar a eliminar una violencia que busca despedazar la integridad y la columna vertebral en la que se construye la dignidad y el respeto. Hacer presión para que cambien protocolos policiales y judiciales, que el enfoque de género impregne la jurisprudencia de los tribunales de cada uno de nuestros países, ayuda a romper el silencio, el abuso. La impunidad. El círculo de la violencia.

Guardar silencio frente a los negacionistas es violentar la ética primaria de buscar la verdad y contarla, es ser cómplice de un machismo que se disfraza para recuperar el poder de decidir sobre nuestros cuerpos, nuestro derecho al amor y, finalmente, de nuestro derecho a la vida.