Cine: “Argentina, 1985”

«La película nos plantea al menos dos cuestiones de fondo: que es el Derecho el único instrumento para resolver pacíficamente los conflictos sociales, y jamás las acciones que involucran el uso de la violencia; y que, aunque la historia no se puede cambiar, nunca debemos dejar de recordar estas traumáticas situaciones, para el mejor fortalecimiento de la democracia y la más sólida formación de otras generaciones que no las vivieron.»

 
 
Desde Argentina para el mundo llega en estos días una película excepcional, desde el lugar que se la observe y asimile. Su producción (dirigida por Santiago Mitre), su guión y el nivel de sus actuaciones (Ricardo Darín, Peter Lanzani) son propios del avanzado desarrollo cultural que en ese país tienen en el cine y otras expresiones de la creación y el arte. Al retratar parte del llamado «Juicio a las Juntas», y en particular la labor del fiscal Julio Strassera (1933-2015), Argentina, 1985 plantea una problemática histórica, presente y lastimosamente de futuro, cual es la de la violencia instalada en el ser humano, ya sea para proteger su sobrevivencia natural como para administrar el poder contra otros (y no en favor de otros).

Cuando aquella violencia se arraiga al corazón de las instituciones uniformadas cuando estas,  en distintas partes, se han tomado el gobierno y con ello el Estado, la ecuación termina por ser temible; como igual sucede cuando lo hace un civil, con el apoyo armado de quienes poseen las armas. Aquello consta en todos los lugares en que esto se produjo en Latinoamérica en los tiempos aludidos en el filme, pero es algo que hoy observamos también en la actualidad en, por citar algunos, Rusia, Nicaragua, Venezuela, etc. 

Argentina, 1985 nos recuerda el horroroso alcance del llamado «Proceso de Reorganización Nacional» encabezado por la milicia argentina del general Jorge Rafael Videla y otros acompañantes castrenses. Aquello permitió la ejecución y exterminio por terrorismo de Estado de más de 30.000 personas, entre el Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y diciembre de 1983, cuando el gobierno lo asume democráticamente Raúl Alfonsín.

En el entorno represivo de aquel entonces en Argentina, y para marcar una pauta del gobierno en ejercicio, el general de brigada Ibérico Manuel Saint-Jean, gobernador de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura, señaló textual y públicamente el día 25 de mayo de 1977, y conforme consta, lo siguiente: 

«Primero vamos a matar a todos los subversivos, después a sus colaboradores, después a los simpatizantes, después a los indiferentes y, por último, a los tímidos.»

Recordemos también las expresiones del propio general Jorge Rafael Videla, quien en su convicción política y humana más íntima, profirió desde Montevideo en 1976 que: 

«En Argentina tendrá que morir la gente que sea necesaria para que se retome la paz». 

Así, fueron épocas de persecución, terror e infinita tristeza para generaciones completas, cuyas consecuencias aún persisten en sus efectos. En Chile, aún existen más de 1.200 personas desaparecidas, como estela de una dictadura (1973-1990) que tuvo casi 40.000 prisioneros políticos y torturados, además de 400.000 chilenos en el exilio. Son las cifras más aproximadas desde que se tienen mediciones, pero debe considerarse que existen compatriotas no considerados, a quienes asistía la convicción de que no debían entregar detalles de su situación personal por el riesgo que implicaba quedar en algún tipo de lista o registro, en caso de repetirse una coyuntura similar. 

Hasta hoy se mantienen más de mil juicios en curso por delitos asociados a la violación de derechos humanos durante el período. Tanto en Chile como en Argentina, Uruguay, Paraguay Brasil y Bolivia se han recogido declaraciones que demuestran que a los represores los asistía la convicción de que combatían a culpables de delitos que justificaban sus criterios de autoridad de facto y las respectivas detenciones.

Sin embargo, la pregunta fluye por sí sola: incluso de haber sido esas víctimas de tortura, exterminio y desaparición responsables de los delitos descritos, ¿por qué no se les enjuició y condenó dentro de un debido proceso? Como no hay respuesta, lo sucedido durante la ola de dictaduras en el Cono Sur demuestra que nunca existió un fin último de supuesta pacificación social, sino más bien un paso hacia la perversidad, de parte de uniformados y civiles que accedieron a ejercer la guerra contra sus propias sociedades bajo su mando de facto.

Obsérvese además que el financiamiento para dichos fines lo extractaban del mismo Estado, y con ello de las personas quienes, vía pago de impuestos y otras obligaciones, les permitían financiar así sus propias necesidades de sobrevivencia personal, familiar e institucional. 
 
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Tal locura de fines del siglo pasado marcó nuestras historias de tradiciones políticas en el continente, no siempre pacíficas tampoco, pero jamás en estos niveles de exterminio. Tampoco Chile y Uruguay, tradicionales democracias sólidas y dialogantes, quedaron al margen de estas delirantes acciones. 

En nuestro país existieron por ello comisiones de verdad histórica y reparación, precisamente para calificar según los casos a los ejecutados políticos y desaparecidos (Comisión Rettig) y luego a los prisioneros políticos y torturados (Comisión Valech) En Argentina, las fuerzas de las agrupaciones de familiares de víctimas fueron vitales para buscar y avanzar, y por eso el filme cita con el respeto que merecen a las llamadas Abuelas de Plaza de Mayo, quienes hasta hoy buscan recuperar a sus nietos y nietas sustraídos cuando se llevaron a sus padres o madres, incluso con embarazos en gestación. Son más de cien los menores de entonces recuperados a la fecha, lo cual conmueve y no le es ajeno a la película Argentina, 1985. Respetos máximos para todas aquellas ancianas mujeres que persisten en su objetivo, encabezadas por la digna señora Estela Carlotto. 

En Chile la agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos merecen igual respeto, atendido que fueron uno de los sostenes permanentes —junto con el Comité Pro Paz (luego, Vicaría de la Solidaridad) y personales profesionales— al servicio de una causa determinante para avanzar hasta hoy en Verdad y Justicia, restando mucho aún por avanzar. En Argentina hay más de mil condenados por delitos contra los derechos humanos al amparo de la dictadura, y también entre nosotros, como consecuencia de juicios y condenas según participaciones y mandos, permanecen en la cárcel preferentemente agentes y mayores jerárquicos de la DINA y la CNI. 
 
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Pero los delitos de lesa humanidad del ayer no son una etapa superada por el tiempo, por cuanto aún se consuman en países preferentemente dictatoriales. Los involucrados deben someterse a una persecución no prescriptible, como sucede con antiguos jerarcas nazi que incluso a una edad avanzada han sido investigados y sancionados por su acción contra el pueblo judío.

Se trata de una persistencia de la Justicia plenamente justificada, acorde tanto a la organización interna de cada país, como a los protocolos de organismos internacionales centrados en derechos humanos con el fin de promover, proteger, y perseguir judicialmente a los países y gobernantes culpables y/o cómplices de estos delitos. 

La película Argentina, 1985 nos plantea al menos dos cuestiones de fondo: a) que es el Derecho el único instrumento para resolver pacíficamente los conflictos sociales, y jamás las acciones que involucran el uso de la violencia; y b) que, aunque la historia no se puede cambiar, nunca debemos dejar de recordar estas traumáticas situaciones, para el mejor fortalecimiento de la democracia y la más sólida formación de otras generaciones que no las vivieron.

Una política seria y responsable de carácter partidista o social, e incluso aquella que dirige el mundo empresarial, debe necesariamente ponerse del lado de la protección de las personas, así como decididamente también denunciar todo acto contra ellas, incluyendo aquellos que ejecutan civiles por afanes propios o delictivos. 

Gracias al cine trasandino por Argentina, 1985 y sus soberbias actuaciones, que realizan una contribución más a la paz y a las víctimas del exterminio en todo el mundo: hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas (incluidas guaguas), sin diferencias de géneros, razas, estirpes y condiciones. Espero sinceramente que sea una obra que vean incluso quienes, sin haber sido parte activa de las dictaduras referidas, las apoyaron con entusiasmo o simplemente guardaron silencio sobre sus fechorías; aquellos «cómplices pasivos» que en su momento identificó el ex presidente Sebastián Piñera.