La delincuencia puede poner en riesgo a la democracia

El combate de los delitos contra ciudadanos presenta actualmente en Chile una urgencia que está dada no sólo por su alza en frecuencia y peligrosidad, sino por circunstancias (pobreza, desempleo) que estadísticamente auguran todavía un mayor incremento. En columna para CIPER, recuerda un investigador especialista en la materia: «La lucha contra la delincuencia es hoy un problema político de primer orden, y no solo uno de seguridad ciudadana. Se puede estar poniendo en juego a la propia democracia. Por ello se hace urgente innovar […]. La delincuencia deja de ser un fenómeno normal cuando los ciudadanos están dispuestos a sacrificar sus libertades públicas y derechos en aras de la seguridad.»

La delincuencia en Chile ha adoptado patrones anormales (I), cuestión que, además de una crisis de seguridad, constituye potencialmente una crisis de la democracia (II). Lo anterior torna urgente la innovación en los modos de atacarla y, para ello, la participación de las ciencias sociales (III). La movilización de la inteligencia disponible en la sociedad puede superar dicha crisis, según exponemos en los puntos a continuación.

I. MÁS ALLÁ DE LA NORMALIDAD

La delincuencia no es un fenómeno externo a la sociedad, sino que parte de ella. El padre de la sociología francesa, Émile Durkheim, escribió que, al igual que el suicidio, la delincuencia es un fenómeno normal. Tiene razón en el sentido estadístico de que no hay sociedades sin delincuencia. Es cierto, además, que si se mantiene bajo ciertos parámetros esta contribuye a definir e incluso a reforzar los límites morales y normativos de la sociedad. Por lo mismo, instituciones como las policías cumplen un rol necesario e irremplazable, y gozan de una base objetiva de legitimidad; es decir, de una legitimidad que se sustenta con independencia de los vaivenes de la opinión pública.

Todo ello, obviamente no quiere decir que haya que conformarse fatalistamente con la delincuencia, sino que quien crea que puede exterminarla completamente y para siempre está equivocado. Lo posible es mantenerla bajo ciertos parámetros normales.

El punto es, entonces, ¿Cuándo la delincuencia escapa de niveles normales y se inscribe dentro de parámetros patológicos? Las estadísticas pueden ayudar, pero todo indica que Chile se encuentra en este segundo escenario. Se deja el perímetro de la normalidad cuando se sobrepasan las capacidades de contención de los sistemas represivos y judiciales, al punto de que autoridades indiquen que la delincuencia tiene en jaque al Estado de Derecho; o cuando una sociedad se ve embargada por el miedo y la delincuencia, convirtiéndose la violencia en su principal preocupación. Cuando parte importante de la población se vuelve víctima, al limitar sus libertades restringiendo su accionar cotidiano a determinados lugares y horarios por temor a una delincuencia ubicua. Cuando, por lo mismo, se comienzan a vaciar ciertos espacios públicos y la vida nocturna.

En Chile, lo nuevo no parece ser tanto el número de delitos, ni siquiera el tipo, sino que fundamentalmente el que la vida humana haya perdido valor y se ponga potencialmente en juego con cada vez más frecuencia. La delincuencia deja de ser un fenómeno normal cuando los ciudadanos están dispuestos a sacrificar sus libertades públicas y derechos en aras de la seguridad.

II. UN PELIGRO PARA LA DEMOCRACIA

Es una correlación archiconocida que los índices de pobreza y desempleo se correlacionan con los de delincuencia. La crisis económica y su empeoramiento debiese traducirse hacia 2023, por lo mismo, en un aumento aún mayor de la delincuencia. ¿Se está anticipando este escenario, o solo reaccionado a los pasado y actuales?

Los gobiernos tienen responsabilidad no solo de reaccionar, sino también de anticiparse a estos desarrollos patológicos. Más aún, se hacen responsables de empeorar la situación si repiten las mismas estrategias, en un ejercicio que se vuelve ritual e inefectivo, pues genera la impotencia de haber hecho «todo lo posible» sin verdadero impacto ni resultados positivos. Ese es el peor de los escenarios posibles.

En países como El Salvador, Filipinas o Brasil se han propuesto soluciones, ampliamente populares, que van más allá de los límites del Estado democrático de Derecho y el respeto de los derechos humanos. Cuando la delincuencia se siente como un fenómeno cotidiano insoportable, y emergen líderes como Bukele, Duarte o Bolsonaro, entonces las elecciones presidenciales comienzan a tornarse referendos constitucionales encubiertos, pues se decide sobre el funcionamiento de las instituciones y sus límites frente a las libertades ciudadanas, sus equilibrios, sistemas de control y el respeto de los derechos humanos. Los propios defensores de las instituciones democráticas y los derechos humanos son señalados, en tal escenario, como parte del problema y enemigos de la sociedad.

Esta vía antidemocrática puede estar creciendo a nuestras espaldas, al mismo tiempo que la delincuencia y sensación de inseguridad vivida por los ciudadanos. De ser así, la lucha contra la delincuencia es hoy un problema político de primer orden, y no solo uno de seguridad ciudadana. Se puede estar poniendo en juego a la propia democracia. Por ello se hace urgente innovar, pero dentro de los márgenes de la democracia y los derechos humanos.

III. LA URGENCIA DE INNOVAR

Cuando las políticas públicas no están teniendo los resultados esperados y se enfrentan escenarios de crisis de seguridad y de potencial peligro antidemocrático, la innovación se vuelve obligatoria. Ello supone mayor y mejor conocimiento sobre el fenómeno y cambios de enfoque sobre este, cuestiones que convocan la colaboración de las ciencias sociales.

En primer lugar, poco se discute y se sabe sobre de dónde viene esta crisis. ¿Está asociada al estallido social, o a sus causas? ¿Acaso a la pandemia? (ello, por mencionar los hechos históricos recientes más relevantes). Hasta ahora se entiende la crisis de seguridad casi como si se tratase de una catástrofe natural, que se sufre desconociendo o teniendo nociones imprecisas y vagas sobre su origen. Se la mide y cuantifica tanto en sus datos objetivos, como en la percepción ciudadana (victimización), pero poco más que eso. Cabe esperar en el futuro inmediato que los efectos de la crisis en términos de pobreza y desempleo empeoren los índices de delincuencia.

Se pueden analizar hipótesis más complejas. François Dubet ha mostrado que la masificación de la educación superior no solo ha tenido consecuencias positivas, sino que también ha generado rabia y frustración pues las expectativas meritocráticas y la promesa de movilidad que ésta genera no llegan a una parte importante de adultos jóvenes en muchos países. En Chile, este fenómeno se ha asociado a las causas del malestar tras el estallido social de octubre de 2019. Pero ello es solo una de las formas posibles en que puede manifestarse esa frustración social. Es un hecho que países que han masificado la educación, entre ellos Chile, no se cuentan entre los que tienen menores índices de delincuencia. Estas son hipótesis (y un ejemplo) sobre posibles causas estructurales de la crisis de seguridad actual, de las que poco se habla.

Menos se han estudiado los efectos de la pandemia sobre la delincuencia. ¿Cómo mutaron y se reinventaron las organizaciones criminales en ese contexto altamente restrictivo de la circulación económica y no económica?; ¿a qué ámbito desplazaron sus actividades y capitales los delincuentes?; ¿aumentó la violencia al estrecharse las posibilidades del mercado criminal?

En todo caso, hay toda una economía criminal cuyas huellas son poco estudiadas, de gran escala y dinámica adaptada a la de la sociedad, y que entra y sale de la economía formal. Cabe esperar que, como efecto de la pandemia, mucha actividad delictual se haya desplazado al terreno de los fraudes online de todo tipo (ciberdelincuencia), terreno ya pavimentado por la poca conciencia del riesgo digital asociada a la exposición de datos. No sólo las redes sociales, sino que el modelo de financiamiento de la publicidad —con recurso a las bases de datos de los ciudadanos y sus conductas en la red— ha generado un espacio para fraudes y delitos, que los delincuentes han sabido aprovechar, como quien aprovecha un nicho de mercado. La delincuencia evoluciona y se adapta parasitariamente a la dinámica y a los procesos sociales; en particular, a aquellos económicos, legislativos y tecnológicos, así como la interacción entre ellos.

Además de más y mejor conocimiento sociológico, es clave un cambio de enfoque en la investigación criminal. Este supone entender que se está frente a un fenómeno a varias escalas, que va desde lo micro hasta lo macro, desde lo más espontáneo a lo más organizado, desde lo local a lo global y desde lo circunstancial a organizaciones que permanece en el tiempo y que mutan de acuerdo con la propia dinámica de la sociedad. Enfocando así la complejidad multinivel de la delincuencia, resulta insuficiente e inefectivo atacarla exclusivamente en su expresión individual (micro, circunstancial), en vez de dedicar la mayor cantidad de recursos a las redes y vínculos de organizaciones macro que hacen posible y sostienen el hecho delictivo particular (el que vemos en los matinales). Cuando hay una cañería rota no es útil ni efectivo intentar secar cada gota que se filtra. Los hechos individuales son claves como información en todo caso. La tarea es estudiarlos y clasificarlos; inscribirlos dentro de un esquema y patrones de operación; escalarlos en las redes que los sostienen y seguir sus lógicas (e idealmente adelantarse a ellas); cortarles las vías de circulación financiera y sus modos de reintroducción en el circuito económico legal; destruir las bases de la legitimidad social y el amparo del que gozan las bandas criminales en los territorios.

Todo ello y más constituye un espacio de innovación que hoy, dicho esto en general, está siendo poco aprovechado.

Los gobiernos pueden poner recursos y energía, «hacer lo posible», en la persecución («como perros») de la delincuencia, pero si se insiste en caminos y modos de acción que no han mostrado resultados reales hasta ahora, esa energía puede generar la sensación de impotencia política, cuestión que configura el peor de los escenarios posibles. Con el apoyo de las ciencias sociales y de los centros especializados en la materia es necesario abrir un espacio de innovación. Nada más urgente.