CARTAS: Reforma a Carabineros y responsabilidad de altos mandos

Señor director:

A tres años del estallido social reconocemos, como Amnistía Internacional-Chile, los esfuerzos del actual gobierno en materia de reparación y de reactivación del trabajo sobre reforma de las policías. Pese a ello, vemos con preocupación la ratificación de Ricardo Yañez como general director de Carabineros y el mantenimiento de otros altos mandos en la institución. Cualquier persona que en octubre de 2019 y los meses sucesivos muestre evidencia de haber ordenado o tolerado la violación generalizada de derechos humanos debería ser retirada de su cargo hasta que se deslinde judicialmente su responsabilidad, más aún si se pretende avanzar en una reforma seria a las policías.

En el ámbito judicial, hemos valorado la reciente sentencia en contra del ex oficial de Carabineros que causó la mutilación ocular y dejó sin gusto ni olfato a Fabiola Campillai. Sin dudas, esto es una buena noticia, pero lamentamos decir que el panorama sigue siendo de mucha impunidad. En efecto, a la fecha, las cifras de la justicia son preocupantes: sólo se registran 16 condenas (equivalentes a aproximadamente un 0,1% de los casos), 130 casos formalizados y 206 personas imputadas.

Desde Amnistía Internacional hemos planteado en el documento “Responsabilidad penal por omisión de los mandos con ocasión de los crímenes cometidos durante el estallido social”, que los medios y técnicas instauradas al interior de Carabineros posibilitaron, promovieron o toleraron el uso excesivo de la fuerza durante las protestas masivas. Asimismo, el informe “Ojos sobre Chile” concluyó que funcionarios de Carabineros no solo hicieron uso excesivo de la fuerza, sino que habrían infligido dolores o sufrimientos deliberados a manifestantes, con la intención de causar sufrimiento o sabiendo que podían causarlo.

Tanto los mandos operativos como los mandos estratégicos de Carabineros de Chile habrían tenido conocimiento de la forma en la que sus subordinados estaban operando día a día, y a su vez, el tipo de lesiones que estaban provocando a través de canales externos. En efecto, el Ministerio del Interior proporcionó a Amnistía Internacional una lista de instrucciones escritas emitidas por los mandos estratégicos en el contexto de la crisis, durante el período entre el 20 de octubre y el 17 de noviembre. En esas órdenes similares e imprecisas, los mandos se limitaban a reiterar la importancia de los protocolos, a sabiendas que no eran suficientes para contrarrestar el comportamiento violatorio de los derechos humanos de los oficiales bajo su mando, y no dieron órdenes escritas encaminadas a modificar ese actuar. En ese contexto, no dejaremos de reiterar que la Fiscalía debe investigar toda la línea de mando, porque a la fecha, ningún alto mando estratégico ha sido formalizado por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el estallido social.

En el informe “Policías Bajo la Lupa: cinco claves para la supervisión y la rendición de cuentas de la policía en las Américas”, hemos desarrollado recomendaciones a ser consideradas. En primer lugar, que las policías deben contar con mecanismos independientes y efectivos de monitoreo de su actuar; segundo, que se establezcan mecanismos de participación significativa de la sociedad civil y organizaciones de víctimas; tercero, que se dicten protocolos apropiados para investigar abusos policiales; cuarto, que se aborde el actuar policial ilegal como un asunto estructural, y, por último, que se asegure la responsabilidad de los altos mandos y de nivel superior. También es necesario que se establezcan condiciones adecuadas de trabajo a quienes ejercen la función policial y que se avance aún más en la integración de los derechos humanos en la formación para lograr cambios sustantivos a mediano y largo plazo.

Las policías juegan un rol muy importante en la prevención de delitos y, por tanto, en evitar afectaciones a la integridad personal y otros derechos de las personas en el ámbito de la seguridad. Por consiguiente, este relevante rol debe cumplirse siempre con pleno apego a los derechos humanos.